Es peruana, trans, estaba detenida sin condena en Argentina y quedó parapléjica por falta de atención médica

Mónica Mego fue detenida sin condena. Es peruana, trans y tiene 36 años. Por falta de atención médica en la cárcel, hoy está en silla de ruedas, dolorida y sin control de esfínteres. Denunció al Servicio Penitenciario Bonaerense por maltratos y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La historia desnuda la vulnerabilidad de la población trans en las cárceles bonaerenses. "Los funcionarios sostienen que la cárcel es igual para todos y eso no es cierto: la discriminación, el racismo y la heteronorma en la cárcel se potencian, se amplifican", narra a RT Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans, la organización que acompaña sus denuncias.

Mónica quedó detenida a mitad de septiembre del año pasado acusada de tráfico de estupefacientes. Primero la llevaron a la Alcaldía de La Plata (Provincia de Buenos Aires). En ese momento comenzó a notar molestias en la espalda y entonces empezaron también la serie de maltratos y falta de atención que la llevaron a la delicada situación de salud actual. "Ella entró caminando y salió en silla de ruedas: acá hay responsabilidad del Estado", opina Vásquez Haro.

En febrero la trasladaron a la Unidad 32 de Florencio Varela. Ahí empezó a agravarse su salud: se sentía peor, tenía fiebre y escalofríos. Según su relato, pedía médico y no le daban importancia. También solicitó 'asistencia extramuros' y se la aceptaron pero nunca sucedía el traslado. "Hubo una secuencia de omisiones y negligencias de lo penitenciario y la connivencia de la parte de seguridad del penal: el sistema de encierro, el acceso a la salud está mediado por la seguridad", dice Ignacio Di Giano, director de recepción de denuncias del Comité Contra La Tortura de la Comisión Provincial por La Memoria (CPM).

Según la información que recopila la organización, "únicamente se limitaban a derivarla momentáneamente al área de Sanidad, en donde sólo le proveían ibuprofeno y paracetamol para mitigar los dolores y la fiebre". En el mismo informe de la CPM indican que a Mónica los dolores le impedían conciliar el sueño. Tampoco podía pararse ni caminar por sus propios medios, la ayudaban sus compañeras. A veces, del dolor, lloraba.

En el medio también pasó por etapas en las que la enviaron a 'aislamiento' (sector de Separación del Área de Convivencia). La dejaron sola en una celda, denuncia que dormía en el piso, sin colchón. No veía a alguien durante horas y como no se podía valer por sí misma, todo era imposible. 

En la madrugada del 21 de marzo pidió ayuda a los agentes del Servicio Penitenciario para sentarse en una silla, no podía moverse. Le respondieron que no era su trabajo ayudarla. Finalmente llamaron a un empleado de sanidad pero no pudo soportar el peso de Mónica y, como consecuencia, la mujer trans se cayó al piso y se golpeó. 

Ignacio Di Giano - Recepción de denuncias - Comité contra la tortura

Di Giano relata que como la unidad en la que ella estaba no tiene una sanidad compleja, por eso muchas veces la trasladaban a otra en el mismo complejo. "Llegó a estar casi un mes internada, se le hicieron algunos estudios. Ella transmitía lo que le pasaba pero nunca la atendían adecuadamente", explica. Tiempo después siguió con dificultades para caminar y un día hasta se desvaneció. 

Ante el reclamo de sus compañeras de pabellón, la llevaron a la Unidad 23 del mismo complejo para que la revisaran. Vásquez Haro cuenta que hicieron huelga de hambre, lo que se hace cuando todas las instancias anteriores se agotaron: "Estaba tirada en el piso y si no hubiera sido por eso, la piba seguiría ahí".

Aunque ahí debía recibir asistencia médica, sufrió discriminación, no solo por la discapacidad sino por ser mujer trans. Fue en una visita al hospital San Martín que se supo que "el foco infeccioso había llegado a la médula y eso le genera la parálisis que hoy presenta que es irreversible", detalló Di Giano. 

"Los médicos constataron que presentaba un absceso epidural por tuberculosis el cual derivó en un síndrome medular que ocasionó un daño severo e irreversible en su salud. Mónica presenta paraplejía y en razón de esto no podrá volver a caminar, deberá contar con sonda urinaria y utilizar pañales de por vida puesto que ya no controla esfínteres", indica explícitamente el informe de CPM. Si la hubieran llevado antes al médico, mucho de todo esto se podría haber evitado. 

En el medio, la visitó el defensor bonaerense Mario Coriolano, que ayudó a que la trasladaran al Hospital San Juan de Dios y luego al Hospital El Dique (trata enfermedades crónicas). Lo polémico fue que después de esa visita, un abogado presentó una denuncia ante la Procuración bonaerense en contra del licenciado acusándolo de "engañar para hacer entrar a una periodista". Tiempo después, la denuncia fue desestimada.

Mónica ahora está en el Hospital San Martín por otras complicaciones de salud. Después, volverá al Hospital El Dique para continuar con tareas de rehabilitación. 

En paralelo, la causa en la que Mónica está acusada está a punto de ser elevada a juicio. Para Di Giano, "no se tuvo la misma celeridad para atender la salud de Mónica".

Población trans en las cárceles

Un trabajo publicado por la organización de Pensamiento Penal releva la '(des)atención' de la salud de las personas trans privadas de su libertad. Allí recuerda el relevamiento que hizo la CIDH en 2015 y en el que se describían las problemáticas más habituales que sufren en contextos de encierro: desde mayor riesgo a violencia sexual hasta agresiones sexuales, discriminación, o incluso "la ubicación de mujeres consideradas masculinas en pabellones de varones donde reciben acoso, abuso sexual y feminización forzada". 

Según el documento, la última información del Servicio Penitenciario Bonaerense indicaba que son 90 las mujeres trans en ese servicio. Pero ese dato (como cualquier otro) es poco certero porque muchas veces el personal penitenciario no respeta la identidad de género (aunque en Argentina es Ley) y eso se refleja en los registros. 

Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans

La CPM denunció en repetidas ocasiones que la desatención de la salud derivó en muertes evitables. Vásquez Haro recuerda que en 2017 murieron otras compañeras: Pamela Macedo Panguro, Angie Velazquez Ramirez y Damaris Becerra Jurado. 

Pamela tenía 29, era peruana, tenía tuberculosis. Según el informe de la APP, "un mes de encarcelamiento y desatención agravaron su estado físico de tal manera que falleció, la cárcel la terminó de matar". Angie era del mismo país y tenía una enfermedad crónica que la cárcel le agravó: murió al mes de ser detenida. Damaris estuvo detenida dos años y falleció por la falta de controles y de medicamentos. "Eran amigas nuestras, teníamos vínculos muy fuertes, son los vínculos de la migración", dice Vásquez Haro.

Y es que el factor nacionalidad también está en juego. Al menos eso surge de una investigación que la organización Otrans llevó adelante y presentará pronto. "Del 100 % de personas privadas de su libertad, el 90 son migrantes del cono sur y el 100 % está privada de su libertad por la Ley 23.737 (de tenencia y tráfico de estupefacientes)", adelanta. "Ahí te das cuenta de que hay un doble perfilamiento por la identidad de género y por ser migrante", concluye. 

Julia Muriel Dominzain

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