Las repercusiones (y cabos sueltos) del operativo que terminó con el Estado mexicano "sometido" por el Cártel de Sinaloa

Las múltiples contradicciones en la versión oficial sobre los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, han derivado en una crisis política para el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que las fuerzas federales fueron doblegadas por sicarios del Cártel de Sinaloa, en un hecho sin precedentes.

La controversia se avivó después de que el mandatario y el gabinete de seguridad emitieran su postura sobre los hechos, ocurridos el pasado jueves, cuando las autoridades capturaron y liberaron en cuestión de horas a uno de los hijos del narcotraficante Joaquín 'Chapo' Guzmán, llamado Ovidio.

A pesar de que en la historia reciente de México se han registrado casos de alto impacto, desde que en 2006 se decretó la llamada "guerra contra el narcotráfico" (las masacres de Allende y San Fernando), no existe un antecedente histórico más contundente que muestre la incapacidad del Estado mexicano para contener la violencia generada por los cárteles de la droga.

Pero, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió en Culiacán y por qué ha generado una discusión sobre la debilidad del Gobierno frente a las bandas del narcotráfico?

¿Operativo o patrullaje de rutina?

El jueves 17 de octubre, alrededor de las 15:30 horas, 30 elementos del Ejército y la Guardia Nacional fueron atacados por civiles armados al interior de un domicilio particular en el fraccionamiento Tres Ríos de Culiacán Sinaloa, se dijo en la primera la versión oficial.

Según las autoridades, los uniformados "repelieron la agresión" y lograron asegurar el domicilio del que provenían los disparos. En su interior se encontraban cuatro personas, una de ellas identificada como Ovidio Guzmán, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa.

A partir de aquí comenzaron las contradicciones, ya que existe otra versión oficial sobre lo sucedido. Por eso, no se ha podido determinar si la captura de Ovidio Guzmán fue consecuencia de un operativo planeado o se dio de manera fortuita, tras un patrullaje de rutina.

En un primer momento, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, acompañado del gabinete de seguridad federal, informó que "la captura se produjo porque el personal militar se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda".

Este viernes, el presidente López Obrador dio otra versión de lo sucedido.

"Se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército, a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente", dijo el mandatario en su conferencia matutina desde Oaxaca.

Tras las declaraciones del presidente, el gabinete cambió su versión para estar en sintonía. Horas más tarde, la cartera de seguridad informó que la detención del capo no se había producido de manera "circunstancial", sino que se trató de una "acción directa para la captura de un presunto delincuente, al contar con orden de aprehensión provisional con fines de extradición, emitida por un juez federal", dijo el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

Las dudas sobre la liberación

Tampoco queda claro cómo se realizó la captura y la posterior liberación de Ovidio Guzmán. 

En conferencia de prensa, el general Sandoval informó que los encargados de ejecutar la orden de aprehensión contra Guzmán eran "personal de la Policía Ministerial". Posteriormente, agregó que este grupo, "en un afán de obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención".

Y es aquí donde aparecen nuevas contradicciones, ya que en el primer informe del gabinete de seguridad no se mencionó la presencia de ningún personal de la Policía Ministerial, como parte de la "patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena".

De cualquier modo, las dos versiones coinciden en que las fuerzas de seguridad tomaron el control del domicilio.

Otra dato incongruente salió a relucir cuando el mismo secretario Sandoval señaló que el operativo se había ejecutado para aprehender al capo por una orden judicial, pero minutos más tarde, señaló que los policías ministeriales actuaron de manera imprudente al no "dar el tiempo que tardaría la obtención de la orden de cateo".

Es decir que, de acuerdo con la versión oficial, los policías asistieron al domicilio referido para aprehender a Guzmán sin contar con una orden de cateo.

Inmediatamente después aparecen más contradicciones, ya que no queda claro si la liberación del capo se realizó ahí mismo, en el domicilio de la colonia Tres Ríos, o fue entregado horas después a los narcotraficantes a bordo de una camioneta.

La versión oficial sostiene que los uniformados que identificaron a Guzmán se vieron acorralados por un gran número de civiles, por lo cual tomaron la decisión de soltar al narcotraficante para salvaguardar la integridad física de las fuerzas de seguridad.

No se ha detallado si los civiles que presuntamente rodearon el inmueble estaban armados o no.

Al principio, el gabinete de seguridad informó dijo que "varios grupos de la delincuencia organizada" rodearon la vivienda "con una fuerza mayor a la de la patrulla. Pero hoy, esas mismas autoridades aseguraron que "la población civil (fue utilizada) como escudo por parte del grupo criminal".

Sin embargo, Durazo señaló que el capo "nunca estuvo formalmente detenido, aún y cuando estos elementos hubiesen estado en control del inmueble cateado". Este hecho también genera dudas.

Durazo no explicó a detalle la forma en que las fuerzas de seguridad lograron salir a salvo, tras verse rodeados por una multitud de sicarios. Pero una fotografía que circula en la prensa mexicana pone en duda el relato de los hechos.

De acuerdo con información y una foto publicada en la primera plana del periódico La Jornada, Ovidio Guzmán habría sido entregado a los narcotraficantes en una camioneta.

"Integrantes del gabinete de seguridad federal informaron que a Ovidio Guzmán se le vistió con ropa castrense y un brazalete del Plan DN-III, se le cubrió el rostro a medias y se le subió a una camioneta para que integrantes del Cártel del Sinaloa se lo llevaran, mientras los soldados e integrantes de la Guardia Nacional también se retiraban y se resguardaban en instalaciones de la novena Zona Militar", indicó el diario.

Cuando una reportera del medio mexicano preguntó al presidente López Obrador sobre la fotografía en que presuntamente Guzmán fue entregado vestido de militar, el mandatario respondió: "no tengo esa información y más tarde seguramente se va a aclarar".

Pero, contrario a lo previsto por el presidente, el gabinete de seguridad no esclareció este punto.

Acciones violentas contra la población civil

En medio de la incertidumbre y lo fuerte de las balaceras, el gabinete de seguridad comunicó la decisión de "suspender" la captura de Guzmán, debido a que grupos de la delincuencia organizada "realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico".

Sin embargo, durante la conferencia de prensa del viernes, el gabinete de seguridad solo informó de manera puntual sobre un ataque contra viviendas donde habitan familiares de militares. Además de eso, se detalló que hubo un solo civil muerto durante los tiroteos.

Aunque las imágenes de los videos difundidos en redes sociales muestran retenes y balaceras en distintos puntos de la ciudad, no existe ninguna grabación que ofrezca detalles de que los narcotraficantes agredieran directamente a la población civil.

En contraparte, sí existen videos donde los criminales advertían a algunos pobladores de protegerse ante la llegada de sicarios a la ciudad de Culiacán, provenientes de distintos puntos de Sinaloa.

De este modo, no queda claro bajo qué argumentos las autoridades federales determinaron que existía un riesgo contra la población civil.

Las reacciones

La postura oficial del Gobierno y su respuesta ante la crisis generaron una serie de críticas. Algunos analistas y periódicos nacionales calificaron el hecho como un sometimiento del Estado mexicano y la Cuarta Transformación (nombre con el que se conoce el plan de de López Obrador) a manos del crimen organizado.

Otros analistas cuestionaron la liberación de Guzmán como uno de los más graves incidente registrados en la historia reciente de México.

"Lo único peor a intentar capturar a un capo sin planeación indebida y detonar una batalla campal es intentar capturar a un capo sin planeación debida, lograrlo, detonar una batalla campal y acabar liberándolo", dijo Alejandro Hope, analista en temas de seguridad.

Otros académicos como Alejandro Madrazo, investigador del programa de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica, calificó la actuación y las declaraciones de los funcionarios federales como algo "inexcusable".

Asimismo, algunos analistas advirtieron que la manera en que el Gobierno renunció a ejercer el legítimo uso de la fuerza física para garantizar la seguridad de la población, pone en riesgo la viabilidad misma del Estado mexicano.

Esa es la impresión que queda en buena parte de la población, luego de que el Cártel de Sinaloa lograra doblegar a las fuerzas armadas y tomar el control de la ciudad de Culiacán durante varias horas, tras la momentánea detención de Guzmán.

La situación abrió todo un debate en redes sociales en torno a si México es un 'Estado fallido' o un 'Narco Estado'.

En contraparte, algunos defensores del presidente López Obrador aseguran que el mandatario y su gabinete hicieron lo correcto para impedir la pérdida de vidas inocentes.

Por su parte los partidos de oposición en el Congreso, arremetieron contra el presidente López Obrador y exigieron su renuncia, en medio de un ambiente de tensiones.

En tanto, las autoridades de EE.UU. no se han pronunciado públicamente sobre los hechos en Culiacán, aunque algunos medios mexicanos han reportado molestia entre altos funcionarios estadounidenses por la liberación de Guzmán, quien tenía una orden de extradición.

En este contexto, los mexicanos todavía debaten sobre las consecuencias que tendrá este suceso, luego de que el caso de Culiacán haya sentado un precedente inédito en el combate al crimen organizado.

Manuel Hernández Borbolla