El Gobierno de Argentina lanzó el pasado 16 de julio el Servicio Cívico Voluntario en Valores, un programa destinado a la formación educativa y vocacional de los jóvenes considerados 'nini' (que no trabajan ni estudian), de entre 16 y 20 años. El anuncio, realizado en plena campaña electoral, despertó una profunda polémica en el país, sobre todo porque la Gendarmería Nacional, una fuerza de seguridad con capacidad militar, será la encargada de llevarlo a cabo.
Organizaciones políticas y de derechos humanos rechazaron el programa, creado en principio como una 'prueba piloto', porque sostienen que con ello se busca "militarizar" a los jóvenes de poblaciones vulnerables, cuya educación, consideran, debe ser fomentada desde las escuelas públicas mediante un mayor presupuesto.
También porque consideran que recuerda el viejo servicio militar obligatorio, creado en 1905, que reclutaba jóvenes de entre 18 y 21 años para servir a las Fuerzas Armadas, incluso en golpes de Estado o conflictos armados: en la guerra de Malvinas, murieron 273 conscriptos. La 'colimba', como se la llamaba popularmente, fue derogada en 1994 por el entonces presidente Carlos Menem, tras el crimen del soldado Omar Carrasco, torturado y desaparecido en un cuartel del Ejército.
Pero más allá de las diferencias con aquella última experiencia, el rol de la Gendarmería en los últimos años como brazo represivo del Ministerio de Seguridad despierta voces en contra del proyecto, en momentos en que el crecimiento de la pobreza y la falta de trabajo golpean a los sectores más desfavorecidos por la crisis económica.
"Un camino hacia su libertad"
Del lado del oficialismo, hay una acérrima y coordinada defensa del Servicio Cívico Voluntario. Los funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri sostienen que el plan apunta a promover valores "republicanos y democráticos" en las poblaciones más vulnerables. Más en detalle, la resolución la 598/2019, publicada en el Boletín Oficial, habla de fomentar el "compromiso personal y para con la comunidad, hábitos responsables, estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio y la promoción del desarrollo de habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes".
La inscripción para la primera etapa de la prueba piloto ya está abierta. Del total de aspirantes, el Gobierno seleccionará a 1200 alumnos, que cursarán entre septiembre y diciembre de este año.
Respecto al rol de la Gendarmería en el nuevo plan, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que esa institución es "la número uno", y que incluso es "más valorada"en la sociedad "que la educación pública".
Lo cierto es que buena parte de la población argentina apoya la medida: una encuesta de la consultora privada Giacobbe y Asociados indica que 63 % de los entrevistados a nivel nacional está de acuerdo con la aplicación del proyecto, según publica el diario Perfil.
Juan Carlos Pugliese es el responsable del sistema educativo del Ministerio de Seguridad, y ocupa el cargo de subsecretario de Formación y Carrera del personal de las fuerzas de seguridad. Él fue quien desarrolló el programa junto con las carteras de Educación, de Desarrollo Social y la Gendarmería Nacional.
"La población destinataria de esto es la que está en situación de vulnerabilidad, lamentablemente muy extendida, que no ha podido continuar o ha interrumpido la educación obligatoria. Por lo tanto, este programa piloto, por ahora, tiende a darles herramientas para que puedan recuperar la educación y también para que tengan elementos para poder incorporarse al mundo del trabajo, o que puedan ordenarse en su vida cotidiana", explicó Pugliese a RT.
Consideraciones aparte sobre la supuesta juventud 'nini', una pregunta que subyace es por qué brindarle formación a chicos a través de Gendarmería, una institución abocada principalmente a custodiar las fronteras, aunque, en el último tiempo, ha operado como refuerzo de la policía en barrios conflictivos y en el combate contra el narcotráfico, uno de los puntales del Gobierno de Macri en la campaña electoral.
Para Pugliese, existen prejuicios o barreras culturales entre el mundo de la educación y las fuerzas armadas o de seguridad: "Son rémoras que ya, a 35 años de la vuelta de la democracia, deberían ser superadas", opina.
"La Gendarmería es una fuerza que está desplegada en todo el país. Es la que está más cercana a los lugares donde vive la población destinataria de este programa. Además, tiene un sistema educativo completo, cuenta con el Instituto Universitario, el IUGNA, que forma parte del sistema público. Y tiene distintas escuelas que son las que están localizadas en los lugares donde esto se va a desarrollar", asegura el funcionario.
En cuanto a las críticas que hablan de una "militarización" de los jóvenes de barrios humildes, responde Pugliese: "Esto no se trata de un servicio militar. Es nada más que darle herramientas a la gente para que pueda volver a tener oportunidades en el mundo del trabajo y la educación".
Pugliese afirma que, de cien chicos que empiezan la escuela primaria, solo 50 terminan la secundaria, y 25 de ellos tienen problemas de lectoescritura.
De acuerdo al hacedor del proyecto, así como ha habido críticas, también existen apoyos, y tanto el correo como los teléfonos del Ministerio de Seguridad están "saturados de mensajes" de gente interesada en participar.
¿Existen los jóvenes 'nini'?
En el año 2015, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un organismo dependiente de Naciones Unidas, publicó un informe sobre la población joven en la región, y llamó a "superar el estigma creado" en torno a la "mal denominada generación nini", debido a que "oculta condiciones y simplifica la comprensión de la diversidad de situación de ocupación de estas personas".
De acuerdo al estudio, cerca de 30 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años de la región, 22 % del total, no estudian ni tienen un empleo remunerado, según datos de 2012. De ese porcentaje, 70 % del total son mujeres, mientras que 55 % de estas personas que no trabajan ni tienen un empleo formal se dedican a tareas domésticas o de cuidado no asalariado.
Pablo Vommaro, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), sostiene que el programa del Servicio Cívico Voluntario está "destinado al fracaso".
Este docente de la Universidad de Buenos Aires y director de Investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) asegura que se trata de un proyecto "electoralista, efectista", y que no está abordando ningún problema realmente existente. Por el contrario, afirma, se sostiene sobre algunos sentidos comunes e "ideas que circulan en los bares".
"Las políticas públicas se deben formular sobre sustentos más solidos, comprobaciones científicas, no sobre apreciaciones basadas en prejuicios o que no tienen fundamentos", manifiesta Vommaro, en diálogo con RT. Y agrega un dato: la Red Nacional de Investigadores de Juventudes de Argentina, conformada por 300 científicos de todo el país, se pronunció en contra de la medida. "La formación de jóvenes de parte de las fuerzas de seguridad contradice el enfoque de derechos al que nuestro país adhiere y la legislación que todo gobierno está obligado a seguir", dice el comunicado.
"No es solamente una cuestión política o ideológica. El lugar para las juventudes no son los cuarteles", analiza el investigador.
Para Vommaro, no hay dudas de que los jóvenes 'nini' no existen. "Lo que hay son jóvenes que no tienen empleo formal y no están incuídos en el sistema educativo. Esos jóvenes tienen tareas, la mayoría son mujeres que están muchas veces dedicadas a tareas de cuidado, posibilitando que otras personas salgan a trabajar", señala.
En la misma línea se expresó Eduardo López, docente y secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación.
"En Argentina la obligatoriedad de la educación es hasta los 18 años, de manera tal que el Servicio Cívico Voluntario se opone a la obligatoriedad del Estado de garantizar este derecho, que está plasmado en la Ley de Educación Nacional", dice el gremialista. Y añade que el proyecto "en principio, es ilegal, no acorde a la normativa vigente, y esto la ministra de Seguridad debería saberlo".
"Si hay chicos que no estudian menores de 18 años, el Estado tiene la obligación de tenderle puentes para que lo hagan. Por ejemplo, el plan Progresar, que sufrió un recorte de medio millón de becas, según denunció el Centro de Estudios Ciudad (CEC) de la UBA", afirma López.
Según el maestro, el padecimiento de los sectores más pobres del país es el que empuja a buena parte de los jóvenes a dejar la escuela: "Muchos chicos están desertando porque no les alcanza para pagar el bus o los libros. No es por vagancia".
Emmanuel Gentile
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