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Padres de los 43 de Ayotzinapa reprochan desde el Congreso "el trato despótico" de los aparatos de justicia en México

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"Entre la mentira y la esperanza", los familiares de los estudiantes desaparecidos en 2014 señalaron que la "transformación" que pretende encabezar el presidente López Obrador pasa por resolver el crimen que suma cinco años de impunidad.
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"Entre la mentira y la esperanza". Con esas palabras, los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa resumieron su situación a cinco años de la desaparición de sus hijos en un crimen de Estado, durante una intervención histórica en la tribuna de la Cámara de Diputados.

Con pancartas y la proyección de los rostros de los jóvenes desaparecidos durante la llamada 'noche de Iguala', ocurrida el 26 de septiembre de 2014, los familiares de los estudiantes reprocharon el "trato despótico" por parte del expresidente Enrique Peña Nieto y los aparatos de justicia, y recalcaron que el cambio propuesto por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pasa por resolver el caso Ayotzinapa.

"En años pasados, les solicitamos que la voz de los padres fuera escuchada, pero nos cerraron las puertas de este recinto", dijo Hilda Hernandez Rivera, madre del joven desaparecido César Manuel González y representante de los padres de los 43 de Ayotzinapa.

La mujer agradeció al grupo parlamentario del partido Morena por abrirle las puertas de la Cámara de Diputados, desde donde  reprochó "el trato despótico de los órganos de justicia y todas las instituciones, incluido este Poder Legislativo" en la anterior Administración.

"Las fuerzas de seguridad del Gobierno anterior desaparecieron a nuestros hijos. Posteriormente, se negaron a investigar, y cuando lo hicieron, obstaculizaron el camino de la verdad y nos cerraron la puerta de todas las instituciones, que en muchas ocasiones nos reprimieron cuando protestábamos de manera legítima, exigiendo verdad y justicia. El Gobierno anterior nos dio un trato de disidentes políticos, no de víctimas de desaparición forzada", señaló.

Posteriormente, la señora Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, narró brevemente lo que ha sido vivir en medio de la incertidumbre, a cinco años de una tragedia que marcó al país. 

"Cinco años hemos vivido una pesadilla que no termina. Cinco años de incertidumbre. Cinco años donde en cada amanecer despertamos con la esperanza de encontrar a nuestros hijos, pero llega la noche y solo vemos oscuridad. El tiempo avanza y nuestra salud merma", dijo Legideño.

La representante de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa dijo que todavía tienen la esperanza de que el actual Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, cumpla con su palabra de resolver el caso y sacar a la luz la verdad sobre lo ocurrido en Iguala, Guerrero.

"La transformación que pretende este Gobierno pasa por esclarecer las graves violaciones ocurridas en el caso Iguala y demostrar las redes y estructuras de redes criminales que permanecen intactas en Guerrero", dijo Legideño.

"No se pueden cerrar estos sucesos, horror e impunidad, si no hay verdad, finalizó.

Un crimen de Estado

Horas antes, el presidente López Obrador, acompañado de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, presentó un informe sobre los avances del caso Ayotzinapa.

Durante la conferencia matutina, Encinas definió el caso Ayotzinapa como la "desaparición forzada cometida por agentes del Estado".

En este sentido, el Gobierno mexicano ofreció una recompensa de un 1,5 millones de pesos (76.364 dólares) para quien proporcione información fidedigna y verificable sobre el paradero de los jóvenes. También ofreció una recompensa de 10 millones de pesos (509.095 dólares) para localizar a Alejandro Tenescalco, quien se era supervisor en turno de la Policía Municipal de Iguala, quien nunca fue detenido pese a estar presuntamente implicado en la desaparición de los estudiantes.

Encinas también recordó que la Administración anterior interpuso más de 200 amparos legales para no crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala. 

Asimismo, Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación para el caso Ayotzinapa de la Fisaclía General de la República, informó que la próxima semana se enviarán citatorios a quienes se desempeñaban como funcionarios cuando ocurrió la desaparición de los normalistas.

Por su parte, el presidente López Obrador, quien vistió con una camiseta conmemorativa de los 43 estudiantes desaparecidos, ofreció dar ayuda a quien proporcione información sobre el caso, aún cuando pudieran estar implicados.

"Nuestro compromiso es proteger a quienes informen, recompensarlos, protegerlos, y si se requiere, ayudarlos si están implicados", dijo el mandatario, quien remató: "sin perdón es más difícil hacer realidad la justicia; digo: olvido no, perdón sí". 

Aunque López Obrador se comprometió a dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos desde el inicio de su Gobierno, durante su gestión se han presentado irregularidades y violaciones de procedimiento en la investigación judicial, que han provocado demoras y la liberación de presuntos implicados en el caso.

Por ello, el presidente y la FGR se han comprometido a realizar una nueva investigación "casi desde cero", que contará con la participación de exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), que desmontaron la versión oficial dada por el Gobierno de Peña Nieto sobre el paradero de los normalistas.

Marcha en Ciudad de México

La tarde del jueves, miles de personas acompañaron pacíficamente a los padres de los normalistas en una marcha para exigir justicia, que terminó en el Zócalo de Ciudad de México. 

Durante el desarrollo de la protesta, un reducido grupo de personas encapuchadas se infiltraron en el contingente y realizaron algunos destrozos en comercios y en la vía pública, según confirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en su cuenta de Twitter.

Manuel Hernández Borbolla

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