Pekín insta a procesar a los participantes del asalto al Parlamento de Hong Kong
Las autoridades chinas han expresado su fuerte condena a los manifestantes que asaltaron e irrumpieron en el Consejo Legislativo de Hong Kong la noche de este lunes y calificaron lo sucedido de "totalmente intolerable". La oficina que representa el Gobierno chino en Hong Kong se mostró "indignada" con los manifestantes.
"Algunos elementos extremos utilizaron una violencia excesiva para asaltar el edificio de la legislatura y llevaron a cabo una serie de asaltos a gran escala. (…) Sus actos violentos son un desafío extremo para el estado de derecho en Hong Kong y socavan gravemente la paz y la estabilidad de Hong Kong", reza la nota de las autoridades chinas.
Por su parte, la Oficina para los Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado de China también emitió una declaración de "condena enérgica" de los hechos, y prometió apoyar a las autoridades de la antigua colonia británica en la investigación de "la responsabilidad penal de los delincuentes violentos".
"El Gobierno central expresa su firme apoyo a las autoridades de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y a la Policía en el desempeño de sus deberes conforme a la ley, y también apoya a los departamentos pertinentes de Hong Kong en la investigación y el procesamiento de los autores de actos violentos", dice el comunicado oficial. La nota añade que "estas graves acciones ilegales pisotearon el estado de derecho de Hong Kong y dañaron el orden social".
Centenares de manifestantes irrumpieron este lunes en la sede del Consejo Legislativo de Hong Kong, donde escribieron eslóganes antigubernamentales en las paredes y pintaron con espray el escudo del territorio. La acción estuvo precedida por una multitudinaria protesta en la que participaron unas 550.000 personas. Las manifestaciones se produjeron en el 22.º aniversario de la devolución a China de ese antiguo territorio británico.
En las últimas tres semanas, más de un millón de personas participaron en manifestaciones para oponerse a la presidenta ejecutiva de Hong Kong respaldada por Pekín, Carrie Lam, y su decisión de aprobar el polémico proyecto de ley que permitiría la extradición de sospechosos desde el territorio autónomo a la China continental para ser juzgados.