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Policías corruptos, un fiscal cuestionado y una testigo clave: la historia del taxista argentino preso sin condena firme hace 13 años

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Las organizaciones Innocence Project y Amnistía Internacional sostienen que la causa fue armada y que no se respeta el derecho a la presunción de inocencia. La Corte Suprema tiene su causa sin resolver desde 2015.
Policías corruptos, un fiscal cuestionado y una testigo clave: la historia del taxista argentino preso sin condena firme hace 13 años

Jorge González Nieva tiene 57 años y hace 13 que está privado de su libertad. Lo acusan de haber matado a una mujer en el marco de una 'salidera' (un robo a la salida de un banco) en 2006. Pero en todo este tiempo, condenaron a los policías que participaron por 'armar causas' y el fiscal que lo instruyó fue suspendido por irregularidades. Además, el testigo en el que basaron la condena niega haberlo reconocido y la líder de la banda que cometió el delito dice que él no era parte. Mientras espera una resolución de la Corte Suprema, se lo priva de los derechos a la presunción de inocencia y a la libertad.

"Su detención preventiva prolongada vulnera el principio de inocencia y su derecho de defensa en juicio", dijo a RT Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Además, agregó que —salvo excepciones— todos y todas tienen (tenemos) el derecho a "esperar una sentencia en libertad".

Sin embargo, en Argentina, su situación no es excepcional: casi el 60 % de las personas privadas de su libertad en el Sistema Penitenciario Federal están bajo prisión preventiva. Nos referimos a unas 7800 personas que están presas sin condena en ese régimen, según los datos más recientes de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

El caso por el que Nieva fue detenido fue mediático: Analía Aguerre había ido a retirar parte de un dinero para comprar un auto a un banco de Morón (oeste de la Provincia de Buenos Aires) y unos ladrones que la tenían 'fichada' la siguieron hasta la casa, en Merlo (también conurbano). Ahí, le robaron y uno de ellos la asesinó de un disparo en el pecho. El término 'salidera' (el robo organizado luego de salir de un banco) fue inventado por los medios de comunicación y se instaló en la ciudadanía.

A Nievas lo detuvieron más de un mes después. "La policía le pidió dinero a cambio de no involucrarlo y él no aceptó. A partir de ahí, empieza la invención de prueba y la orientación de manera maliciosa", contó a este medio Mario Coriolano, defensor público y representante en la causa de Nievas.

El propio acusado relató su hipótesis sobre cómo se tejió esto. Él había tenido un problema con un fiscal previamente, por el que el hombre lo había denunciado en la comisaría. En aquella ocasión, le habían sacado una foto y, según su testimonio, les quedó como insumo para el futuro. También tenía un tema personal con un policía.

Cuando la dependencia tuvo que resolver este caso, acudieron a él y lo extorsionaron: le dijeron que vendiera su taxi (incluida la licencia) para con eso pagar por su inocencia. Nievas no aceptó: según él, no hizo nada, no le parecía lógico el planteo.

Pero, relata Belski, "el contexto de armado de causas fraguadas no es excepcional en la Provincia de Buenos Aires". De hecho, un tiempo después se descubrió un entramado de corrupción del que formaban parte la Comisaría de Castelar y el Fiscal: el pedido de coimas a cambio de no involucrar a personas en causas era sistemático. Este es uno de los motivos por los que piden que la Corte revise la sentencia de Nievas.

"A partir del hallazgo de nuevas pruebas en el marco de su causa, los policías que participaron de la detención de Jorge fueron condenados por encubrimiento, falso testimonio, tentativa de extorsión, por haber involucrado a personas en supuestos delitos para luego amedrentarlas y extorsionarlas", describió la abogada directora de Amnistía.

El defensor, Coriolano, explicó: "La prueba que hubo para condenar a González Nieva fue ilegal, fue inventada por la policía y el fiscal. Lamentablemente se tomó en la causa, pese a que estaba cuestionada". Durante el juicio oral (que terminó en condena a 25 años) intentaron demostrar esta hipótesis, que se fortaleció: el testigo desmintió haberlo reconocido, aparecieron nuevas pruebas (como la mujer condenada por este mismo delito que dijo que él no había sido), el fiscal inicial fue suspendido y los policías condenados.

Todo esto consta en el dictamen del Procurador General, Eduardo Casal. Incluso, la organización Innocence Project Argentina —que se presentó en la causa como 'amicus curiae', (amigos del Tribunal)–presentó pruebas que "socavarían las bases de la convicción de culpabilidad".

El caso de Nievas cada tanto aparece en los medios de comunicación. Pero después se esfuma de la agenda mediática, aunque él sigue preso. Amnistía Internacional Argentina lanzó una ciberacción para pedir que se accione: "En 2010 Jorge recibió una condena de 25 años de prisión. La sentencia fue apelada, es decir que la decisión aún no está firme. Desde 2015 su caso está pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", dice.

Belski explicó que se le exige a la Corte "que se expida inmediatamente sobre la situación de González Nieva". La idea de la acción es "visibilizar su caso y lograr que en Argentina y el mundo se solidaricen (...) el limbo en el que se encuentra es desesperante".

Caso paradigmático

En Argentina hay un caso ineludible cuando se trata de condenas injustas. Es el de Fernando Carrera, conocido como 'La masacre de Pompeya'. Este proveedor de gomería que había nacido en Córdoba y tenía tres hijos, en enero de 2005 circulaba por su Peugeot 205 blanco por la Avenida Sáenz (Pompeya, provincia de Buenos Aires) cuando lo empezó a seguir un patrullero. No tuvo ni tiempo de pensar, los policías le dispararon más de 25 veces. Quedó inconsciente en el instante, al volante, y con su auto atropelló y mató a dos mujeres y un niño. La Justicia lo condenó a 30 años. Recién en 2014 la Corte Suprema lo dejó en libertad y en 2016 lo absolvió.

Uno de los elementos que lograron desarmar la trama —al menos delante de la opinión pública— fue que el caso se convirtió en película ('The rati horror show'). Después del estreno, la productora que la hizo empezó a recibir contacto de muchos y muchas que tenían condenas injustas. El director de la película decidió fundar Innocence Project Argentina, con el mismo modelo que la organización homónima en Estados Unidos, que tiene la misión de liberar a personas condenadas a pena capital por crímenes que no cometieron.

Julia Muriel Dominzain

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