Defensoría del Pueblo de Ecuador exige el cese la represión cerca de hospitales y universidades

La Defensoría del Pueblo de Ecuador exigió este viernes al Gobierno ecuatoriano que cese inmediatamente los operativos y ataques con armas en las inmediaciones de los centros de salud, universidades y lugares que sirvan de acogida durante las manifestaciones contra el 'paquetazo'.

En la revisión del Decreto Ejecutivo 884, mediante el cual Moreno declaró "estado de excepción" en todo el territorio, por un lapso de 60 días —que luego la Corte Constitucional disminuyó a 30—, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, exigió a los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín, garantizar de manera permanente "la provisión y acceso a servicios básicos y medios de vida en los sitios referidos".

"Cualquier acto contrario a esta obligación se considerará trato cruel e inhumano", advirtió el defensor Carrión en un oficio dirigido a los ministros. 

En la misiva, Carrión Intriago exigió que los ministros encargados del despliegue de las fuerzas de seguridad le recordaran a los funcionarios de orden público que la Constitución de Ecuador establece responsabilidades por violaciones a los derechos humanos, sin importar el rango, y que la obediencia a órdenes superiores no los exime de esa carga. 

"Diálogo"

En un mensaje difundido en cadena nacional la tarde del viernes, Moreno llamó a los dirigentes indígenas a un diálogo directo para encontrar soluciones que permitan frenar la violencia en el país ecuatoriano, en estado de excepción desde hace una semana. 

Sin embargo, tras el llamado al diálogo del mandatario, la policía lanzó gas lacrimógeno a los miles de manifestantes indígenas que se concentraron pacíficamente en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Por esa razón, los representantes de los pueblos originarios reiteraron que solo se sentarán a negociar si se deroga el decreto sobre las medidas.

En ocho días de protestas contra las medidas económicas y laborales del Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo reporta: 5 personas fallecidas, 1.070 detenidos (el 76 % ya fueron liberados) y 855 atenciones médicas en centros de salud como resultado de los disturbios.  

"La Defensoría del Pueblo hace un llamado al Gobierno nacional [...] a ceder posturas y extender puentes definitivos hacia el diálogo que terminen con la conmoción social y crisis humanitaria que ha desatado", se lee en un pronunciamiento del defensor Carrión Intriago.

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