Fracasa el intento de un grupo conservador que buscaba derogar la Ley Trans en Uruguay

Solo 10 % del padrón electoral asistió a las urnas uruguayas para votar en el pre-referendo que consultaba la posibilidad de derogar la Ley Integral para Personas Trans. Como se necesitaba al menos el 25 % para avanzar con el proyecto, quedó desarticulada la avanzada evangélica para el retroceso en derechos.

"El cambio profundo es cultural: si las leyes existen pero no se cumplen, pasan a ser ley muerta. Hay que seguir luchando para que la ley se cumpla", dijo a RT Delfina Martínez, impulsora de la Campaña Nacional Ley integral para Personas Trans.

La norma 19.684 fue aprobada a fines de 2018 y restablece derechos vinculados a identidad, salud, educación y cultura. Apunta a equiparar, dado que la 'igualdad' establecida en la Constitución no es tal en la realidad.

Pero incluso antes de que se aprobara, el evangelista y ex precandidato por el opositor Partido Nacional, Carlos Lafigliola, empezó a promover que se derogara y a juntar firmas para realizar el pre-referendo del pasado domingo. Si bien su partido no le apoyó formalmente, fue desde ese espacio desde donde surgió la iniciativa.

Sin embargo, antes del fracaso del pre-referendo, Iafigliola denunció que lo habían dejado "solo". "Yo creí que algún compañero del partido iba a acompañarme. No fue nadie, solo mi gente. Ha sido una campaña dura pero pudimos sensibilizar a mucha gente. Mostramos los cangrejos que se esconden debajo de las piedras en esta ley", sostuvo el también diputado suplente en una entrevista al diario El País de Uruguay.

"No hubo ninguna estructura política, religiosa o social detrás nuestro; nadie se la jugó", aseguró el político en esa oportunidad, quien dijo que había recibido "insultos y amenazas" por haber propuesto la iniciativa. Este martes, el parlamentario agradeció el respaldo de los electores que acudieron a las urnas para sufragar en la consulta.

"Voto a través del miedo"

"Fue muy complicada la previa, hubo una campaña enorme para desinformar a la gente. Despertaron una alarma social quienes impulsaban la consulta como para generar ese voto a través del miedo", contó Delfina.

Entre otras cosas, asegura la activista, buscaron instalar en la opinión pública que avanzaría lo que denominaron como 'laideología de género'. "Dijeron que se metería en las escuelas y las familias, que le quitaría la patria potestad a padres y madres, que era peligroso decirles a niños y niñas que no se nace 'varón' o 'mujer'", describió. 

Delfina Martínez, una de las impulsoras de la campaña por la Ley Trans

Pero la amenaza no alcanzó para juntar la participación necesaria. "Desde la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans queremos agradecer el haber comprendido a la situación en la que se encuentran las identidades trans por las barreras culturales", tuitearon desde la organización.

Para Delfina, en algún sentido, el domingo se liberaron de una mochila. Y destaca que todavía no pudieron disfrutar de la aprobación de la ley porque automáticamente se tuvieron que poner a militar para que no se cayera.

También contó que durante la campaña por la aprobación de la norma expusieron muchísimo su provacidad. "Dimos testimonio de vida personal, tuvimos que hacer ese trabajo para que la gente cuestionara ese mito alrededor de nuestras identidades. Hay un imaginario colectivo de que si estamos en una esquina es porque queremos, que somos todas prostitutas o drogadictas", opinó. 

A partir de contar sus historias y trayectorias en primera persona, muchos y muchas lograron empatizar. "La gente empezó a conocer nuestros sueños,nuestros proyectos de vida. Muchos de nuestros sueños se tratan simplemente de poder acceder a lo que para otros no son sueños: son derechos".

Y nada más (ni nada menos) que de eso se trata la Ley Integral: incluye la variable 'identidad de género' en los sistemas de estadística; habilita el cambio de nombre y género en el documento, según la autopercepción (sin intervención judicial); reserva un cupo laboral de un 1 % en el sector público y el acceso a programas de capacitación; asegura el derecho a la salud integral (incluyendo los tratamientos necesarios y deseados para la adecuación), la reparación histórica y el acceso a la cultura, entre otros aspectos. 

Pero muchos de esos derechos fueron tergiversados durante la campaña. Entre ellos, el de la identidad. "Decían que se iba a poder hacer sin autorización de los padres y no es así. En las infancias, pueden hacerlo con el aval de ellos o se les asigna un tutor para que el Estado los acompañe", comentó Delfina. 

La reparación histórica fue otro de los puntos en debate. "Los mamarrachos se hicieron la campaña en contra. La gente se daba cuenta de que estaban mintiendo. No tenían argumentos para sostener que nuestras compañeras —que son sobrevivientes— son privilegiadas", relató. Si bien el monto de ayuda estatal que percibirán será poco dinero, se entiende la importancia simbólica del reconocimiento de que el propio Estado ha ejercido violencia sobre los cuerpos, que ha criminalizado y encarcelado. "Es devolverles la dignidad", remató. 

Delfina Martínez, una de las impulsoras de la campaña por la Ley Trans

Otro de los derechos fundamentales que la Ley reconoce es el de la cultura. Literalmente, dice: "considérese de interés general el diseño, fomento, promoción e implementación de planes, programas y políticas culturales, así como la incorporación de la perspectiva de la identidad de género e identidades trans, en los diferentes sistemas existentes, becas, asignación de fondos y acceso a bienes culturales, de carácter público o privado".

Es un aspecto que resulta clave al momento de construcción de imágenes y de sentido común. Para Delfina, construir sus propias narrativas se convierte en una herramienta poderosísima.

"Ahora no solamente somos femeneidades, ni solamente existimos para prostituirnos o estar llenas de plumas arriba de un escenario. Ahora se empiezan a ver otros modelos, otras referencias, personas reconocidas por otras características", explicó Delfina.

En síntesis, para ella, todo se trata de habilitar el ser. "De eso se tiene que hacer cargo el Estado, de que las instituciones no sigan siendo el lugar de expulsión", concluyó. 

Ante el fracaso de la iniciativa para derogar la ley, Delfina sabe que vendrán otros intentos. Y lo que más le preocupa es que en octubre en Uruguay (así como en Bolivia y Argentina) hay elecciones presidenciales. El Partido Nacional (desde donde surgió esta iniciativa) tiene buenas chances en la competición. "Somos muy conscientes de que no escapamos a la oleada conservadora de Latinoamérica", opinó. 

En Uruguay viven 933 personas trans, según el Primer Censo Nacional llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Social. Para Delfina, son más. Y cuando se introduzca en los institutos de estadística la variable, se irá conociendo el número verdadero. Lo mismo, cada vez que las familias deciden acompañar sin expulsar: empiezan a ser visibles.

Organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su rechazo al pre-referendo, y abogaron por la continuidad de la ley.

Julia Muriel Dominzain

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