A puertas cerradas, sin acceso a la prensa, con una duración mínima de un mes, el apoyo de intérpretes de señas por primera vez en la historia en un juicio en Argentina y la participación de unos 200 testigos. Así será el juicio que comienza este lunes en contra de los curas Nicolás Corradi, de 83 años y Horacio Corbacho, de 59, y el jardinero Armando Gómez, de 49, acusados de haber abusado sexualmente durante años de menores sordos, hipoacúsicos y de escasos recursos económicos, que estudiaban y vivían en un instituto religioso en la provincia de Mendoza.
El sacerdote Corradi llegó en silla de ruedas, vestido con pantalón gris, saco azul, mirada baja y brazos cruzados. Detrás de él, el cura Corbacho, con chaqueta verde y pantalón marrón, caminaba con las manos esposadas a la espalda, al igual que Gómez. Alrededor de ellos, cinco guardias penitenciarios.
Así ingresaron a la sala 4 del Fuero Penal Colegiado de los tribunales de 2 de Mendoza los tres imputados de uno de los casos sobre abuso sexual eclesiástico más importantes de la historia argentina, y quienes están acusados de 28 delitos de esta naturaleza en contra de más de 20 niños y adolescentes sordos e hipoacúsicos de escasos recursos económicas, que estudiaban y vivían en el religioso Instituto Antonio Próvolo, ubicado en esta provincia.
La audiencia fue breve, de apenas hora y media, ya que sólo se leyeron los cargos de los acusados, quienes en caso de ser encontrados culpables podrían enfrentar penas de hasta 50 años de prisión.
"Monstruos vestidos con sotanas"
En la primera jornada de un juicio que se prevé que durará entre uno y tres meses, Alicia Arlotta, defensora de los acusados, solicitó la recusación del juez Mauricio Juan, miembro del tribunal, pero el recurso fue rechazado. Además, la abogada pidió que se transcriban las declaraciones testimoniales y que las víctimas testificaran durante el proceso, propuesta que fue impugnada por la querella y la fiscalía, ya que implicaría revictimizar a quienes fueron abusados.
Mientras los jueces, abogados defensores, querellantes y fiscales establecían la dinámica de las audiencias dentro de los tribunales, el Colectivo por la Restitución de Derechos a los Sobrevivientes del Instituto Próvolo, integrado por los familiares de las víctimas que habían realizado una vigilia, daba a conocer a las afueras del recinto una carta para exigir justicia y en la que denunciaron la complicidad de la Iglesia Católica.
"Son monstruos vestidos con sotanas que cometieron abominables crímenes contra los menores (...) Observamos cómo la Iglesia Católica ha sostenido económicamente la defensa de los acusados. La no entrega de los resultados de la investigación canónica de los enviados del Vaticano, Dante Simón y Alberto Bochatey, es una clara muestra de ocultamiento y burla hacia el sistema judicial y la sociedad en su conjunto", leyó desde las escalinatas uno de los padres de los menores abusados.
También recordó que el caso de Corradi no es aislado, ya que el sacerdote fue acusado de abuso en el Instituto Próvolo de Verona, en Italia, pero sus acciones fueron encubiertas por la Iglesia Católica con un traslado a la ciudad argentina de La Plata y finalmente a Mendoza, donde continuó perpetrando sus crímenes contra menores de edad.
"A pesar de las denuncias realizadas en Italia, el Poder Judicial de aquel país ha declarado la prescripción de estos abominables crímenes cometidos contra niños, niñas y adolescentes sordos. [Este juicio] genera interés para todos los sobrevivientes de diversos lugares del mundo que reclaman verdad y justicia contra curas y monjas que en diversas instituciones eclesiásticas han cometido abuso sistemático", dijo.
Antes, Sergio Salinas, abogado de la querella, ya había declarado antes frente a los periodistas que durante toda la causa la Iglesia no había actuado de manera neutral, sino en contra de las víctimas.
Aunque el juicio será cerrado y no se permitirá el ingreso a la prensa, reporteros nacionales e internacionales se apostaron a las puertas de los tribunales en espera de la llegada y salida de los acusados, y para entrevistar a los familiares que colgaron en las escalinatas una manta con la frase "apoyo a sobrevivientes del Próvolo de Mendoza. Con nuestras manos y nuestras voces rompemos el silencio", y pancartas con las fotos de los acusados y el lema: "No olvidamos".
La causa con más víctimas
Durante la etapa de investigación, más de 20 víctimas, que hoy son adultas y cuyas identidades se mantienen en reserva, contaron en lenguaje de señas cómo los curas y otros acusados las obligaban a practicarles sexo oral, las amarraban para violarlas, las abusaban en grupo o las hacían tener sexo entre ellas frente a los curas, entre otros relatos pormenorizados de los abusos sexuales y maltratos que sufrieron.
Los hechos ocurrieron en el Instituto Antonio Próvolo, donde menores sordos e hipoacúsicos de escasos recursos eran llevados por sus familias para que se educaran con curas, que terminaron creando una amplia y sostenida organización pedófila, que dio paso a un proceso en el que fueron imputadas 14 personas, entre ellos los sacerdotes que deberán responder por los delitos de "abuso sexual agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores".
El primer proceso judicial derivado de las acusaciones concluyó el año pasado con la condena a 10 años de cárcel de Jorge Bordón, un ex monaguillo que reconoció ocho hechos de abuso sexual denunciados por cinco ex alumnos, pero el segundo juicio, que inicia mañana, es el principal porque involucra a los curas que dirigían el Instituto.
Una vez concluido este proceso, faltarán todavía dos juicios, uno de ellos en contra de Kumiko Kosaka, una monja japonesa acusada de siete hechos de abuso sexual y corrupción de menores, que estuvo prófuga y que ahora se encuentra en prisión domiciliaria, y otro en el que serán juzgadas la monja Asunción Martínez; las ex directoras del Próvolo, Cristina Leguiza, Valeska Quintana, Gladys Pinacca y Laura Gaetán; y los ex empleados Noemí Paz (cocinera), Apolinario Choque (jardinero), Cecilia Raffo (psicóloga), Armando Gómez (administrativo) y Graciela Pascual (representante legal).
A lo largo de la investigación se descubrió que la historia había comenzado en los años 50 en Verona, Italia, sede del Instituto Antonio Próvolo, y en donde decenas de sacerdotes fueron acusados de abuso sexual contra niños y adolescentes sordos e hipoacúsicos, pero en lugar de ser juzgados, fueron enviados a otras sedes de la misma institución en otros países.
Cecilia González