Un ducto de la minera Grupo México derramó 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortes, en el estado de Sonora, al noroeste de México.
Se trata de un nuevo desastre ambiental provocado por la empresa propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, y que en 2014 ocasionó la mayor catástrofe ecológica en la historia de México.
Ácido en el mar
El reciente derrame de ácido sulfúrico ocurrió en la ciudad costera de Guaymas, Sonora, el cual fue captado por algunos usuarios de redes y difundido por medios locales.
De acuerdo con un comunicado de Grupo México, el incidente ocurrió el 9 de julio alrededor de las 15:00 horas, tiempo local, en la Terminal Marítima de Guaymas, provocado por la falla de una válvula en las tuberías que transportaban el químico.
Abraham Larios, titular de la Administración Portuaria Integral de Guaymas, entidad gubernamental encargada de administrar el puerto, responsabilizó a la empresa minera por el derrame.
"Grupo México es el responsable de esta falla y los eventuales daños deberán ser reparados a la brevedad por esa empresa", dijo Larios en entrevista con Milenio.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) actualmente se encuentra evaluando los daños, de acuerdo con la versión oficial, a pesar de que tras dos días del desastre la dependencia no ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido.
"Ya va intervenir la Semarnat para atender este caso. Se van a evaluar los daños. Es un hecho que sí hubo el derrame, esa es la información que tengo, y sí se va a actuar", aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina de este 11 de julio.
No es la primera vez
El 6 de agosto de 2014, la minera Buenavista del Cobre –considerada en su momento como la tercera más grande del mundo en este mineral y filial de Grupo México– derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacánuchi, en un hecho calificado por las autoridades federales como "el desastre ambiental más grave de la minería en México".
Un total de 24.000 personas fueron afectadas. Muchas de ellas, presentaron enfermedades en la piel y gastrointestinales por el contacto con el agua contaminada.
En 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente multó a Grupo México con un monto de 23,5 millones de pesos (1,4 millones de dólares) tras incurrir en 55 "irregularidades", además de constituir un fideicomiso privado para remediar los daños. Una multa que representó apenas el 0,09 % de las ganancias que obtuvo Grupo México el mismo año en que ocasionó el derrame: 1.705 millones de dólares en 2014.
Germán Larrea, accionista principal de Grupo México, es considerado el segundo hombre más rico del país, después de Carlos Slim, con una fortuna valuada en 13.300 millones de dólares, según la revista Forbes.
De acuerdo con el Informe Final Diagnóstico Ambiental en la Cuenca del Río Sonora, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el derrame provocó "el incremento en la mortandad de los árboles", así como la presencia de metales pesados en especies, causando efectos negativos a mediano y largo plazo para personas y animales, debido a la acumulación de tóxicos dentro de la cadena trófica.
El reporte también documentó presencia de arsénico y plomo en productos lácteos, además de altas concentraciones de cadmio en frutas y verduras. También se documentó que el 70 % de los niños de la comunidad de San Felipe de Jesús, uno de los 7 pueblos más afectados por el derrame, tenían altas concentraciones de plomo en la sangre.
Sin embargo, Grupo México no cumplió con las medidas de reparación de daños a las que se comprometió, lo cual fue calificado por Naciones Unidas como un ejemplo "descarado y flagrante" de impunidad.
"Estamos hablando de una de las compañías más grandes de todo el mundo, una compañía que literalmente mueve montañas en unas cuantas semanas y no puede construir unas cuantas instalaciones de tratamiento de agua o terminar de construir un hospital que se comprometieron a hacer. Si esto no es un ejemplo descarado y flagrante de que tienen derecho a la impunidad, entonces, no sé qué más podría ser", declaró en mayo de 2018, Baskut Tuncak, relator de Naciones Unidas para el manejo de sustancias tóxicas sobre el incumplimiento de Grupo México.
Un análisis de la organización PODER encontró múltiples irregularidades en el fideicomiso privado que se creó con la finalidad de que las empresas responsables pagaran para remediar, reparar y compensar los daños por el derrame.
Entre las irregularidades detectadas, se encontró que apenas el 10 % del dinero sirvió para pagar directamente a las personas afectadas, mientras el 90 % de los recursos restantes "es incierto", debido a triangulaciones y gastos sospechosos.
Esto, además de que Grupo México apenas desembolsó la mitad de los 2.000 millones de pesos a los que se había comprometido originalmente con autoridades gubernamentales.
La empresa también se había comprometido a construir 63 nuevos pozos de agua con el fin de que las comunidades afectadas pudieran acceder al vital líquido, pero hasta 2018, cuatro años después del derrame, la Comisión Nacional del Agua sólo había reportado 17 nuevos pozos.
Y todo, sin que las autoridades mexicanas intervinieran para sancionar a Grupo México por incumplir con sus compromisos.
En octubre de 2018, el Tribunal Latinoamericano del Agua, un organismo no vinculante que busca evidenciar los agravios contra los pueblos cometidos por empresas y autoridades gubernamentales, resolvió que el Estado mexicano "ha incumplido con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento, a la salud, a la alimentación, a la vivienda y al medio ambiente y sobre todo ha afectado a los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas y campesinos", tras el derrame en los ríos de Sonora.
Manuel Hernández Borbolla
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