El masivo juicio a la MS-13 saca a relucir el presunto vínculo entre las pandillas y los políticos de El Salvador

La Operación Cuscatlán, uno de los juicios más grandes emprendidos contra 426 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) acusados de homicidio, terrorismo, lavado de dinero y tráfico de armas, ha puesto en la mira nombres de diversos políticos y exfuncionarios.

La vista pública contra los imputados reinició este 14 de octubre, aunque se tuvo que declarar un receso después de que un integrante de la MS-13, que decidió confesar a cambio de que Fiscalía General de la República (FGR) le otorgue beneficios judiciales, presentara problemas de salud.

Las declaraciones del testigo clave, apodado 'Noe', han ventilado nombres de varios políticos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que se habrían reunido con cabecillas de la estructura criminal durante 2014 y 2015.

Según 'Noé', el presidente del Órgano Legislativo —vinculado al derechista partido ARENA—, Norman Quijano, quien fue candidato para el Ejecutivo en el año 2014, se habría reunido con pandilleros días antes de las elecciones para ofrecerles un millón de dólares a cambio de apoyo.

Quijano desmintió todos los señalamientos.

Por esa razón, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, instó a investigar de oficio a Quijano e incluso sugirió que presentara su renuncia. Sin embargo, ARENA se pronunció para pedirle al mandatario no entorpecer las investigaciones del caso.

Según el testimonio de 'Noé', el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt (ARENA), también habría entregado a los pandilleros 69.000 dólares a cambio de votos en las elecciones legislativas y municipales de 2015. Sobre las imputaciones, el funcionario no se ha pronunciado.

El nombre del exministro de Gobernación, Arístides Valencia —militante del FMLN—, también han salido a la luz por el presunto financiamiento de estructuras criminales. En 2016, una investigación periodística difundió un video que registra un encuentro con un supuesto grupo de pandilleros.

La conversación incluye el ofrecimiento de un fondo de hasta 10 millones de dólares para que los jefes de las tres principales pandillas lo administraran en forma de microcréditos a sus células.

El exvicepresidente salvadoreño y secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, desmintió esas negociaciones por votos con pandillas.

En abril de 2018, integrantes de la MS-13 dijeron al medio El Faro que había sido "un error haber aceptado dinero de los partidos políticos", y aseguraron que no intervinieron ni a favor ni en contra de ningún partido en las elecciones.

El proceso está a cargo de un juzgado especializado de San Salvador, a donde se han trasladado a 16 de los implicados, mientras que el resto continúan el juicio por videoconferencia desde las cárceles donde permanecen recluidos.

'Golpe' contra la estructuras financieras de la MS-13

Tras dos años de investigaciones, el 15 de febrero de 2018, la Fiscalía informó que con la Operación Cuscatlán buscaba dar "certeros golpes a las estructuras financieras de la Mara Salvatrucha".

En aquel momento se decomisaron 27.000 dólares en efectivo, se intervinieron 194.000 en cuentas bancarias, y se confiscaron 63 vehículos y 14 inmuebles.

Las investigaciones de la Fiscalía establecieron dos líneas de la Mara para blanquear dinero: invertir dinero proveniente de las extorsiones hacia negocios ya establecidos; y crear empresas con los recursos obtenidos de forma ilícita.

Las pruebas iniciales de la FGR refieren que, desde abril de 2016, la MS-13 comenzó a recolectar mensualmente 4,5 millones de dólares por concepto de extorsiones para comprar armamento y distribuirlo en sus 'clicas', como se les conoce a sus estructuras a nivel nacional.

Entre los líderes de la organización criminal que enfrentan el juicio se encuentran Dionisio Umanzor, Pedro Rivas y Borromeo Henríquez, considerados como parte de la máxima estructura.

¿En qué consiste el proceso?

La Fiscalía logró recolectar 150 declaraciones de personas vinculadas al caso, aunque durante el juicio solo van a testificar 34. 'Noé', uno de los testigos clave, es un cabecilla que perteneció a la Mara Salvatrucha por más de 25 años.

La Fiscalía General de la República solicitó el 8 de octubre pasado al Juzgado Especializado de Sentencia que modificara el delito de "organizaciones terroristas" a "agrupaciones ilícitas" para los 426 acusados en el caso.

Un vocero de la Unidad Antiextorsiones y Crimen Organizado de la FGR explicó que buscan modificar el delito porque cuando los procesados cometieron los ilícitos, la legislación salvadoreña todavía no consideraba como terroristas a las pandillas.