El Gobierno de Chile y el Partido Comunista se dirimen la reforma laboral en el país del Cono Sur, cada uno con su propio proyecto y teorías para mejorar la productividad de la clase trabajadora, y también su calidad de vida. El punto central de ambas propuestas radica en modificar la distribución y cantidad de horas que los asalariados disponen en su actividad, y allí se generan los principales contrapuntos entre oficialistas y opositores. Entonces, ¿los chilenos trabajarán menos horas?
Este frente político, de gran relevancia en la nación sudamericana, presentó su proyecto en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y a inicios de septiembre recibió la aprobación de sus artículos principales, por siete votos contra seis. Así, la posible norma debería ser votada próximamente en el Congreso de la ciudad de Valparaíso, ingresando por Diputados. Pero, ¿en qué consiste?
El marco regulatorio planteado por las legisladoras Karol Cariola y Camila Vallejo —la cara más visible en las movilizaciones estudiantiles de años atrás— estipula modificar el tope máximo de tiempo trabajado y reducirlo hasta las 40 horas por semana. En la actualidad, el límite es de 45, y antes de las modificaciones legales del 2005, era de 48 por cada siete días.
Entre los principales argumentos de aquel partido de izquierda, se destaca que el exceso de carga horaria en el trabajo repercute en estrés, cansancio y aumenta el ausentismo. Asimismo, los rojos afirman que tras la reducción de hace 14 años, no se perjudicó el crecimiento económico de Chile.
Por el lado del Ejecutivo, en mayo se planteó una posible reforma, pero tras algunas modificaciones, finalmente se espera que próximamente el Gobierno presente su proyecto en la Cámara de Senadores. Entre sus pilares, la "flexibilización" impulsada por Piñera plantearía que se trabajen 180 horas mensuales —igual que en la actualidad—, y que se administren las jornadas en eventuales acuerdos que los empleados tendrían con sus patrones. Dicho de un modo más sencillo: se mantiene el total de horas por mes, pero en algunos casos se podría administrar de un modo más ameno para los subordinados.
En Chile, la participación gremial de la sociedad es muy baja: de los 8,4 millones de ocupados, los trabajadores afiliados en sindicatos no superan el 13%, según la Dirección del Trabajo. Resta por ver cómo sería ese posible diálogo entre jefes y subordinados. Así, a veces se podrían trabajar menos de 45 horas semanales, o más, dependiendo del oficio y la capacidad de negociación. En el plano ideal, Piñera sostiene que el promedio de horas trabajadas sea de 44 por semana en el 2020, para llegar a 41 en 2027, reduciendo el número de modo gradual.
El otro factor clave de la reforma oficialista estipula que la semana laboral tenga un mínimo de cuatro días, y un máximo de seis. De hecho, los trabajadores que obtengan el beneplácito de sus superiores, podrían acomodar sus días de actividad para tener tres días libres en la semana, acumulando las horas pendientes en otras jornadas. Por ahora, todo radica en anuncios, porque el texto todavía no ingresó en el Parlamento chileno.
Según repasa el politólogo Máximo Quitral Rojas, inicialmente el Ejecutivo planteó públicamente flexibilizar el mercado laboral "con el discurso de que la economía estaba creciendo poco y se perdían puestos de trabajo". En el interín, el PC presentó su proyecto de las 40 horas, "y Piñera respondió con lo de las 41 horas, para no perder la agenda comunicacional tan fácilmente, como sí sucedió en 2010 con el movimiento estudiantil", le dice a RT.
Sin embargo, la única propuesta que sigue su curso legislativo en Diputados es la presentada por la oposición, y aspiran a que se debata en octubre. Allí, el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria, "está en desventaja". Sin embargo, "eso no asegura que la ley se apruebe, porque hay algunos parlamentarios opositores que no están del todo convencidos de la propuesta y la miran con cautela", adelanta Quitral Rojas. Los legisladores que presentan mayores dudas pertenecen a Democracia Cristiana y el Partido Radical, "que en otras votaciones ya le han entregado la mayoría al Gobierno". El resto de la oposición está compuesto, principalmente, por el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Humanista.
Por todo esto, más allá de que la idea tenga apoyo ciudadano, "puede que la votación tenga alguna sorpresa". No obstante, el especialista destaca que es muy factible que el debate se dilate en el tiempo, porque el Congreso está atendiendo otros temas urgentes, "como la cuestión hídrica", y tiene más "proyectos paralizados". Todo ello sin mencionar la coyuntura política: "Si el Ejecutivo trata con urgencia un proyecto presentado por la oposición, la agenda finalmente la gana la oposición. Es un período con baja popularidad, y habrá elecciones municipales el próximo año. Indudablemente, el Gobierno lo único que quiere es que se trate lo más lento posible".
En Chile, al igual que en otros países donde el presidente tiene muchas atribuciones, el mandatario puede vetar leyes sancionadas por el Congreso. A su vez, en caso de aprobarse la ley, el dirigente de centroderecha ya advirtió que podría plantear una anulación ante el Tribunal Constitucional. "Es excepcional, no es habitual que el presidente use este mecanismo para impedir el debate de una ley contraria a su programa de Gobierno", opina el entendido
Y acota: "El Gobierno está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para evitar que un proyecto de la oposición tenga mayoría parlamentaria, que sería muy catastrófico para su Administración".
En contraposición a los dichos del presidente, quien sostuvo que la reforma impulsada por el comunismo chileno ocasionaría la pérdida de 250.000 puestos de trabajo, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) afirma que reducir la semana laboral a 40 horas hubiese creado en 2018 hasta unos 37.000 nuevos empleos. Además, se habría generado un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) de hasta 2,1%, que equivale a un aumento de 5.000 millones de dólares en la producción de bienes y servicios. Esto se explica porque reducir las jornadas haría que la hora de trabajo sea más cara, es decir, se produciría un aumento salarial: "Es un ingreso per cápita extra de 282 dólares para cada chilena y chileno", subrayan los expertos. Si se gana mejor, se consume más.
Asimismo, aquella organización destaca que en los últimos años, mientras decrecía la cantidad de horas laborales, aumentaba la productividad de Chile. Incluso entre 2005 y 2006, cuando se redujo de 48 a 45 el tope de horas laboradas por semana, la productividad subió 0,9 puntos. El único tramo de desaceleración fue entre 2009 y 2010, en medio de una crisis económica global. Y obviamente, los avances tecnológicos también influyen en la actividad de esa nación del Cono Sur.
Por otro lado, el CELAG compara la situación de Chile con respecto a otros países de la región. Así, se destaca que en naciones como Panamá, Perú, Costa Rica, Paraguay, Bolivia, México, Colombia, Uruguay y Argentina, tienen un tope de hasta 48 horas semanales. En Buenos Aires, por ejemplo, la distribución laboral más frecuente es de ocho horas diarias, de lunes a viernes. Sin embargo, también es habitual que empleados de rubros puntuales, como las tiendas de ropa o puntos gastronómicos, trabajen seis de los siete días, y no suelen tener fines de semana: su único franco, que puede ser rotativo, suele ser en un día laboral —entre lunes y viernes—, a contramano de sus amigos o familiares, complicando su tiempo destinado al ocio.
En Brasil, el límite semanal es de 44 horas, y luego aparecen Ecuador y Venezuela, con un tope de 40, como aspiran los opositores chilenos.
¿Habrá reforma o todo quedará en la burocracia parlamentaria?
Leandro Lutzky
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