Laboratorios Richmond, una de las principales empresas proveedoras de medicamentos oncológicos y vinculados con el VIH de Argentina, anunció el lunes el lanzamiento de ZEVUVIR, un fármaco que busca retrasar la progresión del virus en los pacientes afectados.
Esta nueva medicación, cuyo acceso es totalmente gratuito por norma local, se convierte en el primer genérico de la región en cumplir los mismos efectos que el Dolutegravir, una medicina habitual en los portadores del virus, que permite la restauración y preservación del sistema inmunológico.
Miguel Pedrola, doctor y director científico de AHF (AIDS Healthcare Foundation) Argentina —organización que aboga por los derechos y la salud de las personas que viven con VIH—, asegura que el lanzamiento del fármaco es beneficioso, ya que tiene "pocos efectos adversos".
"En este caso, la droga funciona para lo que se conoce como integrasa, una proteína que originalmente se encuentra en el interior del VIH. Esto es positivo porque no es fácil para el virus hacerse resistente al medicamento. Son los tratamientos más habituales y efectivos que utilizan los pacientes", explica el especialista.
En la misma línea, Gustavo Cañete, jefe de Infectología del Hospital Isidoro Iriarte de la provincia de Buenos Aires y miembro de PREVIN —organización dedicada a la prevención del virus—, destaca que el nuevo genérico permitirá un mejor acceso a la medicación obligatoria.
"Se puede administrar una vez por día a través de una pastilla y tiene pocos efectos adversos. Eso facilita la vida diaria de los pacientes y nos parece muy bueno (...) Aún así, no es fácil que todos los portadores consuman su medicación como corresponde. Deberíamos apuntar también a los inyectables, cuya duración en el cuerpo es mensual, y eso permitiría una mejora en la calidad de vida", afirma Cañete.
Ambos especialistas coinciden en que el genérico del laboratorio Richmond es un avance médico que amplía la oferta de medicinas para los portadores del virus, pero admiten que la legislación actual, como la ley nacional del sida, es "antigua" y precisa una reforma que garantice un mejor acceso a la salud pública.
"En Argentina, la ley que garantiza los derechos para las personas con VIH fue sancionada en 1990 y, desde aquel tiempo al actual, hubo enormes avances en el abordaje de pacientes, pero también fueron surgiendo nuevas problemáticas que no están contempladas en la legislación y no se solucionan con medicamentos gratuitos. No se habla, por ejemplo, de los efectos en el cuerpo que puede traer el virus, como la lipodistrofia, que causa malformaciones y afecta ampliamente la vida personal", detalla Pedrola.
El especialista también está de acuerdo en facilitar una subvención económica para los pacientes que, por su condición, no pueden encontrar un empleo que les permita pagar otros gastos relacionados a su estado.
"Los pacientes deben hacerse pasar por 'discapacitados' (cuando no lo son) para recibir un ingreso que les permitir subsistir, en caso de no poder conseguir un empleo. ¿Cómo hace una persona sin ingresos para retirar su medicina en un hospital si no tiene dinero para el transporte? También se omite qué ocurre con los menores de edad con VIH. En la educación sexual integral que se enseña en las escuelas no se menciona esto y afecta a los niños que deben crecer en una sociedad que tiende a estigmatizarlos", explica Pedrola.
El director científico de AHF destaca que es un deber del Estado proporcionar el acceso a la salud universal, y asegura que es una "decisión política" que el país dependa de costosas licencias extranjeras para producir esos fármacos.
"En nuestro país hay posibilidad de fabricar genéricos con laboratorios estatales y, de esta manera, ahorrar dinero al Gobierno para que pueda destinarlos a otras problemáticas, como los programas de prevención y la extensión de derechos. Lo que hizo el laboratorio Richmond puede replicarse desde el sector público", finaliza Pedrola.
En Argentina, según cifras del Ministerio de Salud de la Nación, cada año se registran 6.500 diagnósticos nuevos de VIH. La tendencia se mantiene estable desde los últimos diez años, pero se registró un aumento en mujeres entre 45 y 59 años, y en varones entre 15 a 24 años.
Por su parte, el doctor Gustavo Cañete considera necesaria una reforma a la actual ley nacional de sida, pero que a la misma debe imponerse una política de prevención.
"Hemos avanzado mucho desde 1990 en cuanto a los tratamientos, y la expectativa de vida de los portadores hoy es igual a la de alguien que no posee el virus, pero seguimos creyendo que le disminución de los afectados vendrá por el lado de la prevención. Brindar información correcta a nuestra comunidad beneficiará los resultados finales", concluye.
Facundo Lo Duca
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