Tras la segunda jornada de protestas en varias ciudades catalanas en rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo que condena a nueve líderes independentistas a penas de prisión de entre 9 y 13 años por su implicación en el 'procés', el Gobierno español calificó la situación como una violencia generalizada usada por una "minoría" para romper la convivencia en Cataluña.
"Una minoría esta queriendo imponer la violencia en las calles de las ciudades catalanas, especialmente Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida", señaló la Moncloa en un comunicado, tras las manifestaciones de este martes frente a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno español en Cataluña.
Según el Gobierno en funciones, quienes protagonizan el reclamo no son parte de un "movimiento ciudadano pacifico", sino que están coordinados por "grupos violentos" para provocar "destrozos y actos vandálicos".
No obstante, en el texto oficial reconocen "la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado", y advierten que el objetivo del Gobierno es "garantizar la seguridad y la convivencia en Cataluña". "Y lo hará si es preciso siguiendo su compromiso de firmeza, proporcionalidad y unidad", añade el comunicado.
Cientos de personas se congregaron la tarde de este martes en Barcelona, frente a la Delegación del Gobierno de España, para protestar contra la sentencia del Tribunal Supremo.
Algunos manifestantes colocaron una valla frente a los policías, que lanzaron una carga con porras contra todas las personas presentes, en medio de insultos y gritos. Al menos tres personas fueron detenidas por las autoridades, de acuerdo con medios locales.
En otros puntos de la comunidad autónoma se produjeron concentraciones frente a la Delegación del Gobierno español.