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Corrupción, narcotráfico, encuestas y punteros: 4 claves para entender la elección presidencial en Guatemala
La candidata socialdemócrata Sandra Torres, del partido UNE, y el conservador Alejandro Giammattei, de Vamos, se perfilan como los favoritos para llegar a la segunda vuelta.
Una exprimera dama y un exfuncionario del sistema penitenciario se perfilan como los dos candidatos con mayores posibilidades de medirse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala, país que este 16 de junio celebrará comicios para renovar el Congreso y 340 municipios.
Una elección donde la intervención del narcotráfico y la omisión sobre el futuro de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) —un organismo independiente creado en colaboración con Naciones Unidas para combatir la corrupción— son dos factores clave en lo que va del proceso electoral.
Lo que dicen las encuestas
Las elecciones presidenciales serán disputadas por 19 candidatos, de los cuales, al menos los cinco primeros cuentan con posibilidades reales de acceder a una segunda vuelta, prevista para el 11 de agosto, en caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos. Un escenario que resulta muy probable según datos recientes.
De acuerdo con una encuesta del periódico Prensa Libre, publicada el 12 de junio, 48 % de los guatemaltecos no había decidido su voto.
Pese a ello, la candidata socialdemócrata Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), encabeza las preferencias con 20,2% de la intención de voto, seguida del derechista Alejandro Giammattei, del partido Vamos, con 14,4%.
Luego siguen, en un empate técnico, Emond Mulet (Humanista) con 8,5 %; Roberto Arzú (PAN-Podemos), con 8 %; y Thelma Cabrera del (MLP), con 7,6 %.
En busca de revancha
La favorita en las encuestas es Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom, quien gobernó Guatemala entre 2007 y 2011.
A sus 63 años de edad es fundadora del partido UNE, con un perfil socialdemócrata y cristiano. Su popularidad en Guatemala vino acompañada de un impulso a los programas sociales implementados durante el periodo presidencial de su exesposo, lo que le valió el rechazo de buena parte del sector empresarial.
Al finalizar el periodo de Colom, intentó postularse como candidata presidencial, aspiración que fue prohibida por un tribunal, debido a que la Constitución guatemalteca impide que el cónyuge de un mandatario se postule para ese mismo cargo. En 2011, Torres y Colom se divorciaron.
En 2015, la empresaria textilera se convirtió en la primera mujer de su país en llegar a la segunda vuelta de las presidenciales, en la que fue derrotada por el actual presidente, Jimmy Morales.
Sobre Torres pesa un expediente ante la CICIG por presunto financiamiento ilícito durante su campaña presidencial de 2015, pero la inmunidad con la que cuentan los candidatos en Guatemala ha impedido que la acusación prospere en tribunales.
¿La cuarta es la vencida?
En su cuarto proceso presidencial, el cirujano Alejandro Giammattei, del partido conservador Vamos, está más cerca que nunca de alcanzar la segunda vuelta de los comicios.
Con 63 años de edad, Giammattei es conocido por haber dirigido el sistema penitenciario guatemalteco entre 2005 y 2007. Durante su gestión, siete reos fallecieron dentro de una cárcel, razón por que fue aprehendido en agosto del 2010, acusado de abuso de autoridad, asesinato y ejecución extrajudicial.
Pese a las acusaciones, salió en libertad después de 10 meses después sin ser enjuiciado. Entre sus propuestas destaca crear un "muro de inversión" para frenar la migración de Guatemala hacia México y EE.UU.
Alianzas clave
A pesar de que los demás aspirantes cuentan con menos posibilidades de llegar a una segunda vuelta, el resultado que obtengan en la jornada electoral de este domingo será un factor crucial para forjar alianzas con los dos candidatos que se midan en al ronda final.
Entre estos candidatos se encuentra Roberto Arzú, del partido conservador PAN–Podemos. Es hijo del expresidente Álvaro Arzú y compite por primera vez en busca de la presidencia, a pesar de su ausencia de trayectoria política y cercanía con el actual presidente Jimmy Morales, quien culmina su mandato con bajos niveles de aprobación.
También se encuentra el diplomático Edmon Mulet, quien se desempeñó como Jefe de Gabinete de la Secretaría General de las Naciones Unidas, entre 2015 y 2016, y cuenta con una larga trayectoria como diputado.
Otra destacada participante es Thelma Cabrera, la candidata indígena abanderada del del Movimiento para Liberación de los Pueblo (MLP), que ha propuesto convocar a una asamblea constituyente para reivindicar las demandas de los pueblos originarios guatemaltecos.
¿Combate a la corrupción?
Un dato que llama la atención es la manera en que los candidatos punteros prácticamente han omitido hablar sobre la posible continuidad de la CICIG, ente que con el apoyo de Naciones Unidas, entró en vigor en 2007 para investigar casos de corrupción y desmantelar redes criminales.
A pesar de que en los últimos años la organización se ha convertido en un referente para develar y documentar grandes casos de corrupción, su futuro luce incierto a pesar de contar con el apoyo del 72% de los guatemaltecos.
De ahí que el anuncio sobre la desaparición de la CICIG, realizado por el presidente Morales en agosto de 2018, generó una oleada de protestas en Guatemala.
Morales decidió, de forma unilateral, dar por terminado el mandato de la CICIG, que seguirá en funciones hasta el 3 de septiembre de este año. Tanto Torres como Giammatei han sido investigados por ese organismo.
Vínculos con el narcotráfico
Otra de las preocupaciones en torno al proceso electoral es el grado de infiltración de los grupos del crimen organizado en la política guatemalteca.
Durante las campañas, el candidato presidencial Mario Estrada y el postulante a diputado Julio José Rosales fueron detenidos y acusados de vínculos con el cártel de Sinaloa para obtener financiamiento electoral y traficar heroína.
El informe Financiamiento de la política en Guatemala 2015, elaborado por la CICIG, señala que las grandes sumas de dinero que se invertían en el proceso electoral provenían de organizaciones criminales, incluyendo el narcotráfico.
Manuel Hernández Borbolla
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