Juan Collado, el abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, y otros altos personajes de la política mexicana, movió 120 millones de dólares en cuentas bancarias asentadas en Andorra, entre 2006 y 2015.
Las cuentas de Collado —quien fue detenido el pasado 9 de julio por los cargos de delincuencia organizada y operaciones de dinero de procedencia ilícita— fueron congeladas por las autoridades de Andorra, en 2015, por presunto blanqueo de capitales. No obstante, la investigación contra el abogado en el Principado se frenó tras la intervención de las autoridades mexicanas.
El Gobierno de Peña exculpó a Collado
De acuerdo con información publicada por el diario español El País, Collado controló 24 cuentas abiertas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), cuyos titulares eran sociedades radicadas en Antillas Holandesas, lugar considerado como un paraíso fiscal.
En 2015, las cuentas de Collado y otros clientes de BPA fueron congeladas por presuntas irregularidades del banco. Esto provocó que el abogado mexicano fuera investigado por autoridades de Andorra.
En julio de 2016, Collado declaró ante una juez de Andorra que había movido fondos millonarios a cuentas de aquel país, debido a que su principal preocupación "era guardar la confidencialidad del patrimonio".
En 2017, la Policía de Andorra advirtió que las casas de empeño y préstamos operadas por Collado en México estaban "totalmente expuestas a blanqueo del narcotráfico y otras actividades delictivas por su exposición con Personas Políticamente Expuestas del Gobierno mexicano".
Sin embargo, la investigación contra Collado fue archivada en octubre de 2018, luego de que la entonces Procuraduría General de la República (actual Fiscalía General de la República) emitiera una resolución que decretaba el no ejercicio de la acción penal contra Collado, ya que el Gobierno de Peña Nieto declaró entonces que el abogado había obtenido "ingresos lícitos".
La intervención de la PGR, a pocos días de que concluyera el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, impidió que las autoridades de Andorra sancionaran a Collado.
El abogado indicó que el dinero depositado en el país europeo había sido obtenido de su actividad empresarial.
"En los últimos 14 años he generado unos ingresos personales exclusivamente como honorarios de aproximadamente 45 millones de dólares", señaló Collado en una declaración ante un juzgado de Andorra.
La importancia del caso
Pero la historia dio un giro con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México.
La Fiscalía General de la República detuvo a Collado —amigo de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto— por operar un presunto fraude en la sociedad financiera conocida como Caja Libertad, controlada por Collado, para simular operaciones de compraventa de inmuebles y créditos.
Este asunto fue calificado por la FGR como "un elaborado esquema operativo" para lavar el dinero, de acuerdo con el expediente presentado contra Collado.
El caso contra el abogado se sustenta en la denuncia que realizó un empresario y socio de la empresa Caja Libertad, Sergio Bustamante, quien presentó una serie de documentos y acusó a los expresidentes Salinas de Gortari y Peña Nieto, así como a otros políticos mexicanos, de ser los verdaderos dueños de la sociedad financiera.
Collado ha sido señalado de ser el abogado del grupo político tildado por el presidente López Obrador como "la mafia del poder".
El litigante ha defendido a personajes señalados de corrupción como Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero, y Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente mexicano y quien estuvo preso por delitos como enriquecimiento ilícito.
También ha sido representante legal de Diego Fernández de Cevallos, uno de los líderes históricos del conservador Partido Acción Nacional (PAN), y del empresario Carlos Ahumada, vinculado al caso de los videoescándalos que sacudieron la política mexicana en 2004 y 2005.
En mayo pasado, varios personajes de alto perfil acudieron a la boda de la hija de Collado, incluyendo a los expresidentes Salinas de Gortari, Peña Nieto, así como tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y políticos del PRI.
La cantidad de políticos de alto perfil que se dieron cita durante el evento social fue un tema que levantó controversia en la opinión pública mexicana.