El peligro de ser defensor de Derechos Humanos en Guatemala lo atestigua el último informe de la Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el país. El dosier recoge que tan solo en 2017 y 2018 se produjeron 884 ataques contra estos activistas, entre los que se cuentan 39 asesinatos. Cifra, ésta última, que continúa elevándose con muertes como la de la activista medioambiental Diana Isabel Hernández, que fue asesinada a tiros el pasado 14 de septiembre en el departamento guatemalteco de Suchitepéquez.
De esta peligrosidad da cuenta Ana Rutilia Ical Choc, vecina del municipio de San Pedro Carchá y miembro de la comunidad quekchí. Esta activista medioambiental es catedrática y llegó a ser candidata a diputada en el Congreso de Guatemala. Su visibilidad actual se circunscribe a la defensa del río Cahabón, donde un megaproyecto hidroeléctrico está despojando del agua a 29.000 pobladores de la región. Se trata del mismo complejo contra el que se alzó Lolita Chávez, líder mundial en la lucha por preservar los recursos naturales y finalista del premio Sájarov que otorga el Parlamento Europeo, y que debido a los ataques y amenazas de muerte recibidas se encuentra exiliada desde 2017 en España.
Guatemala: Un nuevo informe de la Oficina de la ONU para los DDHH alerta del gran número de ataques contra defensores de derechos humanos. En sólo 2 años se han registrado 884. Entre ellos, 39 asesinatos. https://t.co/nU0XRDfWKkhttps://t.co/XQRxKvPuiQ
— Naciones Unidas (@ONU_es) May 21, 2019
Ana Rutilia Ical cuenta a RT cómo se introdujo en la lucha primero social y después medioambiental: "Me inculcaron muchos valores y principios desde muy pequeña. Somos solo parte y pasajeros de este mundo", dice la entrevistada, que relata también cómo a nivel familiar, pero también como parte de la esencia de su pueblo quekchí, el cuidado de la naturaleza es esencial: "Somos solo un elemento más, no somos los 'dueños de'. No se trata de buscar una posición o ser una líder, simplemente es un deber para nosotros como pueblo originario, como pueblo quekchí, el defender todos los elementos indispensables para vivir".
Esta líder indígena es licenciada en Ciencias Jurídicas y durante su activismo ha sido maestra, locutora, cofundadora de la Academia de las lenguas mayas y miembro de la Defensoría de la Mujer Indígena de Cobán. Precisamente sus actividades en defensa de los recursos naturales de su pueblo le costó perder este último trabajo, que había desarrollado durante cinco años.
Comenzó a involucrarse más en 1983, cuando en el marco de la guerra civil que atravesaba el país, uno de sus hermanos desapareció y ella comenzó su búsqueda. Fue entonces, narra, cuando comenzó a conocer a otras instituciones y otras personas, y desde entonces lucha.
Esta defensora del territorio y de los recursos naturales ligados a su pueblo es una de las protagonistas de 'DestieRRRadas', la campaña que ha lanzado la ONG Alianza por la Solidaridad para visibilizar la violencia de género que sufren las mujeres activistas de este campo y lograr que se implementen políticas de protección para ellas.
Ahora mismo Ana Rutilia Ical reconoce que la cuestión ambiental es su vida: "No soporto la destrucción, el destrozo de los bienes naturales", dice. No es la única. En el país muchas personas están alzando la voz para denunciar la extracción de recursos naturales, el incumplimiento de legislaciones internacionales, la ineficacia de las instituciones o el acoso al que se encuentran sometidos quienes intentan evitarlo.
Pero el problema es global. Según el Atlas de Justicia Ambiental, en el mundo hay más de 2.900 conflictos relacionados con el medio ambiente y 347 defensores y defensoras fueron asesinados en 2018. De acuerdo con la organización Front Line Defenders, el 67 % de los defensores de Derechos Humanos asesinados en 2017 defendían derechos relacionados con el territorio, los recursos humanos y la defensa de sus pueblos y culturas indígenas, y tan solo en el 12 % de esos casos se ha producido el arresto de algún sospechoso.
Solo en la región centroamericana, según los datos del Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos, se contabilizaron 2.197 agresiones a mujeres activistas en el periodo que abarca 2015 y 2016. En Guatemala fueron 231.
Ana Rutilia Ical corrobora la sensación de peligro que enfrentan quienes luchan por el medio ambiente en Guatemala: "Aquí vivimos en un Estado donde el manifestarte, el alzar la voz, conlleva represión. Puedes ser silenciada, asesinada. Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?", se pregunta la activista.
Además, el ser mujer acarrea una revictimización. El acoso y agresiones que sufren llevan la marca de la discriminación de género. Las consecuencias más graves para estas mujeres son, al igual que en el caso de los hombres, las amenazas y agresiones, llegando al asesinato. Pero además, se enfrentan al ataque a su dignidad personal en países en los que no se ha avanzado tanto como en otras sociedades en la igualdad de género y en el que las agresiones sexuales llegaron a ser utilizadas como arma de guerra.
Muchas defensoras sufren calumnias, las califican de prostitutas, les acusan de desatender sus familias, les inventan romances y las señalan como malas esposas y malas madres. También se arriesgan a la pérdida del empleo, a las amenazas a su núcleo familiar o a la criminalización mediante denuncias penales inventadas.
Según el informe de Alianza por la Solidaridad, en la región centroamericana el 54 % de los agresores identificados son policías, militares, funcionarios o autoridades de distinto nivel de Gobierno, con frecuencia en el entorno de actividades de protesta por los proyectos empresariales. Solo el 10 % de los agresores estarían directamente vinculados a las compañías, aunque las defensoras refieren que las corporaciones utilizan vías indirectas para amenazarlas o agredirlas.
"En Guatemala todo conlleva una señalización. Como mujer nunca pensé que el buscar justicia por el río Cahabón me fuera a afectar no solo a mí, sino a mis padres, mis hijas, mis hermanos. Y no solo a nivel personal, sino también profesional", confiesa la catedrática, que cuenta como al interponer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala hizo que comenzara el señalamiento sobre ella, pero también sobre sus dos hijas: "Por ser mujer, entran y nos tocan nuestra vida íntima", resume.
"Muchas han sido encarceladas, han sufrido persecución, calumnias, señalamientos infundados, y lo último es la muerte. En Guatemala ha habido hermanas que se han tenido que enfrentar a eso", apunta la activista. Aunque ella no se tuvo que enfrentar a la cárcel, pudo estar cerca. Refiere como "se inventaron una causa judicial" porque querían criminalizarla y verla en la cárcel, y asegura que "fue una denuncia infundada". La Fiscalía le acusaba de querer estafar a sus propios padres por un asunto que sus progenitores ni siquiera conocían y llegaron a intentar hacer declarar a su padre enfermo mientras estaba en la cama de su propia casa. Finalmente, este asunto quedó desestimado.
Opina que la lucha en la que participa ha empoderado a muchas compañeras, y sostiene: "El tema ambiental es cosa de mujeres y hombres, pero las mujeres tenemos un papel muy importante, nos identificamos más con la madre tierra". Así, explica, el activismo pone a las mujeres "en una situación en la que también podemos hacer muchas cosas por la defensa".
La gran batalla que enfrenta ahora Ical Choc es el megaproyecto Renace. Esta hidroeléctrica pertenece a una de las familias más poderosas de Guatemala, los Gutiérrez-Bosch, dueños de la compañía Corporación Multi-Inversiones (CMI), que ha subcontratado la obra al Grupo Cobra, perteneciente al conglomerado empresarial ACS, propiedad del magnate español y presidente del club de fútbol Real Madrid, Florentino Pérez.
"La llegada de Renace a nuestras comunidades ha sido como la llegada de Cristóbal Colon nuevamente", es como describe la activista la irrupción de este proyecto a la vida del pueblo quekchí: "Ni siquiera habíamos salido de la guerra interna y la llegada de Renace nos quita el agua", dice.
Lo cierto es que este proyecto está provocando que alrededor de 29.000 indígenas de la etnia quekchí de las comunidades que viven alrededor del río Cahabón se queden sin agua. Casi 30 kilómetros de este río, que es uno de los más extensos y caudalosos del país, se encuentran prácticamente secos. Para Ical Choc "este megaproyecto es de los peores males" que han vivido "como pueblo", porque "este modelo de desarrollo solo trae miseria".
Precisamente, las empresas extranjeras tienen una gran responsabilidad cuando implementan sus proyectos que afectan a los recursos naturales, aunque según la defensora "aquí no han ejercido ninguna". El principal problema que plantea en una obra como la de Renace es que tienen que tener el aval de los pueblos originarios, según reza el Convenio 169 de la OIT, que obliga a realizar una consulta a los pueblos originarios afectados. "Ellos han evadido todo: el derecho humano de la consulta que como pueblos originarios nos corresponde", denuncia.
La activista afirma que si les hubiesen preguntado desde el principio lo habrían rechazado, además de mostrarse muy crítica con la labor de las instituciones estatales: "Ellos han usurpado la labor del Estado, aquí hay ausencia de Estado".
Renace comenzó a implementarse a partir de 1991-1992, y otros defensores del territorio se han enfrentado a él, como Bernardo Caal Xol. "Bernardo es otro compañero que también hizo su lucha, nos ha unido el río", cuenta Rutilia Ical. "Él también lamentablemente es amparista contra las hidroeléctricas OXEC I y II [hidroeléctricas instaladas también en el río Cahabón y que precedieron a Renace]. Lo criminalizaron y está encarcelado", relata. En enero Caal Xol cumplirá dos años en prisión. Ya fue sentenciado a siete años y cuatro meses, pero ha recurrido. "Es muy lamentable, repudiable, esta criminalización de Bernardo Caal Xol y para nosotros él es un preso político, encarcelado con el objetivo de infundir el miedo y el temor para que no sigamos luchando", opina la activista.
El emblemático caso de Bernardo Caal se inició cuando lo acusaron de robo y de secuestro, entre otros cargos. Cualquier protesta que inmovilice un vehículo o que impida la salida o entrada de personas de cualquier instalación es contemplado como secuestro por la legislación guatemalteca. Así, durante una de las protestas contra el complejo hidroeléctrico los manifestantes bloquearon una furgoneta y sustrajeron algunos aparejos destinados a las obras, como picos y palas. La prueba de cargo contra Caal Xol fueron dos trabajadores de la empresa que dos años después dijeron que les parecía que Bernardo Caal estaba allí.
Ana Rutilia Ical Choc mantiene la llama de la lucha de compañeros como Bernardo Caal. "Como representante de varias comunidades interpuse un recurso ante la Corte Suprema de Justicia [el 22 de noviembre de 2017] y el 4 de julio de 2019 se nos notifica que se nos otorga el amparo y se dice que se debe convocar la consulta [a la que obliga el Convenio 169 de la OIT]", explica la activista sobre el último contencioso que mantienen con la hidroeléctrica.
Esta sentencia fue motivo de alegría, pero lo cierto es que aunque la Corte otorga el amparo y da la razón a quienes presentaron el recurso, no suspende los proyectos hidroeléctricos: "Nosotros pedimos que dejaran de funcionar porque no llevó a cabo la consulta. Sin embargo, no se paraliza" cuenta la defensora.
Ahora hay una apelación en marcha y se encuentran a la espera de la audiencia de vista pública, mientras solicitan que se suspendan las obras entretanto se realiza la consulta.
Además, Ana Rutilia Ical tiene otra gran exigencia: "Deben proteger a los defensores ambientales de territorio. Pero las instituciones no les valen, han sido coaptadas y están muchas de ellas al servicio de estas empresas". Así, sostiene que actualmente a la única instancia gubernamental a la que pueden acudir es la Procuraduría de Derechos Humanos. "Nosotros no podemos acudir a la Policía para que nos proteja o a los jueces, que nos criminalizan", relata.
La activista se queja del escaso papel de las instituciones y de que "Guatemala es un Estado donde reina la impunidad, sobre todo con este Gobierno". Así, la defensora cree que "los crímenes en Guatemala han quedado impunes, y cuando ha habido justicia ha habido que esperar mucho tiempo".
"Es un país donde quien lucha sabe que lo arriesga todo, hasta la vida", lamenta, pero afirma rotundamente: "Nosotros no vamos a parar, vamos a seguir".
Nuria López
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