Militares a las calles y condenas de por vida: ¿qué propone el plebiscito que se votará en Uruguay?

A cuatro meses de las elecciones presidenciales, en Uruguay se preparan para votar algo más que cargos ejecutivos y legislativos. El 27 de octubre, en el centro de votación, también tendrán que valorar si meten o no la 'papeleta' del plebiscito que impulsó un sector opositor al gobierno: decidirán si aceptan una propuesta de reforma constitucional para sacar a los militares a las calles, endurecer las penas de prisión y habilitar allanamientos nocturnos en las casas de los uruguayos y las uruguayas.

La propuesta —lanzada por el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga— plantea reformar la Constitución con una campaña que se monta sobre los problemas de las políticas de seguridad y el discurso punitivista. Hoy a la noche (hora uruguaya) Larrañaga tendrá derecho a usar la cadena nacional para describir su propuesta. La semana que viene será el turno de quienes están en contra de utilizarla para expresar sus argumentos.

Hace tiempo que "la inseguridad" y la demanda de "represión" son los temas que ocupan la agenda del año electoral. ¿Qué hay de cierto en los planteos y qué riesgos implica la propuesta?

Diego Pereira, integrante de 'No a la reforma', dijo a RT: "Nos oponemos al principio rector. Viene a presentarse como algo que es una novedad pero es lo mismo que ha aplicado la mayoría del sistema político de nuestro país: medidas apuntadas al aumento de la pena, al aumento de la prisionalización y la militarización de la seguridad pública". Él, como muchos y muchas ciudadanos y ciudadanas, se organizaron para militar contra la reforma porque —afirman— 'el miedo no es la forma'. 

• Allanamientos nocturnos

El artículo 11 de la Constitución uruguaya actualmente dice que el hogar es 'un sagrado inviolable' y que de noche nadie puede entrar en él sin consentimiento de su jefe. Larrañaga propone agregarle que se puedan hacer allanamientos nocturnos "para los casos en que el juez actuante tenga fundadas sospechas que se están cometiendo delitos".

Según Pereira, la idea se basa en cierto mito. "Hay un imaginario social construido: la idea de que por culpa de que en nuestro país no se pueden allanar lo hogares a la noche, estamos permitiendo que se coloquen puntos de venta de droga a la madrugada", dijo. En la realidad, contó, una cosa no tiene correlación con la otra. Además, se pregunta si en algún país del mundo los allanamientos nocturnos resolvieron el narcotráfico. "Es perder el eje del debate", concluyó.

• Penas

Con el proyecto se busca instalar la "pena permanente revisable", un eufemismo de lo que conocemos como perpetua. Eso, sumado a la insistencia en el cumplimiento efectivo de las condenas presupone que encarcelar es un modo de resolver la delincuencia. ¿Es así?

Cuando el Frente Amplio asumió el gobierno, en 2004, había 7139 personas privadas de la libertad. Según datos del Parlamento uruguayo, en 2017 ya eran 11.253. El país tiene una de las tasas de prisionización más altas de la región (segundo después de Brasil). "Y sin embargo, tenemos una sensación grande de inseguridad, no hay relación real ni cercana entre el índice de prisionalización y la sensación o seguridad concreta", explicó Pereira.

• Militarizar

Pero lo que más devela la política de seguridad que propone, es lo de militarizar las calles. Según la propuesta, "la ley por mayoría de dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá disponer la creación de una Guardia Nacional con integrantes de las Fuerzas Armadas, para cumplir funciones de seguridad pública interior en todo el territorio de la República".

Diagnóstico

En marzo de este año el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dio una conferencia de prensa en la que presentó los nuevos resultados del estudio del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad. Tras una tendencia a la baja de robos en 2017, en 2018 las cifras empeoraron drásticamente: las rapiñas subieron un 53,8 por ciento.

También aumentaron en un 45,8 por ciento los homicidios. Sin embargo, sólo el 11 por ciento de esos asesinatos derivó de 'hurtos o rapiñas', un dato que va contra lo instalado en el sentido común de las preocupaciones ciudadanas. El 60 por ciento es producto del 'conflicto criminal'. 

Pero, ¿por qué? La mirada oficial del gobierno uruguayo la mencionó en la misma conferencia de prensa el director de la Policía Nacional: tras la modificación del Código del Proceso Penal se otorgaron mayores garantías y hubo una reducción de la pena de prisión preventiva. En consecuencia —opinó— "mayor cantidad de personas en libertad formalizadas bajo juicio podían cometer ese tipo de delitos o enfrentamientos criminales entre ellos".

El partido de gobierno (Frente Amplio) no oculta el polvo bajo la alfombra. Hasta el presidente reconoció explícitamente el problema. En su discurso del primero de marzo de este año, Tabaré Vázquez dijo: "Hablemos de seguridad pública. ¡Claro que sí!, queremos hablar de seguridad pública porque parece que es el cuco de estos días (...) Es cierto que en seguridad tenemos un problema, nos duele profundamente cuando nos enteramos de un robo, de una rapiña o de un asesinato, es duro para nosotros ver todas esas cosas (...) les aseguro que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para luchar con este flagelo que no conoce fronteras, este fenómeno en Uruguay se da en todo los países de la región y del mundo, Uruguay no está en Marte".

El camino al plebiscito y la tradición

El llamado a plebiscito se basa en el artículo 331 de la Constitución uruguaya, que indica que su texto "podrá ser reformada total o parcialmente" según una serie de procedimientos. Uno de ellos, "por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional, presentando un proyecto articulado que se elevará al presidente de la Asamblea General, debiendo ser sometido a la decisión popular, en la elección más inmediata".

Larrañaga llevó adelante una campaña que se llamó "Vivir sin miedo". Necesitaba juntar unas 270.000 firmas (el 10 por ciento del padrón electoral uruguayo) antes del 26 de abril. Unos días antes, en un acto en la rambla, anunció: "¡Hay plebiscito! ¡Hay plebiscito!" Habían juntado más de 300.000. Las entregaron a la Presidencia de la Asamblea General y en mayo la Corte Electoral confirmó que el plebiscito se llevaría adelante.

En Uruguay, el mecanismo de participación directa es tradición y tuvo relevancia en diferentes momentos históricos clave. Quizá el primer rastro al respecto aparezca en 1912, cuando el entonces presidente de la República (José Batlle y Ordóñez) propuso su incorporación a la Constitución. Lo llamó la "institución de los pueblos libres".

En la práctica, una de las primeras huellas del mecanismo es el Plebiscito de Cerro Chato, en 1927. Incluso, hay quienes consideran que esa fue la primera vez en Sudamérica que las mujeres votaron. La primera en hacerlo, de hecho, fue Rita Ribera: mujer, afrodescendiente, de 90 años y extranjera.

La historia de la casa uruguaya en la que las mujeres votaron por primera vez en Sudamérica

El mecanismo fue incluso utilizado por los militares y en Uruguay el pueblo votó rechazarlos. Ya con la vuelta de la democracia, en 1989, se debatió anular la ley de caducidad (una ley que establecía la caducidad del "ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales"). El plebiscito, propuesto por movimientos sociales, se perdió. Y la ley siguió vigente.

Durante los '90, en pleno contexto neoliberal, fue el peculiar modo en que la ciudadanía evitó las privatizaciones. En 2009, el propio Gobierno impulsó un referéndum para anular la ley de caducidad (es decir, revisar la legislación sobre amnistía a los militares) y se perdió. Y en 2014 se propuso bajar la edad de imputabilidad: los uruguayos y las uruguayas votaron no.

Julia Muriel Dominzain

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