La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) espera que desde este martes 15 de octubre se normalicen "todas las tarifas de la gasolina, diésel, pasajes" en el país, tras el acuerdo alcanzado este domingo con el Gobierno.
Este lunes, la CONAIE y las organizaciones regionales que la integran, ofrecieron una conferencia de prensa, donde ratificaron lo conseguido con la administración del presidente Lenín Moreno, que contempla la derogatoria del Decreto Ejecutivo 883; ese texto establecía la eliminación del subsidio estatal a los combustibles y fue el detonante de las fuertes manifestaciones en todo el país desde el pasado 3 de octubre.
Ese decreto, que fue publicado el 2 de octubre, provocó el alza de las gasolinas extra y ecopaís, que pasaron de costar 1,85 doláres a 2,39 por galón; además, el diésel subió de 1,03 dólares a 2,29, un aumento del 123 %. Con ello, también hubo incrementos de las tarifas de los pasajes provinciales y urbanos y, en muchos lugares, sin autorización estatal, subidas de precios de diferentes productos.
"Tal vez hubo alzas de productos de primera necesidad, eso se tiene que normalizar", dijo en la rueda de prensa Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, y añadió: "eso quiere decir que la lucha no es solo para los hermanos indígenas sino para todos los ecuatorianos".
Hasta el momento no se ha hecho efectiva la derogatoria del decreto 883. El presidente Moreno dijo esta mañana que lo hará "en las próximas horas". Por ende, se mantienen los precios de los combustibles y de las tarifas de pasajes.
Vargas señaló que confían en que los mediadores, que son la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Quito y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, velen y garanticen el cumplimiento del acuerdo alcanzado.
"Sin miedo"
Vargas rescató del diálogo, además de la derogatoria del decreto 883, la postura que tuvo la dirigencia indígena. Además de la CONAIE, en la reunión participaron representantes del Consejo de Pueblos y Organizaciones de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras del Ecuador (FENOCIN).
"Dijimos lo que teníamos que decir al señor presidente, sin miedo", señaló el dirigente, quien recalcó: "Ya no somos esos indígenas que nos dejábamos humillar de un Gobierno".
Luisa Lozano, de Mujeres de la CONAIE, resaltó el papel de las féminas en las manifestaciones: "como mujeres indígenas hemos puesto el cuerpo para la lucha, nos hemos enfrentado sin estar tapadas la cara. Le hemos dicho al gobierno aquí estamos las mujeres que luchamos por los derechos colectivos".
Los dirigentes indígenas agradecieron a los medios de comunicación comunitarios e internacionales por la cobertura brindada a las manifestaciones, ante el silencio y parcialidad de las televisoras y periódicos locales.
Renuncia de ministros
Durante los 11 días de protestas, que tuvieron su mayor concentración en Quito, la capital, según un balance de la Defensoría del Pueblo, se registraron siete muertos, 1340 heridos y 1152 detenidos.
Entre los fallecidos están Inocencio Tucumbi, dirigente de la CONAIE en la provincia de Cotopaxi, en la sierra central del país; y José Daniel Chaluisa, líder de la comunidad de Yanahurco en Pujilí.
Al respecto, Vargas señaló: "la sangre derramada de nuestros hermanos no va a quedar así".
Informó que el movimiento indígena iniciará "procesos legales" contra los ministros del Interior, María Paula Romo; y de Defensa, Oswaldo Jarrín, sobre quienes ha solicitado su salida del Gobierno. "Tienen que pagar por todo este crimen al pueblo ecuatoriano", enfatizó.
"Este diálogo debió suceder antes, no después de los muertos. Se tiene que gobernar el país también con los indígenas, también con los oprimidos", opinó, por su parte, Marlon Santi, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik.
Amnistía para el movimiento indígena
Andrés Tapia, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), pidió la liberación inmediata de los miembros y dirigentes de los movimientos indígenas que fueron detenidos durante las manifestaciones antigubernamentales.
"Tenemos cerca de 100 detenidos, necesitamos amnistía inmediata. No es posible (esas detenciones), porque la violencia fue generada desde el Estado", señaló.
Señaló, además, que han conversado con la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para que no se "criminalice" a los manifestantes. Desde la Fiscalía General se ha informado que procesarán por "terrorismo" a decenas de personas que fueron detenidas.
El movimiento, además, denunció que los dirigentes indígenas han recibido amenazas, desde el momento en que se anunció el acuerdo con el Gobierno.