Una ley para endurecer penas contra tomas y cortes de carreteras enciende el debate en México

La represión contra estudiantes en Jalisco y la creación de una ley contra activistas en Tabasco, estados ubicados al occidente y sur de México, respectivamente, ha generado reacciones en redes ante lo que algunos analistas consideran como dos casos de 'criminalización' de la protesta social.

Un asunto que, además, golpea al Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, perteneciente al partido oficialista Morena y cercano al mandatario mexicano, fue el impulsor de la ley para imponer sanciones más severas contra quienes tomen carreteras o instalaciones federales, en un contexto donde algunos grupos sociales han expresado su descontento contra proyectos de infraestructura promovidos por el Ejecutivo.

Golpean y detienen a estudiantes en Jalisco

El pasado viernes 26 de julio, estudiantes y activistas protestaron contra el incremento a las tarifas de transporte público en el estado de Jalisco.

En Guadalajara, capital del estado, algunos colectivos de manifestantes tomaron sin violencia algunas estaciones de metro y permitieron que los usuarios ingresaran gratis al servicio de transporte, como forma de protesta por el incremento en el precio del pasaje, de 7 a 9,50 pesos (0,37 a 0,5 dólares), en la principal ciudad del estado.

Tras las protestas, policías golpearon y detuvieron a algunos de los manifestantes que manifestaron en la estación Plaza Universidad del Tren Ligero. 

La manera en que los uniformados golpearon a los activistas fue registrada en algunos videos subidos a redes sociodigitales.

Las imágenes causaron indignación entre amplios sectores de la población jalisciense, que durante el fin de semana convocaron a marchas con el objetivo de exigir la renuncia del gobernador Enrique Alfaro, a quien acusaron de reprimir a los estudiantes.

Las protestas provocaron que Alfaro respondiera con un mensaje en video, en el que defendió el alza a las tarifas de transporte público y acusó a sus adversarios políticos de organizar manifestaciones en su contra. 

"En Jalisco no se tolera el vandalismo y la violencia como forma de expresión política", dijo Alfaro. "Lo que sucedió en una estación del tren ligero no es una manifestación, sino una provocación", agregó. 

Una declaración que, sin embargo, no detuvo las críticas en contra del mandatario regional y que se suma a un polémico contexto, atizado en la opinión pública por la posible aprobación de la "ley garrote", en el estado de Tabasco, al sur de México.

La "ley garrote" impulsada por el partido de AMLO

En el estado sureño de Tabasco, el gobernador Adán Augusto López promovió una iniciativa de ley que contempla subir las penas, de 10 a 20 años de cárcel, para quienes se manifiesten y bloqueen carreteras. La norma también prevé endurecer las sanciones para las personas que obstruyan obras públicas o privadas.

La ley fue aprobada por el Congreso de Tabasco el 29 de julio, con 21 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, pese a las protestas que se registraron en la sede legislativa por parte de ciudadanos inconformes.

La reforma contempla la inclusión de un nuevo delito al Código Penal de Tabasco para castigar a quien "impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas", imponiendo una pena de prisión de entre seis y 13 años de cárcel.

Asimismo, plantea aumentar hasta 20 años de prisión a los sindicatos que pretendan extorsionar a las empresas que realicen obras públicas y privadas.

La iniciativa, tildada peyorativamente como "ley garrote" por algunas organizaciones sociales, fue impulsada con el fin de contener las inconformidades de algunos grupos en contra de los proyectos de infraestructura impulsados por el presidente López Obrador, entre los cuales se encuentran la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

El hecho resulta contradictorio, debido a que la carrera política de López Obrador despegó a principios de la década de 1990, precisamente por promover protestas pacíficas y tomar los pozos petroleros en su natal estado de Tabasco. Según el Comité de Derechos Humanos de esa misma entidad, la iniciativa legislativa representa una incongruencia con los principios de la "Cuarta Transformación" que enarbola el actual Gobierno de México.

Sin embargo, el mandatario aseguró que la iniciativa de ley en Tabasco "no es para reprimir libertades", sino "para que no haya sobornos". Los políticos del partido Morena argumentan que el proyecto pretende acabar con las extorsiones que padecen los transportistas que laboran para la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Se está buscando corregir un vicio, que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex para poder llevar a cabo un trabajo (...) Se les extorsionaba, se les cobraba, para poder pasar, 500.000 pesos (26.000 dólares) a la semana. Eso no, así no es la cosa. Ojalá y el gobernador de Tabasco lo aclare", sostuvo López Obrador en su conferencia matutina de este lunes.

Manuel Hernández Borbolla