La ONU responsabiliza por primera vez al Estado mexicano de un caso de desaparición forzada
Por primera vez en la historia, el Comité de Derechos Humanos de la ONU responsabilizó al Estado mexicano por la desaparición forzada de un particular y le ordenó una investigación rápida e imparcial que permita esclarecer los hechos.
El 20 de octubre de 2010, Christian Téllez Padilla, estudiante de Ingeniería Industrial, conducía su automóvil por una calle de Poza Rica, Veracruz, cuando fue detenido injustificadamente por la Policía Intermunicipal. Una compañera suya que venía detrás de su automóvil vio cómo ocho elementos de la corporación lo apuntaron con armas y lo subieron a un coche patrulla.
Aquella imagen de Christian detenido arbitrariamente fue la última que vio su compañera Aidée, y también lo último que supo la familia de Téllez Padilla.
La búsqueda
Los familiares de Christian fueron a la Policía Intermunicipal y les dijeron que su hijo no se encontraba allí, aunque se negaron a abrir una celda con candado; posteriormente interpusieron denuncias ante la Procuraduría de Justicia de Veracruz. Un día después de la desaparición, su madre encontró el automóvil del joven, pero los funcionarios no tomaron las medidas pertinentes y contaminaron la escena.
El Comité de Derechos Humanos de la @ONU_es pidió al Estado mexicano investigar de manera independiente y exhaustiva la desaparición forzada del estudiante universitario Christian Téllez Padilla, ocurrida en octubre de 2010 en #Veracruz. pic.twitter.com/xm9Ldku0d9
— NCA_Noticias (@NCA_Tuxtepec) August 7, 2019
Unos días después, los familiares accedieron al álbum fotográfico de los elementos de la Policía Intermunicipal y la madre de Christian identificó a los policías Pablo García García, Marco Alfredo Castellanos López y Carlos Vicencio Santiago como unos de los responsables de la desaparición. Sin embargo, la acusación fue descartada por los superiores, pese a que tiempo después los elementos serían vinculados con el cártel de Los Zetas.
Ante la falta de respuesta, la familia llevó el caso al Comité de Derechos Humanos.
Pendientes
"Me desmembraron, me cortaron la cabeza, rompieron mi corazón, mi familia", así relató en 2015 lo que sentía María Eugenia Padilla, madre de Christian.
Hasta el día de hoy, ocho años y diez meses después del arresto, María Eugenia desconoce el paradero de su hijo Christian. Pero la familia del estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad del Golfo de México guarda la esperanza de que el dictamen de la ONU podría ayudar a esclarecer el caso.
"Ir a la ONU es gritar fuerte, es que todo el mundo sepa lo que le hicieron a mi hijo, a mi familia (...) A veces estoy bien y otros días me caigo, pero lo que me levanta y me da fuerza es el querer volver a abrazarlo", declaró María Eugenia, de acuerdo con un comunicado de IDHEAS, la organización que los acompañó en el caso.
Por primera vez un órgano de Naciones Unidas señala la responsabilidad del Estado Mexicano por #DesapariciónForzada. ¡Gran trabajo de @idheasdh en la lucha por la verdad y la justicia! https://t.co/tJNRITTZZI
— Ana VelaMor (@ana_velamor) August 7, 2019
Como explica Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos, México debe empezar a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, "para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado parte".
El Comité de la ONU documentó las siguientes fallas del Estado mexicano:
- No se practicaron diligencias oportunas en la búsqueda de Christian.
- Las investigaciones no fueron independientes e imparciales.
- Fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición e identificar a los responsables.
De acuerdo con el dictamen, el Estado mexicano deberá informar dentro de 180 días sobre las medidas que tome para implementar el dictamen, recordando que el 21 de marzo de 1981 México ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos junto con su Protocolo Facultativo.
Como Christian, hay más de 40.000 personas desaparecidas en México, de acuerdo con cifras oficiales.
Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, son las familias de los desaparecidos quienes han tenido que salir a las calles y recorrer fiscalías y morgues en todo el territorio mexicano para buscar a sus seres queridos.