'Toma de las capitales': 6 puntos para entender la protesta de los colombianos en defensa de sus derechos laborales

Los movimientos sindicales y sociales vuelven a las calles este jueves en Colombia en una gran manifestación llamada 'Toma de las capitales' para protestar en contra de las políticas laborales del Gobierno de Iván Duque. Esta movilización  terminará con un llamado a paro nacional para el próximo lunes. 

El pasado 4 de octubre, durante el denominado Encuentro Nacional de Emergencia, se decidió convocar a la paralización de actividades el venidero 21 de noviembre.

La reunión estuvo organizada por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), que contó con la participación de más de cien movimientos sindicales, sociales y estudiantiles, y se estableció que realizarían dos acciones de calle previas: una movilización de colectivos universitarios, que se llevó a cabo el pasado 10 de octubre, y la 'Toma de capitales', que ya se hizo en 2018, este jueves.

1- ¿Por qué el paro?

La 'Toma de capitales' es la gran marcha previa al paro que se convoca para manifestar el rechazo a las reformas laborales y pensionales que prevé llevar a cabo el Palacio de Nariño.

Las organizaciones gremiales, educativas y sociales consideran que estos cambios en el área del trabajo generarán un impacto negativo en la masa trabajadora y en los jubilados.

La CUT se refiere en su portal a la "errática política económica" que implica "recortes en los gastos del Estado" que dejan sin atención a los sectores de salud y educación. Además del incremento de "impuestos a la población" y la persistencia de los "tratados de libre comercio" que mantiene con varios países y bloques.

Este llamado a paro se une a las demandas de los colectivos universitarios que el jueves pasado realizaron una movilización nacional en rechazo a la corrupción, la represión de los antimotines contra las protestas estudiantiles y en reclamo del "cumplimiento integral" de los acuerdos firmados con el Gobierno a finales del año pasado.

2- Otras razones

Entre el pliego de peticiones se encuentra la exigencia del acato de los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de las garantías de seguridad para que cesen los homicidios de los excombatientes. Desde que se inició el proceso de paz, más de cien han sido asesinados.

De igual manera, se pide "el cese de los asesinatos y persecución a los líderes sociales". Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma del acuerdo hasta la primera semana de septiembre han sido asesinados 777.

En Colombia, considerado como "el país más peligroso para los sindicalistas", fueron asesinados 3.129 líderes del área gremial de 1973 a mediados de 2018.

Los movimientos sindicales y sociales también han mostrado su descontento por "la agresión sistemática del gobierno de Duque contra la nación y el pueblo venezolano". "Que no se siga utilizando su crisis para colocar un distractor de los reales problemas que padecemos los colombianos", recoge el CUT.

3- La "flexibilización laboral"

Del lado gubernamental se ha hablado de una "flexibilización" laboral, como ha sido llamada por la ministra del Trabajo, Alicia Arango, para frenar el desempleo y obtener "crecimiento económico" y productividad.

Según una entrevista publicada en El Tiempo, las reformas van dirigidas a las personas que actualmente se encuentran sin empleo o con trabajos informales.

Arango, quien ha enfatizado que se respetarán los derechos adquiridos, considera que esta modificación atenderá prioritariamente a los colombianos en situación de informalidad, que según el DANE corresponden a casi 45 % de la población activa.

Sin embargo, según diversos expertos, la "flexibilización laboral" es un eufemismo para hablar de abaratamiento de la mano de obra para que los empresarios incrementen sus beneficios.

En Colombia, de un total de 23 millones de trabajadores, solo 8,3 cotizan, por lo que 14,7 millones pertenecen al área informal, según cifras del ministerio de Trabajo colombiano.

4- ¿Qué se propone en la reforma?

La Administración de Duque se encuentra afinando un proyecto de reforma laboral que será llevado al Congreso. Hasta ahora se ha conformado una mesa tripartita (compuesta por el Gobierno, los patronos y los trabajadores) donde se han discutido principalmente las propuestas de sectores empresariales y parlamentarios. El área gremial ha rechazado lo expuesto hasta ahora.

Entre los principales puntos que se han tomado en consideración se encuentran:

• Fijar salario mínimo por regiones. El actual ingreso es de 828.116​ pesos (241 dólares, aproximadamente).
• Contratación por horas con sus prestaciones sociales para "reducir el trabajo informal".
• La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) propone un salario para menores de 25 años que corresponde a 75 % del mínimo para "generar más empleo" y "liberar de costos laborales a las empresas".
• Se propone reducir las horas de trabajo semanales de 40 a 36 horas.
• Eliminar las horas extras nocturnas y dominicales triples.
• Revisar la remuneración en caso de contrataciones, periodos de prueba, aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y despido.
• Revisar los permisos por incapacidad.
• Frenar el "intervencionismo" estatal.

5- El fantasma de la privatización

La CUT, una de las organizadoras que respalda el paro nacional, opina que la reforma laboral y pensional busca "empeorar las condiciones de los trabajadores, aumentar las ganancias de los empresarios y garantizar el fortalecimiento de los fondos privados de pensiones".

El gran tema transversal de quienes se oponen a esta reforma es la privatización del sistema financiero del Estado. En agosto pasado, Duque aprobó en el 'Plan Nacional de Desarrollo' la creación de un 'holding financiero estatal' para "mejorar la gobernanza y la confianza inversionista", según expresó en esa oportunidad.

En un inicio se estableció que estaría compuesto por 19 entidades entre las que se encuentra el Banco Agrario, aseguradoras, sociedades de economía mixta adscritas al Estado, fondos para el financiamiento agrícola, educativo y de pensiones. 

Según la CUT, "el fin es privatizar el sector financiero público" y "colocar dinero del Estado, que hoy maneja y administra de manera directa, a manos del sector financiero privado para su negocio de especulación", lo que podría además dejar sin empleo a unas 20.000 personas que trabajan en las entidades estatales mixtas.

6- ¿Y las pensiones?

El tema de los jubilados no ha sido definido con claridad aún. Por ahora el Gobierno niega que se vaya incrementar el monto de las cotizaciones o que se pretenda acabar con la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y con el régimen de prima media, mecanismo gestionado por el Estado donde los trabajadores aportan a un fondo de pensiones.

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, en una entrevista de BLU Radio, afirmó que están pensando en "racionalizar los subsidios" para que las personas de altos ingresos no los tengan tan altos y "para que más personas accedan a las pensiones".

El debate en Colombia se presenta polarizado pues si bien se busca reducir la cifra de desempleo a través de las medidas que proponen principalmente las empresas y el Gobierno, los sectores gremiales las rechazan por considerar que serán poco efectivas y que finalmente afectarán a los trabajadores.

Nathali Gómez

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