Desde la última década en México es cada vez más frecuente documentar muertes o heridos debido a balas perdidas. El 4 de mayo de 2010, Raúl Rojas Navas, de 46 años, murió tras ser blanco de las balas de un enfrentamiento entre elementos de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México y de la Policía Federal en calles de la delegación (hoy alcaldía) Magdalena Contreras.
Dos años después, Hendrik Cuacuas, de 10 años, murió tras ser alcanzado por una bala perdida que entró por el techo de un cine en la delegación Iztapalapa, donde el niño disfrutaba de una película a lado de su padre, el 2 de noviembre de 2012. Casi siete meses después, el 27 de mayo de 2013, una niña de ocho años falleció tras recibir un disparo en el costado izquierdo del tórax, cuando dos sujetos que viajaban en una motoneta dispararon contra un auto que los seguía.
Las tragedias a causa de las balas perdidas son noticias que se han vuelto cotidianas en los periódicos de América Latina y el Caribe en el transcurso de las últimas décadas, advierte el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) y destaca que México es el segundo país en la región con más casos de violencia armada por balas perdidas.
Este 2019, el país latinoamericano volvió a conmocionarse por las muertes de una bebé de siete meses, el pasado 19 de marzo, y la de Aideé Mendoza, una estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuando tomaba una clase de matemáticas, el pasado 29 de abril.
En al menos tres de los casos, las balas que causaron la muerte de las víctimas eran calibre .9 milímetros, reservado para el Ejército y la Policía, pero de fácil acceso en el mercado ilícito. Algo con lo que concuerda el UNLIREC al señalar que los casos de violencia armada por las también llamadas 'balas alegres' se deben a la "proliferación de armas pequeñas y municiones —combinada con una serie de variables institucionales, sociales y económicas— que ha dado lugar a niveles inaceptables de violencia armada en la región".
Según el 'NRA Firearms Fact Book', una bala .9 milímetros disparada por una pistola normal, en un ángulo de elevación de 45 grados, alcanzará el punto más alto de su trayectoria a 2.300 metros de distancia horizontal. A partir de entonces comenzaría a caer. Eso quiere decir que tocaría tierra a aproximadamente 5.000 metros de donde fue disparada.
América Latina y el Caribe concentran 27 % de todos los homicidios a nivel global —aunque la región solo concentra el 9% de la población mundial—, de los cuales 46 % son cometidos con armas de fuego.
"Con tales niveles de violencia armada aumenta la probabilidad de que algunas balas disparadas no impacten en el destino previsto y terminen hiriendo y matando a personas inocentes. Este fenómeno se conoce comúnmente como 'balas perdidas', aunque lamentablemente lo que en realidad se pierde son vidas", apunta el organismo en su estudio más reciente en 27 países de la región sobre el fenómeno, que aumentó 35 % en dos años (2014 y 2015) respecto al conteo anterior (2009-2013).
La investigación encontró más de un caso de bala perdida al día en la región.
En el caso mexicano, la proliferación de armas y municiones obedece a la ausencia de una política pública nacional enfocada en su tránsito o entrada al país, principalmente desde EE.UU., así como a la obsolescencia en la normatividad sobre la portación y uso, explica Antia Mendoza, especialista e investigadora en temas de seguridad, prevención y modelos victimológicos.
"A pesar de que México ha signado varios instrumentos internacionales respecto a las armas, no se han llevado a la práctica, ni los hemos concretado en políticas públicas. No habría balas perdidas si no hubiera el nivel de portación tenemos: hay un registro más alto de armas que de licencias para su uso", subraya la experta.
Se estima que siete de cada 10 armas usadas por el crimen en México provienen de EE.UU. Cifras de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) indican que, entre 2011 y 2016, al menos 106.000 armas fabricadas en aquel país estuvieron vinculadas con actividades delictivas en la nación latinoamericana.
De esa cifra, 74.200 fueron compradas legalmente en territorio estadounidense, pero cada año cerca de 213.000 armas de fuego son transportadas ilegalmente hacia territorio mexicano.
Controles laxos
Los controles sobre la producción y la venta de municiones son menos estrictos que los de las armas de fuego. Las balas tienden a ser menos 'marcadas' y reguladas, lo que hace más difícil su rastreo.
"En América Latina y el Caribe, las armas y la oferta, disponibilidad y proliferación constantes de municiones a todos los actores potenciales de violencia (...) provocan con más frecuencia homicidios en la región que en cualquier otra parte del mundo", señala al respecto la UNLIREC en otro informe publicado este año.
Entre 2004 y 2009, el promedio anual del comercio internacional de municiones para armas pequeñas fue de al menos 1.8 billones de dólares.
En México, apunta Mendoza, el Estado ha fallado en fomentar una cultura ciudadana de paz, que haga consciente a la sociedad, en todos niveles, de los riesgos que implica la portación de un arma.
Desde enero de este año, el Gobierno de Ciudad de México puso en marcha el programa 'Sí al desarme, sí a la paz', que contempla el canje de armas por dinero, llegando incluso a entregar 833 dólares por arma (16.000 pesos). La Administración local ha destinado un presupuesto de aproximadamente un millón de dólares (20 millones de pesos) para pagar a los ciudadanos por el arsenal que entreguen de manera voluntaria y anónima.
Del 21 de enero al 11 de junio, el programa ha recuperado y destruido 3.204 armas de fuego en 13 alcaldías, de las 16 que conforman la capital, pero de manera permanente en Iztapalapa, donde es común que en las celebraciones patronales la gente realice disparos al aire.
Al respecto, Mendoza enfatiza la importancia de diseñar una política pública consistente y permanente para concientizar a la ciudadanía sobre el uso y portación de armas y los riesgos que implica. "Es un trabajo de muchos sectores, no solamente de las instituciones de seguridad o los gobiernos, también deben involucrarse los medios de comunicación, las instituciones educativas, las familias, hasta la iniciativa privada, porque lo que están pasando no es menor, cada vez hay mayor incidencia de estos fenómenos".
La UNLIREC documentó 741 casos de violencia armada a causa de balas perdidas, con 826 víctimas en 25 países de América Latina y el Caribe, siendo México el segundo con más casos.
De acuerdo con el organismo, el mayor número de víctimas por los 'tiros alegres' son producto de violencia social, comunitaria o interpersonal, acciones del crimen organizado o festejos. A ello hay que sumar que los grupos delictivos pueden adquirir municiones por miles en el negocio impulsado por autoridades, responsables de armamento y 'stands' de tiro de corporaciones oficiales.
Disparos sin pena
Muchos países de América Latina y el Caribe no cuentan con leyes que penalicen los disparos al aire, por ello, la UNLIREC ha recomendado adoptar pronto medidas legislativas junto con campañas públicas de sensibilización y educación, principalmente en las épocas de festejos y eventos deportivos.
En el caso mexicano, aunque está penalizado por algunos gobiernos locales, no es considerado un delito a nivel nacional. A principios de este año, desde la Cámara de Diputados se impulsa una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para tipificar como delito disparar al aire sin justificación alguna.
Para la experta, el fenómeno se fortalece debido a la normalización de la violencia en México que, además —resalta— es reforzado por una política de seguridad basada en el uso de la fuerza de las instituciones castrenses, "algo que estamos viendo ahora con la Guardia Nacional".
Paola Morales
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!