Este viernes 14 de junio el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, instó a investigar y esclarecer graves cargos formulados en una investigación periodística de PanAm Post sobre la supuesta apropiación de fondos para la ayuda humanitaria por parte de los representantes del autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, en Colombia.
Almagro solicitó que se determinen las responsabilidades y se exija la rendición de cuentas. "No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción", escribió en su cuenta de Twitter.
El reporte en cuestión es el artículo del editor en jefe y columnista del PanAm Post, Orlando Avendaño, titulado 'Enviados de Guaidó se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia', en el que denuncia que los representantes del líder opositor en Colombia, Rossana Barrera y Kevin Rojas, encargados de la atención a los venezolanos que ingresan en territorio del país vecino en busca de ayuda y refugio, se rodearon de lujos malversando los fondos que estaban a su disposición e inflando las cifras de los militares desertores.
Avendaño detalla que ambos son militantes del partido Voluntad Popular, pero Barrena encima es la cuñada del diputado Sergio Vergara de dicho partido, quien es considerado la mano derecha de Guaidó después de la detención de Roberto Marrero por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.
Estadía de militares venezolanos en hoteles colombianos
Después del intento de ingresar ayuda humanitaria al territorio venezolano el pasado 23 de febrero y los posteriores violentos enfrentamientos en la frontera, los militares que se pusieron de lado de Guaidó fueron alojados en siete hoteles de Cúcuta, dos de los cuales ―el Ácora y el Vasconia― tenían que ser pagados por la oposición de Venezuela representada por Guaidó, descubrió Avendaño, mientras del pago de otros hoteles estaba encargado el Gobierno de Colombia y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que abonó por el Hampton Inn y el Villa Antigua, entre otros.
El número de militares reportados por el Gobierno de Guaidó constituyó 1.285 funcionarios para abril y su estadía no dejaba precisamente una buena impresión: según reporta el autor del artículo, acudían a los servicios de prostitutas, abusaban de alcohol, se involucraban en actos violentos y exigían cada vez más.
Cuentas que no cuadran
A principios de mayo, el hotel Ácora no recibió el pago programado, con lo cual para el día 6 la deuda constituyó unos 20.000 dólares, por lo que decidió finalmente desalojar a los 65 militares junto con sus familiares.
La inteligencia colombiana habría sido la primera en fijarse en las anomalías en los gastos de Barrera y Rojas: las facturas y talonarios obtenidos por Avendaño evidenciaron que se gastaban mil dólares en hoteles y discotecas por noche, mil dólares en bebida y comidas, y también se dejaban grandes sumas en caras tiendas de ropa de Bogotá y Cúcuta. "Reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles a sobreprecio. Plata que fluía. Mucha plata", apunta el periodista.
Para demostrar la veracidad de sus palabras, el editor en jefe de PanAm Post adjuntó documentos acerca de los pagos y facturas detalladas con las sumas gastadas y cuentas por pagar.
Engaño con la cena benéfica
Además, el autor de la investigación reporta que Barrera y Rojas trataron de organizar una cena benéfica en el lujoso restaurante Pajares Salina, en la urbanización de Chicó Norte en Bogotá para recaudar fondos para el mantenimiento de los militares y sus familias, y enviaron invitaciones a las Embajadas a nombre de la representación venezolana encabezada por el embajador de Guaidó, Humberto Calderón Berti.
El evento no se concretó porque miembros de dicha representación oficial se percataron de ello y notificaron a otras Embajadas que no tenían nada que ver con aquella cena benéfica.
Avendaño también señala que la cifra proporcionada por los representantes de Guaidó a Iván Duque de que en Cúcuta había 1.450 militares no correspondió con la de la inteligencia colombiana, que evaluó que en realidad eran unos 700 funcionarios, y que Barrera y Rojas habían inflado el número de desertores.
Un miembro de la inteligencia colombiana le contó que el Gobierno de Guaidó en Caracas fue avisado de los hechos y aseguró que Leopoldo López y el propio Guaidó se enteraron de todos los actos de Barrera y Rojas. Ambos fueron posteriormente apartados de sus cargos, pero contaron con "una defensa a ultranza" desde Caracas, con amenazas e intentos de responsabilizar de todo a la Embajada de Calderón Berti, según el periodista.
El destino de la ayuda humanitaria
Barrera y Rojas también eran responsables del manejo de la ayuda humanitaria de distintos países estacionada en Cúcuta. En ese sentido, Avendaño menciona otro nombre, el de Miguel Sabal, que tenía que supervisar todo lo que estaba relacionado con USAID.
Tres fuentes confirmaron al periodista bajo condición de anonimato que se dañó al menos el 60 % de los alimentos donados y la comida estaba ya podrida. "Todo lo que envió el presidente [de Chile] Piñera ya no sirve. Está ahí. No saben qué hacer con ello para que no se arme un escándalo. Lo quemarán, imagino", le comentó una de las fuentes.