Qué es la CICIG y por qué tiene los días contados en Guatemala
La victoria de Alejandro Giammattei en el balotaje de las elecciones presidenciales del pasado 11 de agosto en Guatemala, ha reabierto el debate en diversos temas de suma importancia en el país centroamericano.
Uno de los más polémicos está centrado en la continuidad del trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que esta semana hizo un acto público para dar a conocer su informe final.
¿Qué es la CICIG y por qué se puso en marcha en Guatemala?
La CICIG es un organismo que surgió tras la firma de un acuerdo entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en diciembre de 2006, para apoyar a las instituciones del Estado en la investigación y persecución penal de los grupos que cometen "acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos" y están "vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado", o cuentan con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas, según se desprende del documento rubricado.
Ya en 2003, Guatemala había solicitado asistencia a la ONU para investigar y ayudar a desarticular a estos grupos. El acuerdo entró en vigencia en agosto de 2007 y un mes después comenzaron las operaciones de la CICIG en el país centroamericano.
¿Qué resultados dio la labor?
En sus 12 años de funcionamiento, la CICIG investigó e identificó a más de 70 estructuras criminales de alta complejidad, más de 120 casos de alto impacto fueron judicializados y se hicieron cerca de 100 solicitudes de antejuicio; mientras, unas 1.540 personas fueron sindicadas en investigaciones del Ministerio Público y hubo 400 condenas en la justicia local, informó Iván Velásquez, jefe del organismo, en la presentación del informe final, el pasado martes 20 de agosto.
Entre los involucrados en los delitos hay expresidentes, exvicepresidentes, exministros, diputados, altos funcionarios de Estado, narcotraficantes, empresarios y alcaldes.
De acuerdo a un informe, publicado en julio pasado por Amnistía Internacional, los casos resueltos por la CICIG "guardan relación con crímenes de derecho internacional como las ejecuciones extrajudiciales, o hechos que afectan el goce de los derechos humanos, como la libertad de expresión y de prensa, el derecho a la salud o la independencia judicial".
Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 2015, cuando la CICIG dio a conocer un esquema de fraude aduanero que había sido, presuntamente, orquestado por el entonces presidente Otto Pérez Molina (2012-2015), quien renunció a su cargo, luego de tres meses de protestas en las calles guatemaltecas. El exmandatario fue llevado a la justicia y continúa bajo prisión preventiva.
También, hubo un proceso judicial contra la entonces vicepresidenta de Molina, Roxana Baldetti. La exfuncionaria fue sentenciada por "fraude, asociación ilícita y mal manejo de recursos públicos" en un caso denominado "Agua mágica", por malversar millones de un fondo estatal establecido para descontaminar un lago con una sustancia supuestamente especial, que en realidad era agua, sal y cloro. Por este caso, fue condenada, en octubre de 2018, a 15 años y 6 meses de prisión.
¿Por qué se debate sobre su continuidad?
El 31 de agosto de 2018, el presidente Jimmy Moralesanunció que no prolongaría el trabajo de la CICIG en el país, acusando al organismo de violar la Constitución.
Cuatro días después, ordenó la prohibición de ingreso al país a Velásquez, a quien acusó de haberse extralimitado en sus funciones; por ello, en la presentación del informe final de la CICIG, estuvo a través de videoconferencia.
"En esencia, la CICIG ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala, ha montado un sistema de terror", dijo el mandatario durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2018.
La decisión sobre la salida de la Comisión fue confirmada el pasado 7 de enero. Entonces, el mandatario volvió a acusar al organismo: "Funcionarios de la CICIG violaron los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país".
En esa alocución, Morales dio un plazo de 24 horas a los funcionarios de la CICIG para abandonar Guatemala y dar por terminada la labor del organismo. Sin embargo, la Corte Constitucional revirtió el anuncio de expulsión y anunció la continuidad de la Comisión hasta su vencimiento, que se dará el próximo 3 de septiembre.
¿Por qué Morales tomó esa decisión?
Morales, durante su campaña electoral en 2015, decía que extendería el mandato de la CICIG; y al iniciar su gobierno apareció en varias conferencias de prensa junto a representantes del Ministerio Público y el organismo de la ONU.
No obstante, a principios de 2017, su percepción sobre la CICIG cambió. El quiebre ocurrió cuando fue develado un caso de presunta corrupción que involucraba a su hijo y a su hermano, José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera, respectivamente. Ambos eran acusados de supuesto fraude y lavado de activos en el caso "Botín registro de la propiedad", por, presuntamente, emitir facturas falsas con las que habrían defraudado 12.000 dólares al erario público.
También, hubo acusaciones directas contra el mandatario, a quien investigan por presunta financiación electoral ilícita.
Las averiguaciones contra Morales no prosperaron, debido a la negativa del Congreso de Guatemala de retirar inmunidad al mandatario. En tanto, su hijo y su hermano fueron absueltos el pasado lunes 19 de agosto.
¿Qué ha dicho Giammattei sobre la CICIG?
En varias entrevistas, cuando es consultado sobre el tema, el mandatario electo ha dicho que "la CICIG se acabó" y que respetará la decisión del gobierno de Morales.
"Para nosotros se abre un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción", dijo en una entrevista reciente con RFI, en la que señaló que su gobierno creará una comisión nacional anticorrupción y solicitarán apoyo internacional para ello.
"Haremos todos los esfuerzos necesarios para lograr desarrollar el país combatiendo esa maldita y asquerosa corrupción en la que nos han tenido inmersos", añadió.
¿Por qué Giammattei reacciona de esta manera?
Giammattei tiene un pasado amargo con la CICIG. En 2010, el organismo abrió un proceso contra el ahora mandatario electo, por el caso de la "Operación Pavo Real", ocurrida en 2006, cuando el político era jefe del sistema penitenciario del país centroamericano.
La operación, alegó Giammattei, tenía como objetivo recuperar el control de la Granja Penal de Pavón, una cárcel ubicada en las afueras de Ciudad de Guatemala. El operativo se realizó con alrededor de 3.000 efectivos policiales, del ejército y guardias penitenciarios, y dejó un saldo de siete presos muertos, según el entonces jefe penitenciario, por enfrentamientos.
En la investigación presentada en 2010, la CICIG informó que no se trató de un operativo para tomar el control de Pavón, sino la ejecución extrajudicial de varios presidiarios. El organismo mostró fotografías que evidenciaron a los cadáveres con torturas y con heridas de bala desde corta distancia.
Giammattei fue a la cárcel durante 10 meses; en mayo de 2011, el Tribunal Primero de Alto Riesgo decidió cerrar el caso por falta de pruebas.
¿Y qué dice la gente sobre la CICIG?
El día de la entrega del informe final, dentro del recinto donde se llevó a cabo el evento, hubo voces a favor y en contra de la CICIG.
Algunas personas gritaron consignas contra el organismo y mostraron carteles con mensajes de reclamo a la CICIG, lo que obligó a suspender momentáneamente la presentación.
Entre los manifestantes estaban familiares de algunos de los acusados en los casos que manejó la CICIG, como allegados de Francisco y Estuardo Valdés Paiz —cuyo caso se cerró en 2017—, señalados de ser los autores intelectuales del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, que fue polémico en el país porque involucraba a funcionarios del Gobierno.
"Nuestra familia fue perseguida por CICIG, fuimos acusados y extorsionados injustamente", se leía en un cartel.
En contraparte, según una encuesta divulgada en abril pasado, el 72 % de los guatemaltecos aprobaba, para entonces, la labor de la polémica comisión.
Edgar Romero G.
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