En qué consiste el decreto de tierras indígenas de Bolsonaro que ha tumbado el Congreso de Brasil

El Congreso de Brasil tumbó el decreto del presidente, Jair Bolsonaro, que transfería al Ministerio de Agricultura la demarcación de las tierras indígenas. Esta decisión supone una derrota para el Gobierno, pero una gran victoria para las organizaciones indigenistas y defensoras del medio ambiente que han protestado sin descanso contra la medida del ultraderechista, quien llegó a comparar a los indígenas que viven en reservas protegidas con animales de zoológicos. 

"¡El que demarca tierras indígenas soy yo! No es el ministro. El que manda soy yo (...) yo soy un presidente que asume los beneficios y perjuicios", aseguró la semana pasada Bolsonaro, mientras añadió: "¿Queremos continuar manteniendo al indio preso en sus reservas como si fueran hombres prehistóricos?".

El anunció del presidente del Senado, David Alcolumbre, se produjo justo después de que el juez Luis Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal (STF), también suspendiese la medida. 

Vaivenes del decreto 

El decreto fue aprobado en el Congreso, pero el punto sobre la demarcación de tierras se modificó atribuyendo de nuevo sus funciones a la Fundación Nacional del Indio (Funai), vinculada al Ministerio de Justicia y encargada de promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas. En un pulso de fuerza, la semana pasada, Bolsonaro publicó uno nuevo en el que devolvía una vez más las competencias al Ministerio de Agricultura. Esta última medida es la que ha sido tumbada.

Los decretos presidenciales entran en vigor de forma inmediata, pero necesitan la aprobación del Congreso en un plazo de 120 días. La falta de apoyos parlamentarios está dificultando la aprobación de los principales proyectos de ley que prometió en campaña Bolsonaro. Tal es el caso de la paralizada reforma de pensiones o el paquete anticrimen. También el mandatario se ha visto obligado a revocar dos decretos sobre el porte de armas y a promulgar otros tres dejando fuera los puntos criticados por el Congreso.

¿En qué consiste el polémico decreto?

Nada más asumir el poder, Bolsonaro aprobó el decreto que traspasaba las competencias indígenas a la cartera de Agricultura dirigida por Tereza Cristina Dias, que fue líder de la bancada ruralista en la Cámara de Diputados, y a la que se le conoce como a "la musa del veneno". Con este gesto, Bolsonaro facilitaba el desarrollo del agronegocio en tierras indígenas y devolvía el favor a los defensores de este sector –que junto a las iglesias pentecostales y los militares– constituyeron un apoyo fundamental para ganar las elecciones presidenciales de 2018. 

El Diario Oficial de la Unión (DOU) especificaba que el Ministerio de Agricultura estaría a cargo de "la reforma agraria, la regularización de las propiedad en áreas rurales en la Amazonía Legal y las tierras indígenas y quilombolas [comunidades de exesclavos]".

¿Cómo afectaba esta medida?

En Brasil existen alrededor de 305 tribus con un total de 900.000 personas, lo que equivale al 0,4 % de la población brasileña. Además, hay más de 600 tierras indígenas delimitadas y suponen un 13 % de la superficie del país, pero muchas otras tierras están pendientes de reconocimiento oficial. La Constitución de 1988 reconoce el derecho de los pueblos ancestrales a esas tierras. 

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Los pueblos indígenas –a quienes desde hace tiempo ya se les ha ido reduciendo los fondos económicos– llevan luchando contra los agricultores, ganaderos y mineros desde antaño. Con la medida de Bolsonaro temían un incremento de la violencia y que los proyectos de demarcación a la espera de aprobación no fueran validados.  

Las ONGs preocupadas

Las organizaciones de medio ambiente y defensoras de los derechos humanos han mostrado su gran preocupación. Consideran que "si las tierras indígenas están protegidas adecuadamente, no sólo prosperan los indígenas, sino también algunos de los ecosistemas más diversos y amenazados del planeta". Las ONGs alertan que el aumento de la actividad ilegal para la explotación comercial incrementa la deforestación de la Amazonía, considerada el pulmón del planeta. Solo en la campaña electoral de Bolsonaro, la deforestación creció casi un 50%.

Las manifestaciones contras las políticas de Bolsonaro han sido constantes, e incluso ocho exministros de Medio Ambiente brasileños advirtieron del riesgo que supone la deforestación en la Amazonía y la medida lanzada por el mandatario. 

Desde el extranjero también se han alzado las voces criticando al presidente. Más de 600 científicos europeos pidieron a la Unión Europea que, a través de sus relaciones comerciales con Brasil, garantizase la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en este país. En un texto advirtieron de la amenaza que el gobierno de Bolsonaro supone para los "derechos de los indígenas y las áreas naturales que protegen".

Marta Miera

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