El próximo domingo 27 de octubre, más de 36,6 millones de colombianos acudirán a los centros de votación para elegir de entre más de 117.000 candidatos a alcaldías, gobernaciones, concejos municipales, asambleas departamentales y juntas administrativas locales.
Al margen del nuevo mapa electoral que surgirá, el proceso ha estado marcado por distintos hechos de violencia que exhiben la falta de garantías para la población, tras el histórico Acuerdo de Paz que puso fin al conflicto armado con la guerrilla. A casi tres años de la firma, está latente el riesgo de que la reconfiguración de grupos armados determine la conformación política en las distintas regiones del país.
Durante el proceso electoral, el presidente de Colombia, Iván Duque, advirtió que defenderían la democracia de las manos del crimen organizado. Para ello, su administración lanzó el "Plan Ágora", que pretendía garantizar transparencia y la seguridad de los candidatos en riesgo, mediante medidas de protección como chalecos antibalas, vehículos blindados, escoltas, entre otras. Hasta ahora, el dispositivo brinda protección a 1074 aspirantes a cargos de elección pública.
Pero a pesar del plan del Gobierno colombiano, la Defensoría del Pueblo estimó que uno de cada tres municipios se encontraban en riesgo electoral por la presencia de grupos armados ilegales. En la Alerta Temprana 035-19, la instancia calificó a los departamentos con mayor peligro: Antioquia (noroeste), Chocó (noroeste), Bolívar (extremo norte), Sucre (extremo norte) y Nariño (suroeste).
La violencia electoral ha afectado a 230 víctimas en 28 de los 32 departamentos colombianos, según un recuento de todo el proceso realizado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) hasta el 11 de octubre de 2019. En este lapso de 350 días, cada 36 horas se cometió un hecho de violencia contra algún candidato. Los crímenes van desde asesinatos, persecuciones, secuestros y amenazas hasta desapariciones y atentados.
Aunque se registraron hechos de violencia política en el 87,5 % de los departamentos, los que concentran más víctimas son: Valle del Cauca (suroeste), La Guajira (Caribe), Tolima (centro-oeste), Antioquia (noroeste) y Cauca (centro).
"[La violencia] se ha intensificado en algunas regiones de alguna forma muy crítica y las respuestas no parecen ser efectivas desde el Estado", dice en entrevista Camilo Gómez Posso, presidente del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Para Daniela Gómez, coordinadora de Gobernabilidad y Democracia de PARES, la violencia electoral se está usando como un mecanismo de competencia política. El cuarto informe de la fundación documenta que principalmente ha afectado a actores locales y que los sectores políticos más victimizados han sido la coalición de oposición y la coalición de Gobierno.
Impunidad
El Gobierno de Duque no ha podido contener la violencia perpetrada por grupos armados ilegales en varias regiones del país, que con total impunidad han asesinado a candidatos con protección estatal, como Karina García, quien a finales de agosto había denunciado amenazas por parte de hombres armados "que podrían tener consecuencias fatales", según advirtió.
El 2 de septiembre, la candidata del Partido Liberal a la alcaldía de Suárez (Cauca) viajaba en una camioneta blindada por una zona rural, acompañada de su madre, del aspirante al Concejo, Yeison Obando, así como de dos personas más, cuando hombres armados los emboscaron y atacaron con dos granadas y ráfagas de fusil. Las autoridades responderían horas después, cuando solo quedaban los cadáveres calcinados de García y sus acompañantes.
Como Karina García y Yeison Obando, al menos otros cinco candidatos —PARES estima nueve, en total— a Concejos y alcaldías fueron asesinados durante el proceso electoral. La criminalidad no discrimina partido político.
A la violencia electoral durante el proceso regional, el Gobierno ha respondido con investigaciones lentas. Para el 71,7 % de las víctimas registradas en las bases de datos de PARES, "no figura un actor material o intelectual al cual pueda atribuírsele responsabilidad de los hechos".
¿Qué ha cambiado?
El regreso a las armas de una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acaparó la atención nacional e internacional, aunque son apenas un pequeño grupo. La gran mayoría de los desmovilizados continúa en la vida civil y los peligros que corren no tienen la misma atención en los medios.
Desde la firma del acuerdo de paz, al menos 149 exguerrilleros que dejaron las armas para incorporarse a la vida civil han sido asesinados hasta la fecha, según la Defensoría del Pueblo.
Para Camilo González Posso, el regreso a las armas de la disidencia de las FARC no representa una nueva "ola insurgente" ni un "panorama de confrontación armada" con violencias en buena parte del territorio nacional, como en el pasado.
Para el director de Indepaz, Colombia hoy vive una nueva reconfiguración local, con grupos fragmentados y en disputas por el narcotráfico, las economías ilegales y dinámicas de sicariato, perpetradas por pequeños grupos. El especialista los ejemplifica como "coletazos del fin de un ciclo largo de confrontaciones", que se han concentrado en regiones como el Norte del Cauca y el Chocó, en donde persisten las agresiones, amenazas y asesinatos.
En un informe de la dinámica de violencia tras la firma del Acuerdo de Paz, Indepaz explica que Colombia transitó de una situación nacional de conflicto armado interno a una de confrontaciones regionales o focalizadas. De acuerdo con la organización, ahora hay una especie de estrategia central de operaciones de pequeños grupos armados, así como la tercerización de las acciones criminales bajo la subcontratación.
Estas nuevas realidades están marcadas por la "incapacidad del Estado para copar antiguas zonas de control insurgente o paramilitar, lugares donde persisten las fuentes de rentas ilegales", según la organización. El informe que concluye que el Gobierno no ocupó esos territorios, ni cumplió con los acuerdos en términos de "garantías de seguridad y condiciones mínimas para la sostenibilidad de los procesos".
Disputa por el territorio
A cada región del país corresponden diferentes actores ilegales, con diversos intereses, que van desde las rentas criminales, hasta disputas con comunidades ancestrales que luchan por el territorio (Norte del Cauca), por megaproyectos (Antioquia y Chocó), por la minería ilegal (región amazónica) y la tala de árboles.
Bajo este cóctel explosivo, grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Rastrojos y las Autodefensas Unidas del Pacífico (AUP) estarían en disputa con residuos de las FARC, como las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), por el control de los cultivos, producción y tráfico de drogas. Un reciente informe Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) señaló que el 70 % de la cocaína del mundo se produce en el país suramericano.
"Es una reconfiguración, pero también del punto de vista de paramilitares o narcoparamilitares, sobre todo en la zona noroccidente, hacia la frontera con Panamá y toda la parte de Antioquia y Chocó, la zona Caribe. Esos grupos son herederos de los paramilitares, siguen teniendo influencia en un sector importante de la población, entronques con economías legales e ilegales, con políticos, ese es el núcleo más crítico", refiere González Posso.
Dentro de los Acuerdos de Paz, un aspecto era fundamental para atacar el problema del narcotráfico: la sustitución de cultivos ilícitos. Cerca de 130.000 familias se adhirieron al programa del Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos para meterse a la legalidad, pero el Estado colombiano no avanzó a la misma rapidez que los campesinos, menos con la llegada de Iván Duque.
Para Camilo González, la Administración actual ha dado "mayor fuerza a la política militar de erradicación", que a la sustitución de cultivos. Así, mientras la meta en sustitución es de 7.000 hectáreas para el Gobierno de Duque, la de erradicación la ponen por encima de las 150.000, lo que deja a miles de campesinos quedaron varados en este aspecto de los Acuerdos de Paz.
"Han ido cumpliendo lentamente a los que ya habían firmado, pero sin darle respuesta al problema crucial: la gente necesita sustituir esta economía y tener ingresos. Entonces: ni tierra ni proyecto productivo, ni ninguna perspectiva del desarrollo rural integral para esas familias y es el gran lío", explica González Posso.
Poblaciones afectadas
Con una variedad de grupos armados disputándose rentas, rutas del narcotráfico, recursos naturales e industrias legales e ilegales, 777 líderes sociales y defensores de derechos humanos de comunidades han sido asesinados en Colombia desde el 1 de septiembre de 2016.
Decenas de comunidades ancestrales, que históricamente han sido vulnerables, como poblaciones indígenas y afrodescendientes, se han organizado para denunciar la presencia de grupos armados, exigir sus derechos a la tierra y protestar contra megaproyectos. Ese activismo, sin embargo, les ha costado la vida a muchos.
El 21 de junio pasado, María del Pilar Hurtado, quien había huido del Cauca por denunciar la violencia en la región, fue asesinada enfrente de sus hijos por pedir un espacio de tierra para construir su vivienda en Tierralta (Córdoba). Medios locales reportaron que el terreno que ocuparon Hurtado y otras familias era propiedad del padre del alcalde de Tierralta, Fabio Otero.
El domingo 13 de octubre, el guardia indígena Toribio Canas fue asesinado en su casa por sujetos encapuchados en el Casco Urbano de Tacueyó, municipio de Toribío, en el departamento del Cauca. El asesinato del líder social sucedió un día después de que el Pueblo Nasa denunciara, durante el Encuentro Nacional de Guardias Indígenas, las amenazas de grupos armados, presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa de México.
En este escenario de incertidumbre y violencia perpetrada por distintos grupos armados en varias regiones del país, los colombianos acudirán a las urnas para decidir el destino políticos de sus localidades, aunque muchos de ellos, incluso, podrían optar por votar en blanco, como ya sucedió en elecciones a alcaldes en Cundinamarca (2003), Antioquia (2011) y Boyacá (2015).
José Beltrán
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