La Corte Suprema de Argentina falló este martes en favor de los gobiernos provinciales que habían rechazado los decretos del presidente Mauricio Macri sobre reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias, reveló el Centro de Información Judicial (CIJ).
En agosto, mandatarios de 15 provincias plantearon ante la Justicia que las medidas económicas anunciadas por el jefe de Estado, con el objetivo de apaciguar la crisis económica luego de las elecciones primarias, generarían un impacto fiscal en sus administraciones.
Esto ocurre porque lo recaudado en esos impuestos a nivel nacional se distribuye hacia los 23 distritos, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y están considerados en sus presupuestos anuales para afrontar diversos gastos e inversiones.
Para la Corte, las medidas decretadas "no pueden afectar los fondos de coparticipación" que corresponden a las administraciones locales. Por el contrario, consideraron que es el Poder Ejecutivo Nacional el que debe asumir los efectos fiscales.
El Sistema de Coparticipación Federal que rige en Argentina establece en qué proporción el dinero que recauda el Estado Nacional a través de impuestos, en este caso IVA y Ganancias, va a ser distribuido a las 23 provincias y la Capital Federal.
En este particular, el fallo no suspende la quita de impuestos, sino que indica de dónde deben salir esos recursos para no afectar a las provincias. Habrá que ver si la Casa Rosada está dispuesta a asumir ese costo.
Por lo pronto, desde el Gobierno señalaron que harán "todo lo posible" por mantener la medida vigente, indicó el ministro de Justicia, Germán Garavano, al diario La Nación.
Las disposiciones que emitió el presidente por decreto en agosto establecían la eliminación del IVA en productos de la canasta básica para intentar frenar la escalada inflacionaria, y la reducción del gravamen en Ganancias, que afecta los salarios de buena parte de los trabajadores.
Por su parte, los mandatarios del interior del país habían solicitado al Gobierno nacional que retrotrajese las medidas "en resguardo de las finanzas provinciales", y ante la falta de respuestas recurrieron a la Justicia.
En breve, la Corte Suprema deberá pronunciarse ante el reclamo que plantearon las provincias productoras de petróleo respecto a la medida de congelamiento de combustibles, decretada por el presidente por 90 días y derogada a los 33. Los gobernadores de Neuquén, Río Negro y La Pampa, sin embargo, reclaman una compensación por el tiempo de vigencia de la resolución, debido a las pérdidas fiscales.