El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció en marzo la aprobación de un acuerdo con Ecuador por 4.200 millones de dólares, que poco antes ya había obtenido el visto bueno a nivel técnico.
Ese crédito del FMI es el grueso de un préstamo mayor, que supera los 10.000 millones de dólares: los 6.000 millones restantes provienen del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y la Agencia Francesa de Desarrollo.
"¡Qué gran noticia!", dijo el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, cuando anunció la aprobación de ese préstamo por parte de esos organismos multilaterales.
¿Necesario o innecesario?
Ante la interrogante sobre si era necesario o no acudir a los organismos multilaterales en busca de apoyo, "la respuesta es sí", dice el economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas de Ecuador (2003-2004).
"El país venía acumulando una serie de desequilibrios de distinta naturaleza, acumulados a lo largo de 11 años", dice Pozo en entrevista con RT, en referencia a los 10 años de gobierno de Rafael Correa y el primer año de Moreno.
Pozo, quien fue el encargado de negociar el penúltimo acuerdo con el FMI, en 2003, detalla que los "desequilibrios" económicos del país incluyen el "tamaño del Estado" que, "medido a través del gasto público", se duplicó, pasando "de 21 a 40 % del Producto Interno Bruto (PIB)" en 11 años.
También —señala— un "déficit fiscal creciente" y otros problemas como la "falta de financiamiento externo en condiciones adecuadas, la inversión extranjera más baja de la región en relación al PIB, el segundo riesgo país más alto" y por ende "imagen internacional bastante deteriorada".
Otros desequilibrios que considera este economista son las bajas reservas internacionales; así como la "liquidez dependiente absolutamente del endeudamiento", pues "todos los meses al Estado le faltaba entre 800 y 900 millones para cubrir lo básico", afirma.
Además, el país contaba con "aranceles altos, con impuestos contrarios a la lógica, inclusive a la dolarización"; y a ello se le suma —de acuerdo al exministro— "estancamiento económico" y "cifras altas de desempleo".
"Con todos esos factores acumulados, el Gobierno actual tomó posesión, pero en el primer año, de alguna manera, continuó con el proceso anterior, no hizo cambios de fondo, la tónica fue más o menos la misma. Recién, con el tercer ministro de Finanzas (Richard Martínez) es que se empieza a dar un cambio de norte a la política económica y a la política fiscal", manifiesta Pozo, y añade que "salir de ese embudo, sin apoyo internacional, era imposible".
Erik Mozo, otro economista ecuatoriano, difiere y dice que "no" era necesario acudir a los organismos multilaterales, porque —argumentó— esta decisión suelen tomarla los países cuando "sus condiciones financieras son bastante complejas y graves".
Datos publicados
En los últimos años, este país andino ha tenido un crecimiento económico constante.
Según cifras del Banco Central de Ecuador (BCE), en esta última década, el año con mayor aumento del PIB fue en 2011, con 7,9 %, y solo en 2016 hubo decrecimiento, con una contracción de 1,2 %, año de caída de los precios del petróleo, la apreciación del dólar y, aunado a ello, un devastador terremoto azotó al país.
Sobre los datos de la deuda pública del país hay contradicciones en las mismas publicaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, según la fuente que los proporciona.
Según las cifras presentadas por el gobierno de Correa, en marzo de 2017 el endeudamiento alcanzaba 27,3 % del PIB; pero la administración de Moreno publicó nuevos datos, haciendo un recálculo, y señala que en esa misma fecha la deuda era de 41,3 % del PIB.
Tomando en cuenta su propio documento, la deuda pública de Ecuador ha aumentado en el gobierno de Moreno en cuatro puntos porcentuales, ya que se ubicó en 45,3 % del PIB en marzo de este año.
En relación al déficit fiscal, el país cerró 2018 con un saldo pendiente de 3.332,9 millones (3,0 % del PIB), muy inferior a los 5.837,7 millones de 2017.
Sobre las reservas internacionales, en junio de 2017, pocos días después que Moreno asumiera la Presidencia, el país contaba con 4.467 millones de dólares, de acuerdo a datos del BCE. Actualmente, a junio de 2019, se mantienen en 3.885 millones, tras una baja en noviembre de 2018 a 2.382 millones.
Los compromisos que adquiere Ecuador
La Carta de Intención presentada por Ecuador al FMI establece seis pilares hacía los cuáles busca encaminarse el país:
- Restaurar la prudencia en la política fiscal.
- Fortalecimiento del marco institucional del Banco Central.
- Reforzar la resiliencia del sistema financiero.
- Apoyo a la creación de empleo, la competitividad y el crecimiento.
- Promover la prosperidad compartida y proteger a pobres y vulnerables.
- Promover la transparencia y el buen gobierno.
Para cumplir con esos objetivos, dentro de esos pilares, el Gobierno ecuatoriano se compromete, entre otras cosas, a hacer "un cuidadoso reajuste de la masa salarial por medio de una estrategia que equilibre la restricción salarial con decisiones prudentes en la renovación de contratos ocasionales y en la contratación de nuevos funcionarios". También tiene el plan de "renovar únicamente uno de cada dos contratos que expiren en los sectores no sociales y de armonizar los sueldos de los nuevos empleados del sector público con los del sector privado".
El texto también señala que Ecuador estará obligado a "continuar con la optimización de los subsidios a los combustibles mediante la normalización de los precios del diésel de uso industrial". Ya el año pasado se quitaron los subsidios al diésel para pescadores y camaroneras, así como a los distintos tipos de gasolina.
Además, van a "actualizar" las tarifas por servicios al ciudadano de entidades públicas"; y "monetizar activos que permanecerán bajo propiedad pública pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios privados".
El Gobierno ecuatoriano se comprometió también a presentar una reforma tributaria, que tiene como objetivos "mejorar la movilización de ingresos, aumentar la eficiencia, la simplicidad y la equidad, pasando de los impuestos directos a los indirectos, y reduciendo las exenciones y el trato preferencial". Contempla la eliminación gradual de "los impuestos distorsionantes relacionados con el volumen de los negocios y las transferencias al exterior".
Otro paso será la reforma laboral. Según la Carta de Intención, esta "implica adaptarse a las condiciones del mercado y de la sociedad, retirando cuidadosamente las restricciones actuales que resultan en menores oportunidades para las personas que no tienen un empleo".
Estas medidas se suman a otras que ya ha venido aplicado el Gobierno en distintas materias, en especial en la reducción del Estado. El año pasado se eliminaron 20 instituciones como ministerios, secretarías, institutos y agencias dependientes; y ya han anunciado, por ejemplo, la posibilidad de privatizar la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). En marzo pasado, el ministro del Trabajo, Andrés Madero, informó, en una comparecencia en la Asamblea Nacional, que desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2019 se habían despedido a 11.820 trabajadores del sector público.
Reformas laborales
Mozo cuestiona algunos de estos compromisos. Sobre "armonizar" los sueldos en todos los sectores, señala que en "Ecuador los salarios del sector público, que están medidos en escalafones, son en proporción más altos que los del sector privado"; mientras en los privados rige el mínimo de 394 dólares, los trabajadores públicos "nivel 1" ganan alrededor de 700 dólares, lo que significaría una reducción significativa.
En cuanto a la reforma laboral, señala que las propuestas presentadas hasta ahora por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, dan paso a la "precarización".
Los cambios presentados a la fecha incluyen la extensión de hasta 10 o 12 horas de trabajo diarias, aunque respetando las 40 horas semanales; sin embargo se incluirán los fines de semana para el ejercicio de las labores. "Esto desregula el pago de horas extras", dice Mozo.
Otro de los cambios, es la eliminación del recargo de los contratos eventuales, con la modificación del artículo 17 del actual Código Orgánico del Trabajo, que establece que los trabajadores bajo esta modalidad tienen un incremento en su sueldo de 35 % del valor hora del salario básico.
Y una tercera propuesta es la creación de un contrato de emprendimiento, que podría ser aplicable a nuevas empresas o inversiones, con una duración de hasta tres años, sin generar las obligaciones de un contrato indefinido como el que existe actualmente.
"Este es apenas el primer paquete de medidas de flexibilización laboral que se implementarán y ya es bastante ambicioso; a medida que esto vaya profundizándose, va a haber más desequilibrios en materia económica que repercutirán en desbalances sociales y políticos", dice Mozo.
"Esquema laboral caduco"
Pozo, por su parte, considera que "la reforma laboral es un tema político complicado, pero tiene que aplicarse". Menciona que "hay que crear un marco legal moderno acorde a las circunstancias que permita la contratación" en distintos escenarios.
Señala que en Ecuador, por ejemplo, en la normativa laboral "no existe el pago por horas"; además solo hay dos tipos de contrato, "el de prueba, que son 90 días y el infinito". El economista explica que "los ciclos productivos son distintos entre los distintos sectores, entonces no se puede aplicar una norma para todo por igual"; como ejemplo citó a la agricultura, que "tiene épocas de cosecha y siembra, a veces se requiere más gente o menos".
"El esquema laboral en Ecuador es obsoleto, es caduco, no ayuda a la contratación, no ayuda al desempleado, piensa solo en el empleado", dice.
Complementar con otras políticas
Pozo señala que el acuerdo, aunque necesario, "no es suficiente". Considera que "el apoyo de los actores privados del sector productivo es fundamental, porque un ajuste fiscal de esa magnitud, entre otras razones, produce una contracción económica y estamos ahora en un estancamiento".
Ese sector —señala— "ayudaría a reducir el costo y las secuelas del ajuste".
Resultados esperados
El programa con el FMI tiene una duración de tres años y el escenario planteado es de tres a cuatro años de estancamiento económico. Según datos de este organismo, el país se contraerá este año 0,5 %, crecerá apenas 0,2 % en 2020 y recién en 2024 aumentará su PIB en 2,1 %.
"El país podría encarrilarse en un período de unos dos a tres años [...] si hacen bien las cosas", dice Pozo, esto coincidiría con el fin del gobierno de Moreno, que vence en mayo de 2021.
Mozo es un poco pesimista, considera que habrá efectos negativos con las medidas que se podrían aplicar en materia laboral, así como los despidos crecientes en el sector público.
"Lo que fundamentalmente hacen estas medidas es inhibir la capacidad de consumo de la sociedad, se va a reducir también la producción y ello implica un colapso paulatino de toda la economía en su conjunto, porque generaría decrecimiento económico", explica.
Mientras se da el debate entre economistas, empresarios e incluso en el Parlamento ecuatoriano, se han suscitado algunas marchas en las principales ciudades del país en rechazo al FMI, pero estas no han repercutido en las decisiones gubernamentales.
Edgar Romero G.
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