La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se posicionó este martes frente a la crisis política en Perú, asegurando que le corresponde al Tribunal Constitucional pronunciarse respecto a la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso.
En un comunicado difundido por el secretario general, Luis Almagro, el organismo interamericano considera que compete al Tribunal Constitucional de Perú "pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas", así como sobre las diferencias en "la interpretación" de la Constitución.
La OEA asegura en el texto que es responsabilidad de la Secretaría General "velar por el cumplimiento del ejercicio efectivo de la democracia participativa", como la base del Estado de Derecho, aunque en el mismo texto destaca como "un paso constructivo" que se haya llamado a elecciones, conforme a los "plazos constitucionales".
Crisis política
El pasado lunes, la inestabilidad política en Perú se agudizó con la disolución del Congreso —de mayoría opositora— decretada por el mandatario de ese país, y horas después, con el Parlamento suspendiendo por un año a Vizcarra y juramentando en la misma sesión a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como jefa de Estado encargada.
Vizcarra resolvió la disolución del Congreso de la República al considerar denegada la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, que proponía la modificación del proceso de elección de candidatos al Tribunal Constitucional (TC), bajo el argumento de que, de lo contrario, no se realizaría de manera transparente.
Esa mañana, el Parlamento tenía previsto elegir a seis de los siete miembros de ese organismo, y ya había avanzado en la designación de uno, Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien logró los 87 votos necesarios para ser magistrado. Para Vizcarra, la elección de un miembro del Tribunal Constitucional implicaba "la negación fáctica de confianza".
No obstante, cuando Vizcarra se dirigía a la nación, el Congreso aprobó otorgarle la cuestión de confianza planteada en la mañana por el primer ministro, Salvador del Solar.
En el limbo político de representación, únicamente Vizcarra convocó a elecciones legislativas el 26 de enero de 2020, con el objetivo de completar "el periodo constitucional del Congreso disuelto", según un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano. El Congreso, por su parte, reconoce la legitimidad de Aráoz como mandataria interina.
En el comunicado emitido este día, la OEA no hace alusión a la juramentación de Araoz y pide a las partes realizar gestos que "propicien la calma", aunque también se muestra a favor de que "la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas".
Tras la disolución del Congreso, los jefes del Ejército y de la Policía nacional acudieron al Palacio de Gobierno para mostrar su apoyo al mandatario. Este martes, alrededor de 300 uniformados fueron desplegados al exterior del Parlamento para impedir la entrada de los excongresistas, salvo de aquellos que integran la Comisión Permanente, la cual se mantiene en funciones, según el artículo 134 de la Constitución.
Aráoz, tras ser juramentada como presidenta encargada por el Parlamento disuelto por Vizcarra, tachó de "ilegal" la decisión del mandatario y alegó que este falló "al no cumplir con tres artículos constitucionales".
Durante su discurso, Aráoz anunció que convocaría a la OEA para pedirle que ayude a Perú "a tener un espacio de reconciliación y diálogo profundo, donde participen todas las fuerzas políticas y sociales".
Por su parte, la Secretaría General de la OEA expresó su disposición de ayudar con soluciones acordes al "Estado de derecho y el orden constitucional", en caso de que los actores políticos lo soliciten.
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