El Gobierno de Venezuela presentó 70 observaciones al informe de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ACNUDH) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó este jueves Caracas, a través de la Cancillería.
"El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela", dice el documento, y señala que eso "contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena".
De acuerdo a Caracas, en el informe "se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial", pese a toda la documentación y elementos aportados por el Estado venezolano a la Oficina de la ACNUDH.
Además, critica que 82 % de las entrevistas utilizadas por la ACNUDH para fundamentar su informe "se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela", especialmene, tomando en cuenta que dicha Oficina realizó dos visitas al país durante el año 2019.
La primera visita a territorio venezolano por parte de miembros de la oficina de la ACNUDH se realizó en marzo, con una duración de 12 días. Posteriormente, en junio, estuvo la propia Bachelet.
El informe
"ACNUDH considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela", dicen parte de las conclusiones del informe presentado por la oficina de Bachelet.
Según el texto, "el Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas" y "conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social".
No obstante, la oficina de la ACNUDH reconoce que "las recientes sanciones económicas están agravando la crisis económica, lo que en último término aumentará el impacto negativo en el disfrute por la población de los derechos económicos y sociales".
Venezuela reclama que el texto no dice nada "sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país", principalmente por parte de EE.UU.