Este miércoles, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y agua a presión en Santiago de Chile para dispersar las protestas, que siguen vivas en el país suramericano a pesar del plan anunciado por el presidente Sebastián Piñera para intentar apaciguarlas.
Ni las medidas anunciadas Piñera ni el quinto toque de queda en la región Metropolitana de Santiago lograron detener a una multitud que tomó las inmediaciones de la Plaza Italia de la capital chilena, para exigir la renuncia del mandatario.
Cuando miles de manifestantes protestaban pacíficamente en la Plaza Italia, mostrando una enorme bandera chilena con la leyenda #ChileDespertó, una tanqueta de los carabineros pasó a toda velocidad y roció gases lacrimógenos hacia la multitud.
Minutos después, decenas de manifestantes se cubrieron el rostro para evitar el gas lacrimógeno, pero no abandonaron la Plaza Italia.
Tras dispersar a un sector de la protestas, algunos manifestantes que permanecieron en los alrededores del lugar y arrojaron piedras y otros objetos que encontraron contra las unidades de los carabineros.
En el transcurso de la tarde, una decena de carabineros respondió disparando balas de goma a manifestantes, que corrían por la plaza para evitar ser heridos.
El martes, tras dos semanas de protestas que comenzaron con el alza al transporte público pero se extendieron para exigir otras deudas sociales históricas, Piñera pidió perdón a los chilenos porque los recientes Gobiernos, ni el suyo propio, han sido capaces de reconocer la situación de inequidad que se vive en el país suramericano.
El mandatario informó que enviaría al Congreso una serie de proyectos de ley para renovar la agenda social, con modificaciones a los programas de pensiones, salud y de combate a la desigualdad. Pese al mensaje del mandatario, el número de protestas se extendió a 52 y se estiman al menos unas 220.000 personas participando en las manifestaciones en todo el país.
Saldo
Hasta este miércoles, 18 personas han fallecido durante las jornadas de protestas, disturbios y saqueos, según reconoció el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
La última muerte fue la de un niño de 4 años que falleció tras ser atropellado en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, en el centro del país, cuando un conductor ebrio y sin salvoconducto (debido a que existe toque de queda), se lanzó a toda velocidad contra una multitud de manifestantes.
En redes sociales, varios ciudadanos han denunciado a militares y carabineros por usar la fuerza de manera desmedida y sin protocolos contra civiles. Hasta este miércoles, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado querellas por el homicidio de cinco personas por la presunta acción de militares y de carabineros.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por los "hechos de actuación policial y militar en las que se habría hecho un uso desproporcionado de la fuerza contra civiles".