El abuso de menores por parte de sacerdotes católicos es un tema que quedó revelado en México en los años noventa, cuando Marcial Maciel, fundador y líder de la orden sacerdotal Los Legionarios de Cristo, fue abiertamente señalado por sus víctimas como un depredador sexual, convirtiéndose en una página oscura para el Vaticano. 22 años más tarde, la Iglesia católica mexicana ha reconocido que al menos 152 padres involucrados en delitos sexuales contra niños han sido suspendidos del Ministerio Sacerdotal por órdenes de la institución religiosa.
Hoy hay clérigos que, a pesar de que han sido evidenciados públicamente por los afectados, continúan sin ser juzgados. Tal es el caso de Marcial Maciel o del Padre Fernando Martínez Suárez, quien según se estima, tras haber sido víctima de vejaciones de índole sexual se convirtió en un depredador.
"Fernando Martínez fue víctima de Maciel, no sabemos bien qué tipo de complicidad tuvo para llevar compañeros al padre Maciel, pero sí sabemos que después termina siendo un victimario, un victimario protegido, encubierto por la legión", dice el activista Alberto Athie.
Es precisamente al sacerdote Fernando Martínez a quien Ana Lucía Salazar acusa de haber abusado sexualmente de ella en el año 1991, cuando tenía ocho años. De acuerdo con su relato, todo sucedió al interior de las capillas del colegio Cumbres de Cancún, lugar al que ella y otras niñas se dirigían con el objetivo de confesar sus pecados y donde, una vez recibida su penitencia, eran trasgredidas sexualmente. Ana Lucía cuenta que su familia al enterarse habló con el obispo Jorge Bernal, director del colegio.
Según atestigua Ana Lucía, el obispo les prometió supuestamente mandar al sacerdote a un hospital para cuidar a personas enfermas. La realidad que ella descubrió 28 años más tarde fue una muy distinta. "Cuando yo me doy cuenta de que está en el Noviciado de Salamanca, digo, o sea se va a morir ese hombre y le van a condecorar diciendo que fue un sacerdote ejemplar, cuando es un pederasta", dice la victima del abuso sexual.
Al hacerse público su caso, los Legionarios de Cristo hicieron público un comunicado fechado el 8 de mayo del 2019, ofreciendo una disculpa a todas las víctimas y asegurando que el Presidium se encargaría de la investigación sobre el caso de Fernando Martínez, quien hasta este momento continúa libre, sin ministerio pastoral, en Roma.
Sus declaraciones marcaron un hito en la historia del país, pues es la primera vez que una mujer alza la voz de forma pública para imputar a un miembro de la orden religiosa. De acuerdo con juristas, en México, los sacerdotes que son acusados de delitos sexuales contra niños deben ser juzgados igual que cualquier persona civil. Sin embargo, el desarrollo de la situación ha sido muy distinto.
"Las relaciones y los acuerdos que tiene la Iglesia católica con los grupos políticos en turno han posibilitado que se construya esta protección hacia los sacerdotes, hacia los integrantes de la Iglesia católica sin que exista como tal este reconocimiento legal, entonces más bien tiene que ver con un tema de protección e impunidad", relata el abogado David Peña, coordinador jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
Desde el punto de vista legal, es clave sentar un precedente para enjuiciar a los clérigos de la Iglesia Mexicana. A día de hoy, con parte de los casos prescritos, muchas víctimas esperan que se redacten informes como los de EE.UU, Chile o Irlanda para que en ellos se documenten los abusos cometidos en México contra menores.