La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) que declare "inconstitucional" los decretos del presidente Jair Bolsonaro que flexibilizan el porte y la posesión de armas.
Dodge considera "inconstitucionales" seis decretos y tres de ellos siguen en vigor. El martes, en su último día como procuradora general, se mostró a favor del recurso presentado por el partido Rede Sustentabilidade y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) para eliminarlos.
"Los decretos violan el principio de separación de poderes" y sustituyen el papel del Legislativo "en la toma de decisiones sobre políticas públicas en relación al porte y la posesión de armas", explicó.
La política de armas de Bolsonaro
El porte de armas es la autorización para llevar un arma fuera de casa, mientras que la posesión solo permite tenerla dentro de la vivienda.
La política armamentística de Bolsonaro recibió desde el principio de su mandato el rechazo de buena parte del arco político de Brasil, así como también de parte del Poder Judicial y organismos de Derechos Humanos.
Las fuertes críticas y la falta de apoyo en el Congreso obligaron al presidente a revocar algunos de los decretos y añadir nuevas normativas en las que se eliminan cuestiones que generaron controversia, como extender la validez del registro de armas de cinco a diez años o permitir que niños menores de 14 años pudiesen practicar tiro deportivo.
En los decretos iniciales también se ampliaba el porte de armas a 20 categorías profesionales, entre ellos, camioneros, políticos o periodistas, y flexibilizaba el acceso a munición de uso restrictivo.
Según un estudio del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), en 2018 se registraron 57.341 asesinatos, frente a los 64.021 en 2017. A pesar de la reducción (10%), las cifras siguen siendo altas.
Marielle Franco
Dodge también anunció que ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ) contra cinco personas por "interferencia" en las investigaciones de los asesinatos en Río de Janeiro de la concejala Marielle Franco y su conductor Anderson Gomes. La fiscal pidió la apertura de un caso federal para encontrar a los autores intelectuales de los asesinatos.
Tan solo dos días antes del aniversario del asesinato, dos policías fueron detenidos en Río de Janeiro. Sin embargo, según Dodge, hubo una "inercia" en el momento de identificar a los autores intelectuales.
El 14 de marzo de 2018, Marielle volvía a su casa por la noche tras un acto político cuando desde un vehículo le comenzaron a disparar. La concejala, de 38 años, murió acribillada, al igual que su conductor. Su asistente de prensa, que viajaba con ellos, logró salvarse.
Este miércoles, asumió el cargo como fiscal general interino de Brasil Alcides Martins.
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