Lo que dice el informe de la ONU que fue tildado de "parcializado" por el Gobierno de Venezuela
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó este jueves un informe sobre la situación de Venezuela, en el que insta al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a tomar medidas "de inmediato" para detener presuntas violaciones y abusos.
Dos semanas después de la visita de la Alta Comisionada del organismo, Michelle Bachelet, el documento asegura que, "durante el último decenio y especialmente desde 2016", la Administración del mandatario y sus instituciones pusieron en marcha una supuesta estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno".
#Venezuela - Ya esta disponible el informe de la Alta Comisionada @mbachelet sobre la situación de #DerechosHumanos en el país. El mismo será presentado mañana ante el Consejo de Derechos Humanos.Acceda al informe 👉🏼 https://t.co/mP1zEqobVa
— OACNUDH (@OACNUDH) July 4, 2019
Horas después de que se diera a conocer el informe, el Gobierno de Venezuela, a través de la Cancillería, cuestionó la "visión selectiva y abiertamente parcializada" del documento de Naciones Unidas, junto a la presentación de 70 observaciones.
Según Caracas, en el informe "se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial".
En relación a ello, mientras el dictamen sostiene que se basa en 558 entrevistas con "víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica", el Gobierno de Maduro contrasta que el 82 % de ellas "se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela".
Gobierno Bolivariano de Venezuela presenta 70 observaciones al informe de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHHhttps://t.co/KbLvMK9Ljopic.twitter.com/BwVKOjz1WK
— Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) July 4, 2019
De acuerdo a la ONU, la profunda crisis económica que atraviesa el país caribeño "ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros".
El informe, que abarca el período comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019, resalta también "cuestiones más espinosas", entre las que menciona supuesto "uso de la tortura y el acceso a la justicia", problemáticas que, según el texto, el Gobierno de Maduro "se comprometió a solucionar".
No obstante, este jueves Caracas reprochó la omisión de información oficial en la elaboración del informe final, "a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la Oficina de la Alta Comisionada", y la existencia de pronunciamientos de los "Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos" en relación con el país suramericano.
Por otra parte, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos observó un incremento de la militarización, detenciones arbitrarias y presuntos crímenes por parte de fuerzas de seguridad y bandas armadas. Y añade que "las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada".
Al respecto, el Gobierno venezolano cuestionó severamente la metodología adoptada por la Comisión en la elaboración de ese documento y la exposición de resultados, debido a las existencia de "incontables" imprecisiones, "descontextualizaciones y falsas afirmaciones" que el Estado atribuye a "el uso inadecuado de las fuentes disponibles".
En relación a la economía venezolana, la ACNUDH señala que, si bien la crisis "comenzó mucho antes" de que se le impusieran al país sanciones, las últimas, vinculadas a la exportación de petróleo, "están agravando aún más" sus efectos. En ese sentido, la Cancillería venezolana subraya que en el informe no se menciona "sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país", principalmente por parte de EE.UU.
"La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas", concluye el organismo internacional.