El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se tuvo que enfrentar este martes durante una entrevista televisada a la pregunta que muchos se hacen y que le formuló un periodista de la cadena nacional ecuatoriana Teleamazonas: "¿Se le ha pasado por la cabeza renunciar a la Presidencia?".
El mandatario respondió rotundamente: "No, bajo ninguna circunstancia, y no veo por qué tendría que hacerlo si estoy tomando las decisiones correctas", sostuvo, aunque posteriormente matizó su afirmación.
Moreno dijo que solo se irá cuando se lo pida la ciudadanía de su país: "En el momento que el pueblo ecuatoriano desee que me vaya, yo me iré", afirmó, y añadió que no lo hará por presiones de "aquellos que quieren retornar a las rapacías, a la expoliación, a la siniestralidad del pasado." "No por eso", sentenció, "eso debería ser voluntad del pueblo ecuatoriano".
Durante las últimas horas Moreno no ha dudado en responsabilizar al "correísmo" de la oleada de protestas de la última semana en el país. "Empezamos a entender la razón por la cual tanto Correa, Hernández, Pavón y Patiño acudieron prestos a Venezuela a entrevistarse con el sátrapa que dirige esa nación. Sin duda alguna allí se marcaron las pautas de cómo convulsionar el país", apuntó el presidente ecuatoriano.
"Los correístas están detrás de los desmanes, de los crímenes que se han cometido, de los robos, de las lesiones a ciudadanos ecuatorianos, a policías, a militares. Está bien claro", reiteró en otro encuentro con los medios.
Contra el 'paquetazo'
Tras una semana de protestas, este miércoles Ecuador vive una jornada en la que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIRE) ha convocado una huelga nacional, con concentración en Quito.
Los movimientos de protesta surgieron después de que Lenín Moreno aprobara una serie de medidas, conocidas como el 'paquetazo', destinadas a cumplir con el acuerdo alcanzado entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que financió al país con más de 4.000 millones de dólares.
Entre las medidas que han levantado la indignación de la población se encuentra el aumento del precio de los combustibles (que supone una subida del 123 % en el caso del diésel) y un conjunto de reformas laborales y tributarias que la Asamblea Nacional (Parlamento) deberá aprobar.