El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, revocó este martes el decreto que pretendía flexibilizar la portabilidad y la comercialización de armas, luego del rechazo de parte de la Justicia, el Parlamento, y al menos 14 gobernadores.
Así lo informó el ministro jefe de Gabinete de la Presidencia, Onyx Lorenzoni, en una reunión con los senadores, a quienes avisó que en su reemplazo el mandatario ha editado otros dos nuevos decretos sobre el tema, informó la cadena O Globo. Sin embargo, el contenido de ambos proyectos aún no ha sido divulgado oficialmente por el Gobierno.
Llamativamente, en la mañana de la misma jornada, el portavoz de la Presidencia, Otávio Rego Barros, había declarado ante los medios locales que no estaba previsto por el jefe de Estado revocara la polémica medida.
Amplio rechazo
El mes pasado, el Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil había pedido explicaciones al mandatario brasileño, después de que la Cámara de Diputados y el Senado exigieran la presentación de un informe. A su vez, agrupaciones de derechos humanos y partidos políticos pidieron al STF que anulara la iniciativa, ya que no había sido debatida en el Congreso.
En el mismo sentido se expresaron gobernadores de 13 estados y del Distrito Federal de Brasil, quienes rechazaron el decreto de Bolsonaro y solicitaron su "inmediata revocación".
Consciente del escaso apoyo político que tenía su reforma, el propio Bolsonaro había admitido que su polémico decreto de armas podía ser "inconstitucional", y que, de ser así, "debería dejar de existir".
Una promesa incumplida
En enero de este año, a poco de asumir su mandato, el presidente brasileño firmó la primera versión del decreto que facilitaba la posesión de armas —modificando la ley de 2003—, una de sus principales promesas en la campaña electoral.
Cuatro meses después, el 7 de mayo, Bolsonaro rubricó un decreto complementario, que ampliaba el porte de armas a 20 categorías profesionales, entre las cuales se destacaban agentes de tránsito, residentes en áreas rurales, agentes de la administración penitenciaria o profesionales del sistema socioeducativo. Sin embargo, el 22 del mismo mes, el presidente reformuló más de veinte puntos del documento, que finalmente fue revocado este martes.