Un Juzgado de Madrid ha puesto esta semana en jaque a Deliveroo, una de las dos principales empresas de reparto de comida a domicilio que operan en España. Ha dado la razón a la Seguridad Social en la mayor demanda del país contra una compañía de este tipo. Así, la Justicia determina que 532 'riders' de la capital española son asalariados y no trabajadores autónomos, como sostenía la firma británica.
La empresa debe contratar a esos trabajadores y pagar a la Seguridad Social sus cotizaciones atrasadas: en total más de un millón de euros. De momento, Deliveroo seguirá operando igual que hasta ahora porque el fallo no es firme y la compañía ha recurrido esta sentencia.
El expediente se inició por parte de la Inspección de Trabajo, que investigó a la firma entre 2015 y 2017 y concluyó que estaba utilizando falsos autónomos. La Tesorería General de la Seguridad Social dio de alta a los trabajadores y reclamó las cotizaciones de ese periodo, mientras que la empresa recurrió y el caso finalmente llegó a los tribunales.
Precisamente el haber partido de una actuación de oficio de las Administraciones Públicas hace que esta sentencia tenga un alcance mayor que las que la preceden, además del hecho de afectar a más de medio millar de 'riders'.
Antes, España había asistido a un juicio en Valencia en el que se reconoció como trabajadores a 97 repartidores de Deliveroo, y se está pendiente de otro en Barcelona que implicará a 750 'riders'.
Además, justo este jueves, los 'riders' de Glovo, la principal empresa de la competencia, se han manifestado simultáneamente en Madrid, Barcelona y Zaragoza para protestar por el algoritmo que dirige sus ritmos de trabajo y por la relación laboral de "falsos autónomos" que, según ellos, mantienen con la empresa.
Debate sobre la relación laboral y la precariedad
La empresa que acaba de perder el macrojuicio dice que "tiene la misión de transformar la forma de pedir comida a domicilio". Glovo, por su parte define a sus repartidores como: "mensajeros independientes conectados a nuestra plataforma", y los llama 'glovers'. Son las dos principales empresas del sector y están expandidas por la mayoría del territorio español.
Glovo es una empresa que está presente en más de 20 países y opera en 140 ciudades. Se define a sí misma como una app "que te permite pedir los mejores productos de tu ciudad en minutos". Deliveroo dice trabajar en más de 100 ciudades tan solo en el Reino Unido, que trabaja con más de 8.000 restaurantes y que cuenta con más de 15.000 mensajeros.
La principal queja de los trabajadores de estas firmas consiste en el tipo de relación laboral que ofrecen. A pesar de que ya acumulan varias sentencias en contra, hasta ahora sus trabajadores tienen que darse de alta como trabajadores autónomos. Eso significa que la empresa no paga por ellos sus cotizaciones sociales, no tienen derecho a prestación por desempleo o tienen peores condiciones cuando caen enfermos, entre otras cuestiones.
Las empresas alegan que los trabajadores no tienen contrato de exclusividad, que utilizan sus propios medios (tienen que aportar tanto la bicicleta como el teléfono móvil) y tienen flexibilidad, mientras que los empleados, respaldados por los juzgados en ocasiones como ésta, sostienen que la compañía planifica y organiza el trabajo, horarios, rutas y sueldo, además de facilitar la tecnología sin la que es imposible llevar a cabo el trabajo.
Pero las quejas laborales son más amplias. Los riders se quejan del algoritmo que les proporciona el trabajo y que les penaliza si rechazan pedidos o no están disponibles suficiente tiempo, lo que en muchas ocasiones se traduce en periodos de entre 8 y 12 horas en la calle para conseguir un salario al que luego tendrán que descontar la cuota de la Seguridad Social y los impuestos.
No es la primera victoria judicial
El antecedente de la primera sentencia favorable a uno de los trabajadores de estas empresas se encuentra en la denuncia particular de Víctor Sánchez, un mensajero de Deliveroo que logró un fallo judicial a su favor en un juzgado de Valencia a finales del año pasado, que parece que puede estar siendo decisivo como precedente en todos los juicios colectivos que se están celebrando y que están por venir.
Aunque también hay varios precedentes judiciales en sentido contrario. Otros dos trabajadores han visto como un juzgado de Madrid (en septiembre y en febrero, respectivamente) no les reconocía derechos laborales y fallaba a favor de Glovo, concluyendo que los mensajeros eran autónomos económicamente dependientes y no asalariados.
También otras dos sentencias más recientes, del juzgado de lo social número 24 de Barcelona de 21 de mayo y de 29 del mismo mes, concluyen que la relación de otros dos repartidores es mercantil y no laboral.
En el caso de Glovo en total ha ganado cuatro demandas, mientras que ha perdido cinco: tres en el juzgado de lo social número 1 de Madrid, ganadas por el sindicato UGT; otra en el juzgado número 33 de Madrid, también interpuesta por el mismo sindicato; y la quinta presentada por el sindicato CSI (Corriente Sindical de Izquierda) en Gijón.
La muerte de un repartidor en Barcelona a finales de mayo disparó de nuevo las denuncias.
La última gran crisis
El 25 de mayo se produjo el fallecimiento de un mensajero nepalí de 22 años de Glovo. Se llamaba Pujan Koirala y murió atropellado en la Gran Vía de Barcelona por un vehículo del servicio de limpieza del Ayuntamiento.
Había llegado desde Berlín hacía cuatro meses y no tenía papeles. A pesar de su situación administrativa irregular y de que utilizaba el perfil de otro 'rider' para trabajar, era bastante conocido entre la comunidad extranjera de trabajadores de Glovo, donde muchos de ellos son ciudadanos pakistaníes.
Uno de los grandes sindicatos del país, UGT, se apresuró a denunciar ante la Fiscalía a la compañía, para que investigue la muerte de este mensajero y se depuren las responsabilidades de la empresa.
Dos días después un centenar de personas se concentraron ante las oficinas de la empresa reclamando que esta tragedia se considere un accidente laboral. Durante la concentración, los mensajeros prendieron fuego a varias mochilas de Glovo (además de dos neumáticos y varias cajas) como protesta por la inseguridad en la que desarrollan su trabajo. Un grupo de manifestantes tiró huevos y tomates a la fachada de la sede.
Además, la comunidad nepalí se organizó para llevar a cabo una colecta para repatriar el cuerpo del 'rider'. "Su familia quiere tenerlo allí, quiere ver su cuerpo", explicaba otra repartidora nepalí, Susan, en declaraciones a La Vanguardia.
Repartidor ilegal: tráfico de perfiles
El fallecido no estaba registrado en la plataforma de reparto de comida Glovo, como admitió la propia compañía a través de un comunicado. Aún así la empresa anunció que asumiría los gastos que hubiera cubierto su seguro si hubiera sido un empleado legal. Además, indicaron que el hecho de que el trabajador nepalí "llevara una mochila de Glovo hace suponer que pudiera estar utilizando una cuenta de un tercero", lo que constituye una práctica ilegal.
Esta práctica de explotación de un perfil por más de un trabajador, que Glovo ha declarado conocer, es utilizada en la mayoría de las ocasiones por inmigrantes sin permiso de residencia o trabajo, que ven de esta manera la forma de obtener ingresos para su manutención.
Los repartos de una misma cuenta se suelen hacer de manera altruista entre compañeros o también con pactos económicos en los que el mensajero subarrendado solo cobra una parte de sus servicios y el resto va al titular de la cuenta.
Cascada de procesos en Barcelona y éxito de nueve 'exriders' de Deliveroo
Justo después de la tragedia del joven nepalí comenzó el primero de la cascada de juicios contra la competencia de Glovo, Deliveroo, que se espera en Barcelona. El 5 de junio se desarrolló la vista oral en la localidad cercana a Barcelona de l’Hospitalet de Llobregat, en el juzgado de lo social 31 de Barcelona, en la que 9 exrepartidores de Deliveroo alegaban operar como falsos autónomos y que la empresa les controlaba y penalizaba.
Este es tan solo uno de los 16 procesos que se están celebrando en Barcelona desde mayo de 2018 de 'exriders' de Deliveroo, representados por el Colectivo Ronda, que manifestaron tener una relación laboral y que les despidieron por su actividad sindical, tras las protestas y huelgas de junio y julio de 2017, en las que reclamaban por sus condiciones laborales.
Los exrepartidores dijeron que la compañía sabía donde se encontraban en cada momento gracias a la geolocalización de la aplicación. También sostuvieron que la empresa les llamaba si iban por un recorrido que no era el predeterminado por la aplicación o tardaban más de lo previsto en entregar el envío.
Asimismo afirmaron que si dejaban de trabajar por motivos personales, era difícil que les volvieran a asignar trabajo y, además, tenían que justificar sus ausencias. Además, señalaron que no tenían libertad para trabajar en el mismo horario para otras empresas de reparto, como Glovo.
En esta vista oral, el abogado de Deliveroo, Román Gil, llegó a defender que se dejó de contar con los servicios de uno de los 'exriders' denunciantes porque repartía folletos en los que alertaba de sus condiciones laborales, lo que suponía "dañar" la imagen de la multinacional.
Unos días después, el 13 de junio, se hizo pública la sentencia en la que el juez condenó a Deliveroo a readmitir e indemnizar a los nueve exrepartidores. La sentencia considera probada la vulneración de los derechos de los mensajeros al extinguir sus contratos. Así, debe readmitirles y pagar a cada uno 6.251 euros como indemnización (algo más de 56.000 euros en total), además de abonarles la parte proporcional que les corresponde en concepto de vacaciones.
No solo Glovo y Deliveroo... la 'uberización' de la economía o la 'economía de las plataformas'
Glovo, Deliveroo o UberEats, entre otras firmas, ven peligrar su modelo de negocio después de las sentencias conocidas en los últimos meses. Estas empresas alegan que sus trabajadores son autónomos porque tienen flexibilidad horaria y libertad en su trabajo. Los 'riders' y los sindicatos opinan, por el contrario, que deberían tener contratos laborales y los derechos asociados.
Lo que parece cierto es que este tipo de economía de plataformas da lugar a negocios que no parecen viables económicamente si no es a costa de reducir los costes en materia de personal.
Pero para los trabajadores supone muchos más que tener menos ingresos. Supone también no tener derecho a un subsidio por desempleo, peores condiciones en las bajas por enfermedad o no tener derecho a unas vacaciones remuneradas, entre otras cuestiones.
En otros sectores la reducción del gasto de personal se consigue empleando a muy pocas personas, como es el caso de la plataforma de alquiler de habitaciones o pisos Airbnb.
La alternativa
Desde la plataforma de repartidores RidersxDerechos han trabajado en una aplicación para lanzar un modelo de negocio que haga la competencia a Glovo o Deliveroo, pero bajo el signo de una cooperativa.
Esta plataforma se creó en 2017 para luchar por los derechos de los riders. Desde entonces se han manifestado, han hecho huelga y han denunciado lo que consideran despidos improcedentes por exigir sus derechos.
En abril de 2018 constituyeron la cooperativa Mensakas SCCL, "gestionada por la gente que trabaja y donde todo el mundo tendrá contrato laboral y cotizará debidamente a la Seguridad Social", como dicen en su página de la plataforma de crowfunding goteo.org, desde donde consiguieron el año pasado la financiación suficiente para lanzar la app, algo más de 18.000 euros.
Mensakas lleva desde principios de año trabajando en Barcelona, mientras que más recientemente ha comenzado a funcionar La Pájara Ciclomensajería en Madrid también dedicada al reparto de comida y los recados. Porque ciclomensajerías, como tales, ya había habido en diferentes zonas del territorio español, como La Vuelta al Mundo de Córdoba o Trébol Ecomensajeros, también en Madrid, pero la especialización en el reparto de comida ha eclosionado en la era de las apps y las plataformas, a la par que la lucha por los derechos de los trabajadores de estas multinacionales.
Nuria López
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