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La verdadera causa de las protestas en Chile (más allá del alza de pasajes)
Vivienda, salud, pensiones, educación y agua son algunos de los reclamos históricos, que hoy vuelven a aflorar en Chile, y dejar en evidencia las profundas grietas de la desigualdad.
El pasado 14 de octubre comenzaron en Santiago de Chile una serie de acciones de protestas contra el alza del pasaje del transporte masivo subterráneo —que subió de 800 a 830 pesos (1,13 a 1,17 dólares) en horas punta— y los autobuses Red (antiguo Transantiago).
Lo que comenzó como una "evasión" en el Metro de Santiago, evolucionó a masivas protestas en la capital y otras urbes del país: hubo saqueos a comercios, destrozos a estaciones del transporte subterráneo, quema de autobuses, enfrentamientos con policías. Esto llevó al presidente Sebastián Piñera a declarar "estado de emergencia" y posteriormente "toque de queda".
El mandatario dio marcha a atrás al alza de los precios de los pasajes. Sin embargo, el descontento permanece. Ahora las consignas son: "Chile se cansó" y "no es por 30 pesos, es por 30 años".
El reclamo de la ciudadanía ha tomado como eje las grandes deudas sociales del país en materia de educación, salud, sistema de pensiones, vivienda, el agua en manejo de privados, corrupción gubernamental, entre otras, principalmente heredadas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El portero de la selección chilena de fútbol resumió el descontento popular en un mensaje en Twitter: "Vendieron a los privados nuestra agua, luz, gas, educación, salud, jubilación, medicamentos, nuestros caminos, bosques, el salar de Atacama, los glaciares, el transporte". Ante ello, señaló: "No queremos un Chile de algunos pocos".
¿Cuáles son las deudas sociales en Chile?
- Crisis en el sistema de salud
El sistema de salud en Chile está compuesto por un sistema mixto de atención integrado, según explica la Superintendencia de Salud en su portal.
Por una parte está el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), al que están afiliados cerca del 80 % de los ciudadanos; y por la otra las Instituciones de Salud Previsional (Isapre), de elevado costo, que agrupa a menos del 15 %, según datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de 2017.
Desde la Confederación Nacional de Salud Municipal (Confusam) han señalado que hay una "grave crisis de la salud pública" y por eso se suman a las protestas.
Entre los reclamos están la crisis sanitaria de los hospitales y el presupuesto del Gobierno para 2020 que, según dijo a Radio Universidad de Chile la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, "no solo no se hace cargo del problema de la salud del país, si no que refleja deficientes recursos, que atentan contra la atención en salud de la gran mayoría de la población, generando de esta forma una salud para ricos y una salud para pobres".
El mismo Piñera ha reconocido las fallas en el sistema de salud y, por ello, presentó una reforma ante el Parlamento este año. "Nuestro sistema de salud necesita una reforma para mejorar la oportunidad del acceso, la calidad de la atención, la magnitud de la cobertura y la calidad de la protección financiera", dijo el mandatario al presentar el proyecto.
- Sistema de pensiones privatizado
El sistema de jubilaciones en Chile es operado únicamente por las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Para asegurar una retiro después de su vida activa laboral, los trabajadores dependientes cotizan obligatoriamente en las AFP y los independientes lo hacen en forma voluntaria.
Pero existen muchas críticas a este sistema. La agrupación No+AFP, que aboga por eliminar este sistema y pasar a uno público, señala que en el país suramericano, estas instituciones privadas dan pensiones que apenas rozan una "tercera parte" de lo que ganaban los ciudadanos en su vida activa laboral, cuando en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual forma parte Chile, existen sistemas públicos donde las jubilaciones alcanzan a un promedio 70 % de los ingresos obtenidos durante la etapa laboral, mientras que los privados son complementarios al público y en ningún caso lo sustituyen.
Además, explica:"[las AFP] son bancos encubiertos de los empresarios más ricos de nuestro país y de algunas trasnacionales, utilizando los fondos previsionales para que estos puedan expandir sus inversiones y concentrar aún más el capital en pocas manos".
- Agua privatizada
En Chile, la gestión del servicio del agua se realiza según lo establecido en el Código de Aguas de 1981, aprobado durante la dictadura de Pinochet.
Aunque esa normativa establece que el agua como un "bien de uso público", el artículo 19 N° 24 de la Constitución de 1980 dispone que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Por lo tanto, da el derecho de dominio de las aguas a los privados de manera perpetua.
El Movimiento de Defensa del Agua la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), que se ha sumado a las manifestaciones, propone, entre otras cosas, modificar la Constitución y derogar el Código de Aguas vigente, "para que sea el Estado quien tenga el dominio absoluto de todas las aguas continentales de la Nación".
"El agua no es, ni puede continuar siendo, una mercancía, el agua es un bien de uso y servicio público, por tanto, no debe continuar privatizada ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado o del afán de lucro", señala el movimiento.
- Precariedades en la educación
El tema de la educación en Chile ha sido motivo de protestas durante años, desde varios sectores estudiantiles y del gremio de docentes.
En 2006 hubo el primer estallido de estudiantes de secundaria, que exigían mejoras en la educación pública. Estas manifestaciones se repitieron en 2011 y han sido constantes con el pasar de los años. Los universitarios, por su parte, lograron que el año pasado se aprobara la gratuidad en la educación superior para el 60% de la población chilena.
Este año, los profesores son quienes han marcado la pauta en las protestas y en el primer semestre de este año estuvieron durante ocho semanas en manifestaciones para plantear sus demandas, entre ellas:
- Mejora el estado de los planteles, por deterioro severo en la infraestructura.
- Rechazo a la modificación curricular, luego que se anunciara la eliminación de Historia, Educación Física y Arte como asignaturas obligatorias para tercer y cuarto curso de la educación media (bachillerato).
- Pago de la deuda histórica, que surgió por el desconocimiento por parte del Estado al reajuste salarial, que desde 1981 deberían haber recibido los profesores por concepto del Decreto Ley 3551, que estableció una alza de hasta un 90 % del sueldo base para todos los funcionarios públicos.
- Pago de bonos a la mención de educadores diferenciales (especiales) —94 % de ellas mujeres— y de párvulos.
- Estabilidad laboral, porque existen docentes contratados bajo modalidad de ocasionales.
- Eliminación de la doble evaluación docente, porque en la actualidad son calificados bajo dos sistemas distintos: la Ley 19.961 y la Ley 20.903.
- Aumento del costo de la vivienda
El pasado mes de agosto, la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), en un conversatorio, informó que adquirir una vivienda en Chile es casi "inalcanzable".
Javier Hurtado, gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, habló sobre el Índice de Acceso a la Vivienda (PIR, por su sigla en inglés), indicador que mide la relación entre el precio promedio de las casas y el ingreso medio de los hogares.
"En Chile, el PIR promedio es de 7,6 (una familia debe destinar íntegramente su salario por 7,6 años para el pago de una vivienda), equivalente a un crédito hipotecario de más de 45 años, tomando en cuenta que el dividendo no debería sobrepasar el 25 % del ingreso familiar mensual, considerado severamente no alcanzable", explica al respecto la CCHC.
Según Hurtado, entre 2011 y 2019, los precios de la vivienda aumentaron 67,8 %, mientras el ingreso de los chilenos apenas se incrementó en 24,7 %.
- Recurrentes casos de colusión
Desde hace poco más de una década, la palabra colusión ha estado entre los chilenos, pero referido a las empresas que han cometido delitos como la fijación ilegal de precios, limitación de producción, asignación de cuotas de mercados fraudulentas, entre otros casos.
En 2008 explotaron los casos de colusión de las firmas Falabella y París; además de una sentencia 74 médicos de Punta Arenas que establecían acuerdos ilegales para fijar precios de sus prestaciones médicas.
Un año después estuvo el caso de la Asociación Gremial de Buses Interbus, que se asignaba cuotas de mercado y excluía otras empresas del sector.
De igual forma, en 2012 se dictó sentencia contra las farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand por fijar de manera ilegal precios.
Buena parte de los casos de colusión han sido recopilados por el Centro de Investigación Periodística (CIPER). El último se conoció a finales de agosto pasado e involucró a la empresa CMPC, que se comprometió a entregar 170.000 paquetes de pañales a medida de compensación.
Desigualdad
A principios de octubre, el presidente Piñera decía en un programa de televisión local: "En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, nuestro país es un verdadero oasis".
Ciertamente, varios organismos internacionales avalan una buena situación económica en Chile; no obstante, también reflejan la desigualdad en el país suramericano.
El informe Panorama Social de América Latina 2018, presentado a principios de este año, revela que en Chile hubo una reducción de la pobreza en tres puntos porcentuales entre 2016 y 2017. Sin embargo, ese mismo texto señala que el país "presenta una alta concentración de la riqueza".
Mientras que el 50 % de los hogares menos favorecidos tenía, en 2017, solo un 2,1 % de la riqueza neta del país, el 10 % más rico concentraba dos terceras partes (66,5 %). Además, el 1 % más rico, amasaba el 26,5 % de esos recursos.
La OCDE también ofrece datos similares. Según esa organización, el ingreso promedio del 10 % más rico de la población chilena es 19 veces mayor que el ingreso del 10 % más pobre, en comparación con el promedio de 9,3 % en todos los países de ese bloque.
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