Organizaciones de Argentina denunciarán ante la CIDH el caso de una niña violada y obligada a dar a luz

Organizaciones en defensa de la mujer de Argentina denunciarán el próximo viernes ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la decisión del estado de Tucumán de negarle a una niña de once años el derecho a interrumpir su embarazo —producto de una violación—, y obligarla a dar a luz. 

Un total de tres representantes de ONG viajarán a Washington, EE.UU., para exponer ante el organismo internacional los detalles del caso de Lucía, ocurrido en febrero de este año, y que puso nuevamente en el centro del debate el derecho al aborto. En el país sudamericano la práctica está penalizada por la ley, salvo en caso de violación o que el embarazo represente un peligro para la madre.

"Obligarlas a parir, forzar su maternidad cuando ellas expresan lo contrario, eso es una tortura para nosotras. Hablamos de niñas de 11 o 12 años", explicó a los medios locales Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, y una de las tres mujeres que impulsará la demanda ante la CIDH.

Las organizaciones denunciarán específicamente que el estado de Tucumán vulneró el alcance del inciso 2, del artículo 86 del Código Penal, que establece las excepciones para la penalización del aborto. Además, acusarán a movimientos denominados como 'provida' (que están en contra de la interrupción del embarazo) por interponerse para negar la voluntad de la niña de no tener al bebé.

El caso de Lucía

En el mes de febrero, 'Lucía', nombre ficticio para resguardar la identidad de la menor, fue obligada por la provincia de Tucumán a dar a luz en la semana 23 de gestación. La niña había sido abusada por la pareja de su abuela y, como estipula la legislación, podía acceder a la interrupción de su embarazo, opción que la pequeña decidió seguir, con el aval de su madre.

Muere la bebé de la niña de 11 años violada y obligada a dar a luz en Argentina

Sin embargo, funcionarios políticos de la provincia y miembros del personal de salud, junto al apoyo de grupos 'provida', demoraron deliberadamente la intervención, lo que vulneró los derechos de la víctima de violación. Finalmente, por lo avanzado del embarazo, se le debió practicar una cesárea. 

Pero a los pocos días, la bebé de Lucía falleció a causa de complicaciones respiratorias, producto de su estado prematuro. El hecho despertó la cólera de organizaciones en defensa de los derechos de la mujer, que consideraron como un "calvario" el proceso al que sometieron a la niña.

Tras lo sucedido, las entidades no gubernamentales presentaron una denuncia penal contra el gobernador provincial, Juan Manzur, y la ministra de salud, Roxana Chalha, por "abuso de autoridad".

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