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¿Despegue del mercado o recorte de derechos?: paro nacional en Perú contra la reforma laboral decretada por Vizcarra

Publicado: 20 jun 2019 14:00 GMT | Última actualización: 20 jun 2019 15:58 GMT

Las centrales sindicales afirman que la medida restringe sus derechos, como la protección ante el despido arbitrario, y exigen su derogación por haberse impulsado sin consenso.

¿Despegue del mercado o recorte de derechos?: paro nacional en Perú contra la reforma laboral decretada por Vizcarra
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, habla durante un discurso televisivo en Lima, el 11 de abril de 2019.
Reuters
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Las principales centrales gremiales de Perú, que conforman el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), convocaron a miles de personas para realizar una huelga nacional de 24 horas este jueves 20 de junio con el fin de exigir la derogación de la reforma laboral propuesta por el presidente Martín Vizcarra, quien asumió el cargo en marzo del 2018 tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski, envuelto en un escándalo de corrupción.

Aquellos cambios impulsados desde el Ejecutivo se aprobaron por decreto supremo y fueron anunciados en el diario oficial El Peruano el pasado 31 de diciembre, a pocas horas de Año Nuevo. Así, además de repudiar duramente su contenido, desde el sector sindical se criticó negativamente que la medida no se haya debatido en el marco del CNT, un organismo compuesto por gremios, representantes de empresas y funcionarios del Gobierno, creado para negociar las condiciones del mercado laboral peruano.

Las críticas a la reforma

La reforma, llamada Política Nacional de Competitividad y Productividad, rige hasta el 31 de diciembre del 2030. Se trata de un documento de 124 páginas donde se proponen nueve objetivos presentados por el Gobierno que, en resumen, plantean: la dotación de infraestructura (como carreteras, redes ferroviarias, puertos y aeropuertos), incorporar mejoras tecnológicas, lanzar mecanismos de financiamiento local y externo, agilizar los procedimientos judiciales para que las empresas tengan mayor previsibilidad, facilitar las condiciones para el comercio exterior y promover el cuidado ambiental. 

Miles de trabajadores marchan por el Día del Trabajador en Lima (Perú), el 1 de mayo del 2016. / Carlos Garcia Granthon / www.globallookpress.com

Además, plantea cambios en la situación de los trabajadores. Por un lado, incentiva las capacitaciones y la reducción de la brecha existente entre el sistema educativo y el mercado laboral. Por el otro, estipula modificaciones para reducir la informalidad (trabajo no registrado) en las empresas más pequeñas. No obstante, el texto gubernamental afirma que el costo de tener empleados formales en medianas y grandes compañías es demasiado alto, pudiendo llegar a representar el 30 % del salario, si se consideran los niveles más bajos de ingresos. Siguiendo la línea gubernamental, se espera que se reduzcan estas cargas para los empleadores. 

Asimismo, el decreto resalta que el costo por despido injustificado que debe afrontar el sector patronal es muy alto, y por ello, según el Ejecutivo, crecieron las contrataciones temporales o informales: "Una de las consecuencias de la dificultad para despedir trabajadores se expresa en el encarecimiento del término de la relación laboral, el cual puede incidir negativamente en el nivel de empleo formal", se lee en el documento. En Perú, la indemnización por despido arbitrario "asciende a una remuneración y media mensual por año", repasa el texto al comparar la situación con Chile, Colombia y México, donde los gastos para finalizar una relación laboral se reducen a la mitad de ese cálculo.

Para lograr este objetivo, se considera "revisar y adecuar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función a las necesidades del mercado laboral, considerando el diálogo entre empleadores, trabajadores y Gobierno". 

La negativa de los gremios y polémica por su protesta

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), junto a otros importantes sindicatos locales, lanzaron un pronunciamiento colectivo donde tildaron a la reforma de "neoesclavista". Desde su punto de vista, los cambios dispuestos por Vizcarra violan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se manifiestan en Lima (Perú), el 26 de septiembre del 2013. / Cristobal Bouroncle / AFP

Entre sus críticas principales, los gremios sostienen que la reforma alienta la privatización de las prestaciones médicas, la reducción del régimen vacacional y la quita de "las gratificaciones de julio y diciembre", que en otros países se conoce como aguinaldo o salario número 13. Sin embargo, no se especifican mayores detalles sobre estos presuntos puntos sensibles. 

Por lo pronto, la movilización se lleva a cabo a pesar de que el Ejecutivo no les haya otorgado a los sectores manifestantes las garantías para concentrarse en la vía pública, cuya aprobación necesaria depende del Ministerio del Interior. "El Gobierno ha declarado ilegal nuestro paro, pero igual nos plegaremos a esta paralización", aseguró el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP ), Elías Grijalva. 

Asimismo, las autoridades anunciaron el 10 de junio que los empleados que participen en huelgas declaradas ilegales por la Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT) "podrán ser válidamente sancionados con suspensiones e incluso hasta con el despido". 

Leandro Lutzky

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