Andrea Guadarrama.
"Tiene algunas cosas que pueden ser preocupantes, como que quien otorga la amnistía es la Fiscalía General de la República y en el caso del delito de sedición, la Secretaría de Gobernación y no un juez".
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Los pros y contras de la Ley de Amnistía de López Obrador en México
El Ejecutivo mexicano entregó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, a fin de ser aprobada este mes.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hablado de amnistía desde que era candidato a la Presidencia. Ya como mandatario electo, en octubre pasado anunció que una vez que asumiera el poder emitiría un decreto para liberar a los presos políticos a través de ese recurso.
Paralelamente, y ante una crisis de violencia que no ha podido ser atendida en su totalidad por las instituciones y mecanismos ordinarios de justicia, la discusión sobre la necesidad de diseñar e implementar una política de justicia transicional se acentuó.
Este 16 de septiembre, en el marco de la conmemoración de la Independencia de México, el titular del Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley de amnistía para beneficiar a personas que no han cometido delitos graves, como mujeres encarceladas por aborto o personas que no tuvieron una defensa adecuada.
La ley de amnistía que propone el Gobierno de López Obrador sería aplicable para delitos como robo simple, consumo de drogas, práctica de aborto y sedición. "Tiene que ver con gente humilde que no tuvo abogados, mujeres ancianos, indígenas que no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió ni ayudó; y los delitos por los que son acusados no son graves, no son delitos de sangre, de violencia", explicó este martes el mandatario latinoamericano en su tradicional conferencia de prensa.
¿Esfuerzo aislado?
Andrea Guadarrama, abogada especializada en derechos humanos y justicia transicional, advierte que la iniciativa no está vinculada a un proceso más complejo de reconciliación y pacificación. "Parece un esfuerzo aislado, sin que lo hayan pensado mucho en términos operativos. Además de que tiene algunas cosas que pueden ser preocupantes, como el hecho de que la otorgue la Fiscalía General de la República (FGR) y, en el caso de la sedición, la Secretaría de Gobernación (Segob), en vez de un juez", expone en entrevista con RT.
Otro de los aspectos sobre los que la especialista llama la atención es que la iniciativa de ley no establece ninguna vinculación a un programa de reinserción de las personas liberadas lo que, a su juicio, pone en la mesa el conflicto sobre el acompañamiento posterior a los beneficiarios de la medida.
"Cuando se pensaba como parte de una política de justicia transicional, tenía más sentido (...) De hecho, está probado que cuando la amnistía se hace a la par de estrategias de verdad y de justicia puede tener un resultado muy positivo, pero [en este caso] se lanza como una acción un poco solitaria, que no corrige ningún problema estructural", destaca.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
"Todo esto se está analizando, tiene que pasar desde luego por la autorización de las víctimas, se tiene que valorar el tipo de delitos y, desde luego, el compromiso de no volver a cometer ilícitos".
Sin embargo, el presidente mexicano declaró que el mecanismo de reinserción de las personas excarceladas está en proceso de evaluación. "Todo esto se está analizando, tiene que pasar desde luego por la autorización de las víctimas, se tiene que valorar el tipo de delitos y, desde luego, el compromiso de no volver a cometer ilícitos", refirió.
El Gobierno de López Obrador planea acompañar la ley de amnistía con una serie de acciones como la atención a los jóvenes; labores en seguridad pública de la Guardia Nacional; una campaña para disminuir el consumo de drogas; el combate a la corrupción; el respeto a los derechos humanos; y el control de las armas procedentes de EE.UU., este último aspecto planteado a la Administración de Donald Trump la semana pasada.
Una política de Estado
Para Guadarrama, debe priorizarse la implementación de la justicia transicional como política de Estado, a través de una ley o una reforma constitucional.
"Amnistiar a las personas puede ser una buena moneda de cambio para una situación muy crítica", puntualiza la especialista, tras resaltar que México no solo afronta una situación de violencia agravada, sino también altos índices de impunidad.
El nivel de impunidad en México es de 98,86 % y existe una tasa de delitos que no se denuncian y ni se investigan de 93,6 %, según datos de la asociación civil Impunidad Cero.
La iniciativa de la Ley de amnistía fue enviada a la Cámara de Diputados, donde este miércoles se prevé que sea presentada ante el pleno para que inicie su proceso legislativo, a fin de ser aprobada en este mismo mes.
"El Gobierno tiene que ser un poco más inteligente en cómo suelta esta carta, tal vez no están ampliando el espectro de todo lo que podrían amnistiar, a cambio de información muy importante para la persecución penal y la construcción de una narrativa de verdad", concluye la experta.
Paola Morales
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