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EE.UU. declara emergencia de seguridad pública en Alaska

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En las comunidades rurales de Alaska viven mayormente tribus nativas en medio de un clima delictivo y sin acceso a carreteras.
EE.UU. declara emergencia de seguridad pública en Alaska

Debido a las altas tasas de agresión sexual, abuso infantil y crímenes violentos que se registran en las zonas rurales de Alaska, el fiscal general de EE.UU., William Barr ha declarado una emergencia de seguridad pública que implica destinar 10,5 millones de dólares de los fondos federales para hacer frente al problema, informa Reuters.

"Fui testigo de primera mano de los complejos, únicos y terribles desafíos en la aplicación de la ley que afrontan en el estado de Alaska y sus comunidades remotas", dijo el fiscal en un comunicado después de que el mes pasado visitara el estado, donde fue testigo de la falta de agentes de policía y fue informado de los altos índices de violencia doméstica y de violaciones que se registran en la localidad.

Quienes residen en las comunidades rurales de Alaska son, en gran parte, tribus nativas que, por lo general, no tienen acceso a carreteras y viven en una atmósfera delictiva. El acceso a los servicios también se ha ido reduciendo, ya que el estado depende del petróleo y los ingresos por esta renta han disminuido en los últimos años, indica el medio.

Trabas legales y financieras

Las respuestas locales y estatales a estos problemas se ha visto limitada por diversas razones legales y financieras. Debido a una ley que restringe los poderes tribales de 1971, las tribus de Alaska carecen por ley de fuerza legal para establecer fuerzas policiales, según explicaron los líderes nativos al fiscal durante su visita.

Se da la circunstancia de que, coincidiendo con la visita de Barr, el gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, anunció reducciones en el presupuesto para el año 2020 con el objetivo de eliminar el déficit del estado. Los recortes incluyen la reducción de fondos por 3 millones de dólares para el programa de oficiales para la seguridad de aldeas remotas.

Sin embargo, esa reducción de recursos podrá ser compensada con los fondos anunciados por el fiscal general, lo que implica destinar 6 millones de dólares para el mencionado programa de seguridad, mientras que el resto de recursos será usado en la compra de equipos, capacitación y programas de protección de niños.

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