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El Supremo de España reactiva la euroorden de detención contra Carles Puigdemont

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La medida contra el expresidente de Cataluña se produce tras conocerse la sentencia de la causa del 'procés'.
El Supremo de España reactiva la euroorden de detención contra Carles Puigdemont

El juez del Tribunal Supremo de España, Pablo LLarena, acaba de activar este lunes, después de conocerse la sentencia sobre el proceso independentista catalán, una nueva euroorden para el arresto inmediato y entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont.

El magistrado abrió el pasado jueves una pieza secreta tras recibir una petición por parte de la Fiscalía en previsión del fallo condenatorio. Ahora pretende que el político catalán sea juzgado por los mismos delitos por los que han sido condenados el vicepresidente y varios de los consejeros del Gabinete que él presidía.

Puigdemont se encuentra prófugo de la Justicia española desde el 30 de octubre de 2017, cuando salió de España. Esta es la tercera 'euroorden' que emite la Justicia nacional contra él, pero en esta ocasión no se contempla el cargo de rebelión, sino que se le atribuyen indiciariamente los delitos de sedición y malversación.

Anteriores 'euroórdenes'

El 3 de noviembre de 2017 (un mes después del referéndum de independencia y cuatro días después de la huida de España de Puigdemont) la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, cursó la primera euroorden contra el expresidente y la retiró un mes después, ante el temor de que Bélgica, país donde fijó su residencia el político catalán, no entregara al acusado por rebelión.

La segunda orden de detención europea fue dictada por el juez instructor Pablo LLarena en marzo de 2018 tras la detención de Puigdemont en Alemania cuando viajaba en coche. Un tribunal belga declaró sin efectos la euroorden, mientras que uno alemán solo aceptaba entregar al acusado por malversación de fondos, pero no por rebelión o sedición.

9 condenados a entre 13 y 9 años de cárcel

La sentencia del Tribunal Supremo, que se ha producido este lunes, ha levantado la polémica al ser tachada de extremadamente dura por unos y de tibia, al dejar fuera el delito de rebelión, por otros. 9 de los 12 políticos encausados han sido condenados a penas de prisión de entre 13 y 9 años, siendo la condena del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras la más dura. Otros tres acusados han sido condenados a penas pecuniarias e inhabilitación y eludirán la cárcel.

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