La cuenta regresiva empezó. La orden de desalojo puede emitirse entre el 5 y el 9 de agosto, y en las horas siguientes se espera que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires acuda al viejo edificio de la calle Santa Cruz al 140, en el barrio de Parque Patricios, donde 105 familias esperan atrincheradas para defender sus hogares con uñas y dientes ante el posible choque contra las fuerzas de seguridad, que a esta altura parece inevitable.
Allí viven 326 personas, de las cuales 131 son niños. De hecho, es común ver jugar a los pequeños en las escaleras que conectan los seis pisos del lugar, mientras los típicos olores de comidas regionales invaden los pasillos. Esos chicos, y los perros, que están por todos lados, son los únicos que se divierten, mientras la tensión ocupa cada codiciado metro cuadrado. Los mayores, por su parte, planean estrategias para aguantar la posible embestida policial.
La ocupación
En el pasado, ese edificio funcionaba como una fábrica de toallas de la marca SELSA, pero a mediados de los 90 la compañía se declaró en quiebra y cerró sus puertas. Por esos años, bajar las persianas era tendencia, mientras gran parte de América Latina incursionaba en políticas neoliberales, acompañadas por una apertura de las importaciones, que perjudicaba a la producción nacional. No obstante, hay sospechas de que el proceso de quiebra haya sido fraudulento, una práctica habitual entre patrones para cerrar una empresa, echar a los trabajadores y evitar rendir cuentas. Sucede que es difícil reclamarle a una firma sin fondos.
De una u otra forma, lo cierto es que el edificio estaba en desuso, completamente abandonado. Para 2002, Argentina atravesaba una feroz crisis económica, política y social. Así, decenas de familias decidieron ocupar la vieja fábrica con una motivación común, inmune a cualquier tipo de legislación: sobrevivir. Tener un techo lo era todo, y el déficit habitacional crecía a ritmos galopantes en las ciudades de aquel país sudamericano.
Con mucho esfuerzo y dedicación, tardaron cuatro años en poner el sitio en condiciones medianamente dignas: "Era una miseria, estaba lleno de basura. Había ratas, cucarachas y murciélagos", recuerda Victoria Narcizo, del cuarto piso, una de las vecinas más antiguas del lugar. La residente tiene 67 años, es peruana, y por la artrosis ya no puede trabajar, aunque no recibe ningún tipo de pensión. Necesita que la operen y recibir costosos tratamientos, que hoy no puede pagar.
Victoria vive con su esposo, quien se encarga de resguardar la entrada del establecimiento a cambio de unos 10.000 pesos (243 dólares), que juntan entre todos los departamentos. En el edificio también están su hija y los nietos: "Duermo con la menor de ellos, de tan solo cinco días, para darle calor", cuenta.
Organizados y en alerta permanente
Las decisiones se toman en asambleas, cada piso tiene entre dos y tres delegados que representan a sus vecinos. Como en casi todos los edificios de la ciudad, hay gastos comunes para el mantenimiento general de la propiedad, con servicio de limpieza incluido.
"La organización se da por el proceso de lucha para que no nos desalojen", explica Iliana Llanos, presidenta de la cooperativa Papa Francisco. La asociación se conformó en el 2014 para cumplir con los requisitos que exige el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y así "poder entrar al programa de autogestión de la vivienda", que contempla el otorgamiento de créditos.
Sin embargo, eso no llegó a buen puerto y ahora hay probabilidades de que terminen todos en la calle.
Lo compraron con las familias adentro
Aquella inmensa edificación, que legalmente estaba administrada por un síndico, fue subastada en el 2010. "Nosotros también queríamos comprarla", relata Victoria. Sin embargo, ganó la oferta de Mario Leonardo Ratushchy, quien se dispuso a desembolsar 1,5 millones de pesos (a fines de aquel año, equivalía a 250.000 dólares) y se quedó con el gran inmueble, que había sido refaccionado por sus propios habitantes.
Acto seguido, comenzó un litigio judicial para deshabitar la adquisición de Ratushchy, y la Justicia local le dio la razón al comprador. Así, a pesar de llegar a una instancia de apelación, el Juzgado Civil Número 60, de carácter nacional y a cargo del juez Fernando Jorge Virgilio Cesari, falló en contra de las 105 familias y la orden de desalojo puede concretarse en los próximos días.
"Ya no tenemos más instancias judiciales", lamenta Llanos. Pero aclara: "La idea es resistir". En el ínterin, y con una desigualdad de fuerzas notable, desde la asamblea se les planteó a las autoridades que un desalojo "sería muy violento porque los vecinos no están dispuestos a irse". Así, se acordó realizar mediaciones, donde también participan la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la Procuración General del mismo distrito, pero ahora las reuniones están interrumpidas, y el tiempo corre.
También se baraja la posibilidad de presentar un proyecto de ley en la Legislatura capitalina para evitar este desalojo puntual, aunque los procesos burocráticos pueden tardar y los vecinos de Santa Cruz al 140 requieren una solución urgente. Los más optimistas piensan que tal vez no se concrete el operativo policial por el costo político que podría causarle al Gobierno porteño —de la misma fuerza que el presidente Mauricio Macri— a pocos días de las elecciones primarias, que serán el 11 de agosto.
Aguantar como sea
No hay lugar para especular. Entre los vecinos hay consenso y se están organizando para hacerle frente a los uniformados. No descartan que, además de las fuerzas porteñas, también participe la Policía Federal. "El oficial de Justicia nos dijo que va a ser el operativo más grande que tuvo en su vida, van a tener que actuar otros tres oficiales además de él", advierten desde la cooperativa.
No obstante, hay determinación para intentar evitar lo peor: "La forma para aguantar es que no puedan pasar. Estamos terminando de arreglar la puerta para eso, y tenemos un procedimiento que vamos a realizar". Sobre ello, detalla: "Nos alertamos, tenemos una lista de difusión entre los vecinos. Hacemos vigilias durante la noche para ver cuándo llegan las vallas policiales. No vamos a esperarlos así nomás. Resistiremos desde adentro".
Posibles soluciones
Con este marco, Llanos critica: "Trabajamos todos estos años para lograr una solución definitiva, y al final todo termina en la nada. Con voluntad política, esto se soluciona en dos segundos".
En concreto, su propuesta es que el Gobierno porteño compre el edificio para que luego los vecinos reintegren ese dinero, o que se adquieran nuevos terrenos y les permitan tener un hogar: "Hay muchos que no se están utilizando y pueden usarse tranquilamente para un proyecto de vivienda", señala.
Por otro lado, los vecinos comentan que ninguna autoridad gubernamental se acercó al lugar para plantear una alternativa. Así las cosas, si se concreta el desalojo, la gran mayoría no sabrá a dónde ir.
En Argentina, la Constitución estipula que el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda digna, "de carácter integral e irrenunciable". RT intentó comunicarse con los equipos del Instituto de Vivienda de la Ciudad y la Secretaría de Vivienda de la Nación para saber si van a garantizar ese derecho básico, pero todavía no han respondido.
Leandro Lutzky
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