Boris Johnson, uno de los candidatos a suceder a la primera ministra británica Theresa May y defensor de la línea dura del Brexit, se negó a descartar la opción de suspender el Parlamento, y subrayó que es vital que el país salga de UE con o sin acuerdo, mientras que otros políticos amenazaron con llevarlo a la justicia en ese caso. Sin embargo, expertos en derecho constitucional británico explican que existe la posibilidad de que la reina Isabel II pueda usar su poder para detener la posible iniciativa de cualquier futuro sucesor de May, según informa Bloomberg.
Durante su discurso en Londres en junio, Johnson prometió que el país abandonará la Unión Europea el 31 de octubre. Pero una salida 'dura' del Brexit podría conllevar el empeoramiento de la situación económica del Reino Unido, algo que temen muchos políticos británicos. Por ese motivo, los miembros del Parlamento se han comprometido a detenerlo si es necesario, a través de la moción de censura. Por su parte, para eludir esta medida los defensores de la línea dura del Brexit han pedido al futuro primer ministro que suspenda el Parlamento, es decir, que detenga temporalmente sus actividades.
Sin embargo, el derecho para suspender el Parlamento pertenece a la monarca británica. Y como en el caso de otros poderes de la reina, por lo general se aplica solo a petición del primer ministro.
Según los especialistas, la reina Isabel II podría responder a la posible solicitud del futuro primer ministro con diferentes opciones. "Si la petición de suspender el Parlamento tiene como objetivo eludir la moción de censura, entonces por definición esa confianza no está asegurada", destacan Robert Hazell y Meg Russell, expertos en derecho constitucional del University College de Londres. Entonces, en ese caso la reina puede dirigirse al primer ministro para que reconsidere o retire la solicitud.
Además, Isabel II podría hacer una pausa y anunciar que necesita consultar al Consejo Privado del Reino Unido. Esa medida podría dar al Parlamento el tiempo necesario para anunciar la moción de censura y volver irrelevante la solicitud de detener las actividades del Parlamento.
"La pregunta que todos los expertos constitucionalistas están debatiendo es si el Palacio puede decir 'no'" a la posible petición, sostuvo la analista Catherine Haddon.
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