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Polémica en México después de que el estado de Baja California cambiase su Constitución para ampliar el mandato del gobernador

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El Congreso local aprobó una ley que amplia el período de Jaime Bonilla Valdez de 2 a 5 años.
Polémica en México después de que el estado de Baja California cambiase su Constitución para ampliar el mandato del gobernador

El Congreso del estado de Baja California, al norte de México, entregó el martes al poder Ejecutivo estatal el documento conocido como 'Ley Bonilla' para su publicación, con el que se reforma el artículo 8 transitorio de la Constitución política de la entidad. De esta manera, se amplía el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, del partido oficialista Morena, de dos a cinco años.

El documento se entregó en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Gobierno en Mexicali, capital de la entidad, y se prevé sea publicado esta semana en el Diario Oficial del Estado.

El Congreso local aprobó la reforma el pasado 8 de julio y fue ratificada el 23 de julio, generando una polémica nacional entre el poder judicial, la clase política, la ciudadanía e incluso el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ante diversos cuestionamientos, el domingo pasado la 'Ley Bonilla' fue sometida a consulta ciudadana, convocada por el Congreso de Baja California –ahora con mayoría del partido Morena–, con la intención de darle legitimidad.

El ejercicio, en el que solo participó un 1,89 % del padrón electoral de la entidad, arrojó que más del 84 % de los participantes optaron por una Gubernatura de cinco años.

Los hechos se remontan al año 2014, cuando el Congreso del estado de Baja California determinó que quien ganara las elecciones del 2 de junio de 2019 duraría dos años en el cargo, y no seis como corresponde a un gobernador, con la intención de hacer concurrentes los comicios locales y federales en 2021.

Contra el presidente y el tribunal

Así, el pasado 2 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó los resultados de las elecciones de junio en Baja California, dejando constancia de la mayoría para Jaime Bonilla, pero para un gobierno de dos años.

El presidente López Obrador reaccionó a la resolución del TEPJF y durante su conferencia matutina del 3 de octubre llamó a acatarla. "Ya hay una resolución, se tiene que cumplir todo lo que resuelvan los organismos, las instancias del Poder Judicial", dijo sobre el tema.

El mandatario mexicano ha pedido que se publique la ley, a fin de que entre en vigor y pueda ser impugnada ante la Suprema Corte, que tendría que resolver sobre la constitucionalidad de la misma.

Figuras destacadas de la política como el empresario mexicano Manuel Clouthier, vinculado al  Partido Acción Nacional (PAN), han señalado que el riesgo de la 'Ley Bonilla' es que "puede ser emulada por los congresos federal y de otros estados para alargar o para acortar el período para el que un gobernante fue elegido o bien para cambiar el sistema de gobierno que fue legítimamente electo".

Por su parte, el gobernador electo de Baja California se ha defendido bajo el argumento de que se registró para competir por una gubernatura de cinco años, por lo que todo su proyecto de Gobierno está listo para iniciar este año y  concluir en 2024.

Sin embargo, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, desmintió a Bonilla mostrando la convocatoria de la elección de 2019. 

Una consulta incómoda

La consulta ciudadana organizada el domingo pasado por el Congreso local fue criticada al considerar que no tenía validez jurídica ni constitucional. Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, reprobó el ejercicio al señalar que resta a la evolución de la democracia en la nación latinoamericana.

Otros consejeros electorales, como Marco Antonio Baños, se manifestaron en el mismo sentido.

El 28 de agosto pasado, cuando el INE se pronunció sobre la ampliación del plazo para el cargo de gobernador en Baja California, la consejera Pamela San Martín lo calificó de inaceptable, inconstitucional y contrario a la ley.

Refirió además que la consulta popular, cuya convocatoria estaba en proceso, era inconstitucional por la naturaleza del caso, así como porque la "materia electoral no es sujeto" de un ejercicio de ese tipo.

RT