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Una infancia entre balas perdidas en Río de Janeiro

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La muerte de una niña de 8 años cuando viajaba con su madre en una furgoneta reabre el debate sobre la política de seguridad del gobernador de este estado.
Una infancia entre balas perdidas en Río de Janeiro

Tras terminar las clases en el colegio, Jenifer Silene Gomes, de 14 años, se fue al bar de su madre. Estaba pelando cebollas en la puerta del establecimiento, cuando una bala perdida impactó en su pecho. Su madre se encontraba dentro, en la cocina, y escuchó los disparos. Al salir vio a su hija gravemente herida.

Los testigos del barrio de Triagem, en la zona norte de Río de Janeiro, donde ocurrió la tragedia, dijeron que la Policía acudió al local en busca de traficantes y la bala que iba dirigida hacia un sospechoso terminó en el cuerpo de Jenifer.

La versión de los agentes fue muy distinta: cuando llegaron al lugar, la niña ya estaba herida. Ese 14 de febrero la pequeña se convirtió en la primera menor que moría en 2019 víctima de la guerra que se libra entre narcotraficantes, milicias y Policía Militar (PM) en la región de Río de Janeiro.

En los siguientes meses, otros niños sufrirían situaciones similares. La ONG Rio de Paz calcula que 57 niños fallecieron por disparos en Río desde 2007, y la asociación Fuego Cruzado estima que 16 fueron alcanzados por balas tan solo este año. Cinco de ellos han perdido la vida y ningún caso ha sido aclarado todavía. 

El 16 de marzo, un mes después del fallecimiento de Jenifer, Kauan Peixoto, de 12 años, salió de su casa para comprar un bocadillo y no regresó. Falleció durante una operación de la PM tras recibir tres tiros en el abdomen, la pierna y el cuello. En mayo, Kauã Rozario, de 11 años, fue alcanzado por otra bala y aunque durante una semana peleó por su vida, no resistió. El 7 de septiembre, Kauê Ribeiro dos Santos, también de 12 años, murió de un disparo en la cabeza. 

"¿Fue a su hija?"

Ágatha Félix, de 8 años, ha sido la última víctima. El viernes pasado, la menor viajaba con su madre en una combi de camino a casa en el Complejo de Alemao, un empobrecido conjunto de favelas de Río golpeado por la violencia, cuando le dispararon en la espalda. Fue trasladada al hospital y tampoco sobrevivió. 

Sus padres ahorraban dinero para mudarse a un lugar menos violento en Alemao. Vanessa Francisco Sales, la madre de la niña, recuerda cómo le asustaban los tiroteos. "Hubo un día en el que nos escondimos en la bañera y puse un edredón y una almohada. Dos veces esa semana, ella estaba muy asustaba y me abrazaba muy fuerte", cuenta a la prensa.

El relato de los familiares y vecinos sobre el asesinato de la niña es unánime. No hubo enfrentamientos y vieron a un policía disparar contra una motocicleta y, como en el caso de Jenifer, la bala pasó de largo hasta parar en el cuerpo de Ágatha. La PM asegura que sus efectivos reaccionaron a los ataques de delincuentes. La Delegación de Homicidios de Río investiga las hipótesis. 

En un vídeo que circula por las redes, el abuelo de la niña, desgarrado de dolor, acusa a la Policía de disparar contra "cualquier persona en la calle". "¿Contra quién disparó el policía? ¿fue a un traficante? ¿fue a su hija? ¡No! Fue a mi nieta. Ahora la perdí, perdí a mi nieta", grita.

"No hubo ningún tiroteo. Fueron dos disparos que él [un policía] realizó. Dijo que fue tiroteado desde todas partes ¡Es mentira! ¡Mentira!", exclamó el conductor de la combi en el entierro de la niña. También los vecinos de Alemao acompañaron el domingo a los familiares en su despedida. Entre el domingo y el lunes cientos de personas salieron a las calles en señal de protesta y muchas lo hicieron al grito de "Witzel [gobernador de Río de Janeiro] es un asesino".

Condenas

Con el 'hastag' #ACulpaÉDoWitzel (#LaCuplaEsDeWitzel) se han lanzado fuertes críticas contra el polémico gobernador, que promueve las acciones militares en las favelas. Desde que en 2018 llegó al poder, Wilson Witzel ha endurecido las políticas de seguridad –defiende el uso de francotiradores y helicópteros– en las operaciones policiales contra el crimen, a pesar del alto riesgo que estas medidas suponen para la población. 

Organizaciones como Unicef Brasil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos o Amnistía Internacional han condenado lo ocurrido. La ONG Justicia Global, junto a otras ocho entidades, han presentado una denuncia contra Witzel ante la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. También la Orden de Abogados de Brasil denunció que tan solo horas antes de la muerte de Ágatha, el gobernador dijo que "promovería 'el combate y la caza' en las comunidades".

Witzel tardó casi tres días en manifestarse. El gobernador culpó de lo ocurrido al crimen organizado y defendió la política de seguridad del gobierno. "El resultado está siendo satisfactorio. El narcotráfico utiliza a las comunidades como un escudo. Disparan a la policía y a las personas. El crimen organizado mantiene la barbarie como una de sus banderas. Estamos consiguiendo combatirlo porque la Policía Militar y civil está trabajando", sentenció.

Si bien el número total de muertes violentas en Brasil disminuyó el año pasado un 10,4%, respecto al año anterior, al alcanzar las 57.341 fallecidos, 6.220 personas perdieron la vida en acciones policiales, un aumentó de un 19,6%. El Foro Brasileño de Seguridad Pública estima que 23 de cada 100 muertes violentas intencionadas fueron provocadas por la Policía. Tan solo en Río, entre enero y agosto de 2019 hubo 1.249 (+16%) muertos en operaciones policiales, según el Instituto de Seguridad Pública (ISP) de Río de Janeiro. Mientras, 343 policías fallecieron en 2018, y un 75% fuera de servicio. 

El paquete anticrimen

Durante su declaración a la prensa, Witzel también destacó que el caso no puede utilizarse con fines políticos para "obstruir las votaciones importantes". La muerte de Ágatha ha reabierto las discusiones sobre una de las partes más polémicas del paquete anticrimen que quiere sacar adelante el ministro de Justicia, Sergio Moro, y que fue bandera electoral en la campaña del presidente Jair Bolsonaro. Se trata de una cláusula con la que Moro pretende incluir la posibilidad de reducir las penas de policías o militares hasta la mitad o incluso que no se aplique si el operativo se produjo en un contexto de "miedo, sorpresa o emoción violenta". La medida, discutida en el Congreso, cuenta con muchos detractores. 

En opinión de Rodrigo Maia, presidente de la Cámara, el fallecimiento de la niña refuerza la necesidad de "una evaluación muy cuidadosa" del asunto. Para el vicepresidente, Hamilton Mourão, el asesinato de Ágatha es el resultado de "la guerra del narcotráfico" y no es el momento de discutir la continuidad o no de este punto del proyecto. "En aquella historia es la palabra de uno contra la del otro. Y saben muy bien que en esas regiones de allí, de favela, si el tipo dice que fue un traficante el que disparó, al día siguiente, está muerto", apuntó. 

Al ser preguntado por la prensa sobre la posibilidad de que la Policía Militar estuviese relacionada con la muerte de la niña, Witzel contestó: "No hay bandido de preferencia, tenga distintivo, tenga uniforme. La ley es para todos". 

Pero son muchos los que opinan como Renato Sérgio de Lima, director del Foro Brasileño de Seguridad Pública: "En nombre de la guerra contra el crimen, la política de seguridad pública de Wilson Witzel traspasó todos los límites éticos que pudiesen diferenciarla de la acción de los traficantes y milicianos que dominan los territorios abandonados por el Estado".

Marta Miera

 

RT