La ONU insta a Argentina a derogar la reforma migratoria impulsada hace dos años

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) rechazó este viernes la reforma migratoria impulsada por el Gobierno de Argentina en 2017 —que se estipula la deportación de extranjeros que hayan cometido algún delito—, por lo que solicitó la modificación de la misma al considerar que "no cumple con los fundamentos básicos de la Convención Internacional".

En el marco de una convención realizada en Ginebra, Suiza, el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas instó a que el país sudamericano "adopte medidas inmediatas para derogar en la instancia pertinente el Decreto número 70/2017 y, en tanto este proceso concluye, suspender su aplicación".

Respecto a esta solicitud, el organismo multilateral se refirió al decreto presidencial que promulgó el presidente Mauricio Macri, y que altera directamente el texto de la ley de Migraciones 25.871 y la de Ciudadanía 346. La normativa, que no fue tratada en el Congreso Nacional, endurece los fundamentos de expulsión para inmigrantes, tanto por delitos cometidos como por permanecer en el territorio en situación irregular. 

El órgano de las Naciones Unidas destacó, además, que la decisión del Ejecutivo "fue contraria a los mandatos de la Convención Internacional para los derechos migrantes", ratificada por Argentina en 2007. Asimismo, recordó un fallo de la Justicia local que declaró "inconstitucional" el decreto y que se encuentra a instancias de la Corte Suprema de Justicia. 

Por esa razón, los integrantes del comité, conformado por 14 especialistas de diferentes regiones, solicitaron la revisión de "por lo menos 125 casos de expulsión que afectan el derecho a la unidad familiar", informados por la Defensoría General de la Nación. 

Los casos de deportación a investigar

La organización internacional tomó como ejemplo de deportación ilegítima el caso de Vanessa Gómez Cueva, de nacionalidad peruana, quien fue expulsada de Argentina a principios de este año en un cuestionado proceso, dejando solos a dos de sus hijos pequeños.

El proceso de deportación se dio debido a que, en 2013, la mujer fue condenada a un juicio abreviado por venta de estupefacientes. Luego de cumplir la pena de cuatro años de prisión (que se redujo por buena conducta) en la cárcel de Ezeiza, Vanessa se graduó de enfermera y, en 2015, solicitó renovar su residencia, pero las autoridades oficiales se la negaron y comenzaron con el proceso de expulsión, debido a sus antecedentes penales.

Tras el esfuerzo del Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, la madre pudo regresar al país a comienzos de este mes. Sin embargo, en la solicitud planteada hoy, los integrantes del organismo pidieron la revisión de los casos de Liz Moreta, originaria de República Dominicana, y de Johnny Quiróz, oriundo de Bolivia y expulsado por tener causas penales abiertas. 

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