Hablar de hambre en Argentina, un país productor de alimentos como pocos en el mundo, ha incomodado siempre a todos los gobiernos. Esta vez, le toca al del presidente Mauricio Macri, quien llegó al poder en diciembre de 2015 bajo la promesa de alcanzar la "pobreza 0", un anhelo que en términos concretos ha quedado más lejos que en el inicio de su gestión.
Llegando al final de su mandato, y luego de una contundente derrota electoral en las elecciones primarias de agosto, la oposición presentó un proyecto de ley en Diputados para declarar la "emergencia alimentaria", con el objetivo de incrementar los insumos en comedores comunitarios y escolares de todo el país, y ampliar los programas de asistencia hasta 2022. Se trata de un reclamo que las organizaciones sociales han hecho escuchar presionando en las calles desde hace varios meses, con movilizaciones y ollas populares —varias de ellas reprimidas por la Policía—, ante la creciente demanda de personas que no pueden acceder a un plato de comida.
Las estadísticas oficiales sobre pobreza e indigencia en el país sudamericano permiten a simple vista trazar un panorama de gravedad en cuanto al deterioro social de las clases menos favorecidas en los últimos cuatro años. Según las cifras dadas a conocer en marzo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el segundo semestre de 2018 la pobreza alcanzó al 23,4 % de los hogares y al 32 % de las personas; mientras la indigencia afectó a 6,7 % de la población. Ya son datos muy desactualizados: con la histórica devaluación del peso que hubo en agosto —que se traslada directamente en un aumento de precios, principalmente en alimentos—, se anticipa un mayor índice de pobreza para la primera mitad de 2019.
Ante este contexto, los legisladores opositores lograron el pasado lunes unificar un proyecto de ley para declarar la 'emergencia alimentaria', que será tratado este jueves en una sesión especial en el Congreso.
El texto propone "un incremento de emergencia como mínimo del 50 % de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición". Y apunta a "cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años, en situación de pobreza".
Desde el oficialismo señalan que no intentarán trabar la iniciativa, aunque advirtieron que la emergencia alimentaria está vigente desde 2002, cuando fue declarada por ley luego de la grave crisis económica de 2001. Esa normativa venció el 31 de diciembre del mismo año en que fue aprobada, aunque se fue prorrogando mediante otras leyes complementarias. La última se sancionó en 2016 y declara la 'emergencia social' hasta el 31 de diciembre de 2019, pero solo aplica a "trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular", no así a comedores y merenderos.
Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social indicaron a RT que prefieren no opinar sobre el tema hasta que se debata el proyecto en el Congreso.
"La necesidad es más grande"
"Yo les doy hasta donde me alcanzan las cosas. Más milagros no puedo hacer", le dice a este medio Irma Méndez Hidalgo, una jubilada de 67 años que dirige un comedor comunitario en la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Aquí vienen niños, y muchas veces sus padres, a tomar la merienda en la tarde y cenar en la noche.
Según 'Chile', como la llaman en el barrio los habitantes de la Villa Azul por su país de origen, la cantidad de gente que asiste al comedor 'Una esperanza para los niños', se triplicó desde 2018. Actualmente atiende entre 250 y 300 personas de lunes a viernes, salvo feriados. "La necesidad es más grande desde que comenzó esta crisis. La plata ya no alcanza para nada desde que empezaron los aumentos", explica.
Horas antes de atender a este medio, Irma recibió mercadería enviada por el Gobierno nacional, pero las cantidades son las mismas a pesar del aumento de la demanda. "Tenemos más gente, así que me tienen que dar un poco más", dice. Y agrega: "Igual siempre tratamos de hacerla alcanzar". Ella y su marido, también jubilado, comen "la misma comida" que le ofrecen a los vecinos que llegan al comedor.
Además de la asistencia del Estado, 'Chile' recibe ayuda de entidades privadas o gente que la conoce y le dona comida, juguetes o vestimentas. Pero cada dos meses, tiene que comprar el gas con el que cocina con el dinero de su jubilación. Cobra 6.600 pesos (unos 117 dólares) y gasta 2.600 (46 dólares) en una garrafa.
Irma cuenta que los días que no atiende el comedor, se acercan vecinos a pedir: "'Chile, no tiene para darme un paquete de arroz?', me dicen. No me queda otra que darles lo que tengo".
"Una mirada humanitaria"
Para el diputado Leonardo Grosso, del Movimiento Evita y uno de los impulsores del proyecto, la situación es de "catástrofe", porque Argentina está atravesando "una de las peores crisis económicas y sociales" que tuvo en su historia. Según el legislador, es comparable, en términos de retroceso social y falta de trabajo y alimentos, a la debacle de 2001.
"Los comedores y los merenderos están abarrotados de gente. No solo van a comer los niños y las niñas sino también los trabajadores y los jubilados, que no pueden garantizarse el abastecimiento de comida diaria", advierte en diálogo con RT.
Grosso rechaza la acusación del Gobierno en cuanto al supuesto aprovechamiento político de la situación por parte de la oposición, y acusa una falta de responsabilidad y sensibilidad de los funcionarios que administran la Casa Rosada.
"El propio Indec dice que hay 3.600.000 personas por debajo de la línea de indigencia. Eso quiere decir que son personas que no llegan a cubrir las cuatro comidas diarias, en un país que es productor de alimentos, que produce para 20 veces su población", sostiene.
Y agrega: "No se trata de una mirada política sino de una mirada humanitaria. Cualquier medida que se establezca en la Argentina para contrarrestar el hambre, llega tarde".
Para el diputado, el Gobierno debería dar una respuesta urgente al problema, y podría haberlo hecho de manera más sencilla si el presidente sacaba un decreto "para evitar todo ese tiempo burocrático" que implica la sanción de una nueva norma: "Nosotros no queremos hacer una ley, queremos resolver el problema de la emergencia alimentaria".
Emmanuel Gentile
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